Nota previa: por alguna razón que a ninguno de nuestros lectores se le escapará tanto Rocío Monasterio (Vox) como Pablo Iglesias (Unidas Podemos) no han concedido entrevistas a El Confidencial con ocasión de la campaña electoral del 4-M

El hecho de que Más Madrid y su candidata Mónica García sean, respectivamente, el partido y la personalidad emergentes en la izquierda ante el desplome de Ángel Gabilondo y el lento pero imparable declive de Podemos, son circunstancias que revelan que el Gobierno de Sánchez ha entrado en una fase especialmente delicada porque ha dejado de controlar la situación

El bandazo a mitad de campaña de su candidato (“Pablo, nos quedan doce días para ganar las elecciones en Madrid” después de haber afirmado que “con este Iglesias, no”) se ha querido soslayar con una encuesta oportunista del CIS —se publicó al día siguiente del debate— que, según el titular del primer periódico de España, “reanima a la izquierda”, subrayando así el carácter subalterno e instrumental que para el partido del Gobierno tiene un organismo público de investigaciones sociológicas. Moncloa acumula errores porque al perpetrado en Murcia añade la pésima indagación sobre la inclinación de los anteriores electores de Ciudadanos sobre los que ha llegado a la tardía conclusión de que el PSOE no tiene opción apreciable. Demasiados fallos tácticos y estratégicos para suponer que las previsiones de Tezanos —de nuevo sus colegas profesionales le han rebatido su barómetro— insuflarán nuevas energías a una izquierda madrileña en horas muy bajas.

El 4-M está fuera del control de Sánchez por más que se implique en lo que queda de campaña —peor si lo hace— pero no es el único asunto que se le va de las manos. Varios más golpean la credibilidad de este demediado Consejo de Ministros: los abultados ERES que anuncian las tres entidades financieras españolas (Santander, BBVA y CaixaBank) después de que el Ejecutivo diese el visto bueno a la fusión de Bankia —participado por el Estado— con la entidad de matriz catalana, al parecer, sin conocer del todo los planes de ajuste que comportarían las sinergias buscadas con la operación. En esa línea se inscriben otras negativas realidades económicas y sociales: nuestro déficit para 2021 es superior al previsto (8% del PIB) y nuestra deuda supera ya el 120%, lo que nos posiciona entre los países más retrasados de la Unión Europea que sigue a la espera de dos reformas —la laboral y la de las pensiones— que el Ejecutivo no ha podido resolver, entre otras razones, por las resistencias de su socio de coalición y de sus grupos afines en el Congreso y de los sindicatos. 

Al tiempo, y por presión de Bruselas, el ministro de Justicia ha pedido al grupo parlamentario socialista y de Unidas Podemos que retiren la proposición de ley que pretendía modificar la Orgánica del Poder Judicial mermando la mayoría de 2/3 para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, organismo que, muy probablemente, planteará ante el Constitucional un conflicto de atribuciones por la ley que le congela sus facultades de provisión de plazas mientras siga constituido habiendo rebasado hasta en dos años el plazo para su renovación. 

El 4-M está fuera del control de Sánchez por más que se implique en la campaña, pero no es el único asunto que se le va de las manos 

La negativa de Sánchez a prorrogar el estado de alarma a partir de su vencimiento el próximo día 9 de mayo y su resistencia a aprobar una normativa alternativa que supere las limitadísimas facultades que atribuyen a las administraciones públicas las leyes sanitarias de 1986 y 2003, están provocando la irritación de las comunidades autónomas y de sus socios parlamentarios que escuchan la propuesta del PP en el Congreso mientras el Parlamento Vasco avanza en la tramitación de una Ley de Pandemias que se injeriría en la facultad exclusiva del Estado a través del estado de alarma en la restricción de derechos fundamentales. El desbocado índice de incidencia acumulada de la infección en Euskadi —superior a Madrid y pareja con Navarra— explica que el lehendakari no se cruce de brazos y que los nacionalistas mantengan una fluida relación con los populares en este punto. Mucho más después de que la Audiencia Nacional haya dictado un auto de prórroga de una orden ministerial de Sanidad sobre cuarentenas grupales en el que advierte de que es preciso aplicar una normativa más idónea para restringir la movilidad de los ciudadanos y su derecho de reunión.

Y en Cataluña los plazos avanzan como progresa, aunque más lentamente, la negociación para formar el Gobierno de la Generalitat entre ERC y JXC con el apoyo de la CUP. Para Pedro Sánchez, un ejecutivo catalán netamente independentista constituye un serio revés porque los de Puigdemont van a terminar logrando que los republicanos dejen de ser una de las principales asistencias parlamentarias a su Gobierno. En estas condiciones, y con el Tribunal Constitucional avalando las condenas por desobediencia y sedición que el Supremo impuso a los líderes sociales y políticos del proceso soberanista, el margen para decretar indultos o abordar una reforma de los tipos de la sedición y la rebelión en el Código Penal, se estrecha. La amnistía que se reclama desde el independentismo, no tiene ninguna posibilidad de consideración por su manifiesta inconstitucionalidad. 

En el Gobierno no hay en estos momentos capacidad de iniciativa; las decisiones están embalsadas; el efecto Murcia ha sido pernicioso para el PSOE y para Sánchez y el efecto Madrid puede juntarse con el de Cataluña y componer un cuadro de situación extremadamente complicado para el presidente. Los españoles —a diferencia de los europeos que nos observan— han interiorizado una autopercepción colectiva actual muy negativa según el Observatorio del Real Instituto Elcano en su novena oleada del barómetro sobre la imagen de España correspondiente a abril de 2021. Vemos el país “corrupto” (64% frente al 27% de los europeos), “débil” (52% frente al 25% de los europeos) y “pobre” (62% frente al 43% de los europeos). Crisis de autoestima según este ‘think tank’ institucional que elabora fiables diagnósticos nacionales e internacionales. El presidente está obligado a reaccionar, haciéndolo de una vez por todas en sintonía con las grandes mayorías sociales y recuperando la credibilidad que aún pueda quedarle y cuya escasez está en la raíz del problema político que padecemos.