Ha sido convocarse las elecciones autonómicas y locales y empezar a salir viviendas de debajo de las piedras. Por decenas de miles, todas destinadas a un alquiler asequible, promovidas por Pedro Sánchez frente a la maldad de las comunidades autónomas del PP que quieren que toda su población -a la que el PP pide el voto- duerma en la calle. El problema es que los anuncios de Sánchez son como el gas: ocupan mucho, pero pesan muy poco en la cabeza de los ciudadanos.

Esos pisos anunciados, o son absolutamente inútiles para afrontar la cuestión de la vivienda en la forma en que el socialismo quiere hacerlo -de los 50.000 de la Sareb, solo 9.000 están en condiciones de ser habitados y carecen de incidencia en zonas tensionadas-, o son simples titulares sin cuerpo de noticia, sin detalles y sin gestión; números escritos en el aire como apresuradas improvisaciones urgidas con oportunismo para ponerse al frente de una campaña electoral que no augura buenos resultados para el PSOE.

Además de banalizar el problema de la vivienda -que en cinco años de mandato no ha conocido ninguna actuación reseñable del Gobierno- y de elegir el complicadísimo futuro de Doñana como terreno de confrontación con el PP por un Ejecutivo que en cinco años no ha hecho nada de lo que comprometió para llevar agua al parque natural, Sánchez dedica buena parte de sus interminables intervenciones a reescribir la historia de la crisis y denunciar lo que él llama gestión neoliberal del ‘shock’ de deuda que arranca en 2008.

El 15 de septiembre de 2008, el banco de inversión norteamericano Lehman Brothers presenta declaración de quiebra. Unos meses antes, José Luis Rodríguez Zapatero había ganado las elecciones a Mariano Rajoy. Para conseguir su segunda victoria, Zapatero había abierto las puertas del gasto público. También él llenó su campaña de anuncios generosos como el tristemente famoso ‘chequé bebé’. Su ministro de Economía, el recientemente fallecido Pedro Solbes, se enteraba de los compromisos de Zapatero por la prensa o en el hemiciclo del Congreso. Sus -tímidas- objeciones ante tanta alegría con los fondos públicos quedaron respondidas por Zapatero con una amable reconvención: «Pedro -zanjó Zapatero-, ¡no me digas que no hay dinero para hacer política!».

Y no, no lo había, al menos para la forma en la que Zapatero creía que se hace la política. No hace falta decir que el discurso del Gobierno no solo carecía de atisbo alguno de prudencia, sino que, con la frívola levedad que caracteriza a Zapatero, se negaba la posibilidad de crisis, se hablaba de España en la «Champions League» de la economía, se referían a los problemas que estaban evidenciándose en Estados Unidos con las hipotecas ‘subprime’ como si se tratara de fenómenos que ocurrían en otra galaxia. Cuando las cosas empezaron a apuntar mal, la respuesta a la crisis de deuda fue más deuda, pero el término ‘crisis’ estaba prohibido en el diccionario oficial. Expresar cautela era juego de agoreros. Más gasto para resolver el gasto con un ‘plan E’ de obras difíciles de justificar, fantasmal e ineficaz, una locura en la autorización de instalaciones de energías renovables -«se nos fue la olla con las renovables», reconocería después Miguel Sebastián, ministro de Industria de Zapatero- y, sobre todo, un empeño suicida para que la realidad no estropeara la agradable historia que Zapatero quería seguir contando. Y así casi dos años, con el Gobierno trasteando, gastando lo que no había y dedicado a la práctica del autoelogio.

La realidad ignorada se venga, según nos advirtió Ortega. Y ya lo creo que se vengó. El 7 de mayo de 2010, unos días después de que Zapatero volviera a asegurar que todo estaba bastante bien, los ministros de Economía de la Unión Europea reunidos en el Ecofin señalaban a España como riesgo sistémico e imponían un ajuste inapelable. Alarmados por el riesgo de quiebra de la economía española, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el chino Xi Jinping -¿un notorio neoliberal?- habían llamado a Zapatero para urgirle a adoptar el ajuste que se le reclamaba.

El 12 de mayo de 2010, en el Congreso de los Diputados, Zapatero anunció un ajuste inmediato de 15.000 millones de euros, congelación de sueldos de empleados públicos, de pensiones, suspensión de la tramitación de expedientes de prestaciones de dependencia, congelación de gasto farmacéutico, inversión pública y transferencias a administraciones locales y eliminación de la prestación de 2.500 euros por nacimiento, el llamado ‘cheque-bebé’. Sánchez debería saberlo. Estaba allí y votó a favor.