Mañana en el Senado, nuevo fascículo de la lucha por el poder entre el que gobierna y el que aspira a gobernar. Otro minidebate sobre el estado de la nación. A petición del presidente y, en teoría, solo para debatir sobre las medidas anticrisis del Ejecutivo. Los habituales del quiosco ven —vemos— un segundo cara a cara Sánchez-Feijóo en la Cámara Alta. Así se eleva el rango de los desiguales debates de los miércoles (sesión de control) entre el presidente del Gobierno y la portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Cuca Gamarra. 

En el Senado, la desigualdad viene dada por el desproporcionado reparto de los tiempos de intervención. Barra libre del presidente y no más de 20 minutos (15 de discurso inicial y cinco de réplica a Sánchez) para quien personaliza la alternativa, lo mismo que para los demás portavoces.

Una pura formalidad que, si no se gestiona con tacto desde la presidencia de la Cámara (Ander Gil, socialista), puede volverse en contra del presidente. Ya ocurrió en el anterior cruce, el pasado 6 de septiembre. Muchos analistas consideraron un «abuso» las dos horas de aquel en la tribuna frente a los tasados 20 minutos de un líder de la oposición que solo dispone de la Cámara Alta para confrontar con Sánchez. 

En Junta de Portavoces no prosperó la solicitud del PP de dar más tiempo a Feijóo. Lo chocante es que antes había decaído en el mismísimo estado mayor de Sánchez la posición minoritaria que aconsejaba exactamente lo mismo, como la mejor manera de rebatir la doctrina Mafalda aplicada al líder del PP: «Conocerme es quererme». 

Por ejemplo, en el cruce de dos modelos fiscales que, con toda seguridad, volverá a escenificarse mañana. Según Feijóo, el que propone bajar impuestos para dejar el dinero en el bolsillo de los ciudadanos, frente al que propone subir impuestos para quitárselo a la gente. Según Sánchez, el que está con las clases medias y trabajadoras y el que se comporta como terminal política del poder del dinero.

Pero no solo de impuestos vive la confrontación en esta segunda vida del bipartidismo venidero. El estropicio judicial tendrá su turno sobre la marcha de las furtivas negociaciones para la renovación del CGPJ y su derivada del Tribunal Constitucional. En la posición del PP («idoneidad» y «despolitización»), algunas condiciones-excusas del PP han decaído. No todas. 

Anoche, la fumata seguía tirando a gris, en un contexto de esquizofrenia institucional (la ‘indisociable’ cúpula CGPJ-TS ha quedado disociada), parangonable a la esquizofrenia política del poder ejecutivo (disociados PSOE-UP). 

El telón de fondo es muy negro: Poder Judicial decapitado y una balcanizada batalla política en torno a los PGE, con agrios enfrentamientos en la coalición que reina en la Moncloa con apoyos añadidos. Desde dentro, Unidas Podemos, a su vez rota en dos mitades (la de Yolanda Díaz y la de Ione Belarra). Y desde fuera, los nacionalismos adheridos a la agenda legislativa del Gobierno, pero a su vez exigentes con Sánchez y fracturados entre sí, pues la disputa entre el PNV y Bildu en Euskadi no desmerece de la guerra fratricida entre ERC y Junts en Cataluña.

Es el cansino debate político-mediático en un entorno muy polarizado

Sobre toda esa cuarteada base parlamentaria se alza el proyecto de PGE 23, último del Gobierno Sánchez en la Legislatura caducable a finales del ejercicio. Números recitados según el orden de prioridades impuesto por el Ejecutivo. A partir de ahí, nadie puede extrañarse de que la derecha los tache de «antisociales», mientras la izquierda gobernante pregona que llevan una carga social sin precedentes en la historia de nuestro país.

 Es el cansino debate político-mediático en un entorno muy polarizado. Otra cosa son los debates sobre las cosas de comer entre los agentes sociales. Básicamente, empresarios y trabajadores, sindicatos y patronal, que defienden intereses declarados y eso les hace verdaderos.