Rafael Méndes, Juanma Romero-El Confidencial
Los plazos de la tramitación parlamentaria descartan un adelanto en marzo. Si no logra los apoyos de los independentistas, podría ir a la macrojornada del 26-M sin el lastre de Cataluña
Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa su último comodín. O uno de sus últimos, porque con el líder socialista nunca se sabe. En el empeño por retomar la iniciativa política, ha decidido enviar los Presupuestos Generales del Estado a las Cortes en enero y medir los apoyos parlamentarios de su precario Gobierno. La complicada aprobación de los mismos —en plena huelga de hambre de presos independentistas y con el juicio del ‘procés’ dominando la agenda política— y el calendario que se abre descartan prácticamente elecciones en marzo y apuntan a un superdomingo electoral en mayo. Sin unas nuevas cuentas, Sánchez tendría poca gasolina para seguir hasta otoño, pero al menos escenificaría su distancia del independentismo, lo que aliviaría en algo a los barones para ir juntos a una jornada electoral sin precedentes. Apurar legislatura hasta otoño era la opción favorita de La Moncloa, pero cada vez son más las voces en el PSOE que consideran que sin presupuestos será un calvario seguir hasta entonces y que se corre el peligro de que por estirar los tiempos se pague una factura mayor y el desgaste de la marca y del líder se agudice.
Sánchez anunció este martes por la noche que el Gobierno enviará en enero su proyecto de Presupuestos al Congreso. Sobre un posible adelanto electoral, el jefe del Ejecutivo dijo en Telecinco que los partidos se retratarán con las cuentas y que «caso de no salir adelante, evidentemente el Gobierno de España tendrá que replantearse muchas cosas«. Previamente, él mismo había sostenido que gobernaría por decreto y que no intentaría aprobar las cuentas públicas si no tenía garantizados los apoyos parlamentarios para sacarlos adelante porque no quería «marear» a los ciudadanos. Eso fue el 16 de noviembre, al término de la XXVI Cumbre Iberoamericana en Guatemala. Hace menos de tres semanas.
Una vez que las cuentas estén en la Cámara, los socialistas pierden el control de los tiempos: pasan a manos de la Mesa y de la comisión
El batacazo electoral del PSOE en Andalucía ha cambiado los planes en lo que supone otra rectificación de las muchas que encadena el Gobierno. La situación en Cataluña ha marcado la campaña andaluza. Susana Díaz ha acusado el golpe y Vox ha emergido de la nada a 12 escaños. Ahora el Gobierno quiere cambiar el paso. Dejarse de tira y afloja. Sacar las cuentas y seguir hasta 2020 o visualizar su divorcio con el independentismo. Todo o nada. Presupuestos o elecciones. Voto a favor de los independentistas o que se arriesguen a ir a las urnas con el riesgo de que gane la derecha.
Moción de censura bis
En Unidos Podemos hay quien considera que las cuentas pueden salir adelante, que ERC y PDeCAT se verían prácticamente obligados a apoyarlas. En ese caso sería una moción de censura bis, una jugada sin apenas contrapartidas en las que estos apoyan a Sánchez solo para no ir a las urnas, en las que solo podrían perder en un panorama con Ciudadanos, PP y Vox crecidos.
Unidos Podemos considera que llegado el caso ERC y PDeCAT se verían obligados a apoyarlas, pero la huelga de hambre y el juicio alejan el visto bueno
Si no salen las cuentas, cuya aprobación hoy se ve muy complicada, Sánchez al menos escenificaría su distanciamiento de los independentistas, demostraría que ha intentado destensar la situación pero que las exigencias fuera de la realidad de los separatistas lo han hecho imposible y llegado el caso podría aplicar medidas más duras contra el independentismo. Esto aliviaría a los barones. El Gobierno ha rebajado la acusación de la Abogacía del Estado en el ‘procés’ pero no ha ido tan lejos como pedían Quim Torra y Carles Puigdemont, porque la Fiscalía presentó un duro escrito en el que no se apeaba de la rebelión. La huelga de hambre de presos independentistas preocupa en el Ejecutivo por la imagen internacional que supone si la llevan adelante.
Sánchez ha manejado la presentación de Presupuestos como un as en la manga, pero una vez fuera de esta escapana de su control. Cuando entren en el Congreso el Gobierno pierde el manejo de la situación porque en la Cámara el calendario no depende ya de los socialistas. Ciudadanos y PP tienen mayoría en la Mesa del Congreso y la comisión de Presupuestos la preside Francisco de la Torre, de la formación de Albert Rivera. Fuentes parlamentarias dan por hecho que Sánchez no busca tanto sacar unas cuentas que Bruselas mira con recelo sino alejarse del independentismo en una derrota. Y, de paso, retratar a la formación naranja con la derecha mientras pacta con Vox en Andalucía. La jugada política sería lograr los presupuestos y seguir hasta 2020, o -lo más probable- perder pero volver a posicionarse en el centro antes de ir a las urnas en una legislatura en la que la polarización ha alejado a los partidos del hasta ahora gran caladero de votos.
Esa es otra variable importante. Los socialistas no van a parar de recordar a Ciudadanos su escoramiento hacia la ultraderecha en caso de que se consume una triple alianza con el PP y Vox para conquistar la Junta de Andalucía. Sánchez, de hecho, no cesó de hacerlo durante su entrevista en Telecinco. Atacó por varios frentes. Primero, recordando que en Europa líderes conservadores como Angela Merkel se jactan de no querer saber nada con la ultraderecha, mientras que en España PP y Cs son capaces de dejar a un lado sus principios, «sin ambages ni rubor«, para hacerse con el Ejecutivo andaluz. El presidente atacó a Rivera en uno de los flancos que más cuida: su inspiración en Emmanuel Macron, al que trata de imitar y que se posiciona sin miramientos contra el Frente Nacional. A ver cómo explica el jefe de Cs a su referente en Francia que va a pactar con «la sucursal de [Marine] Le Pen en España», dijo, en alusión a Vox.
En segundo término, el problema para Sánchez no es solo la entrada de la ultraderecha en una Cámara autonómica, sino el hecho de que vaya a acabar arrastrando a sus posiciones, mucho más radicales, a PP y Cs. Ahí de nuevo se erigió en el referente de la centralidad política: «Creo que tenemos que movilizarnos, esa España moderada, serena, europeísta, que defiende una sociedad en la que no quiere dejar a nadie atrás, al contrario, que quiere incorporarlo».
Reto logístico sin precedentes
Los plazos de tramitación de los PGE no están tasados en el Congreso, pero PP y Ciudadanos llevan tiempo exigiendo elecciones y no tienen en principio incentivos para alargar la tramitación. Aun así, hay que dar un plazo para la comparecencia de altos cargos del Ejecutivo, fijación del debate de totalidad… Fuentes parlamentarias cifran en mes y medio o dos meses la tramitación mínima. Con eso, las elecciones en marzo están casi descartadas, porque hay que convocarlas con 54 días de antelación.
En Ferraz admiten que la «hipótesis más probable» de trabajo es la del superdomingo, una fecha que rechazan los barones socialistas
La siguiente meta volante es el 26 de mayo, con elecciones autonómicas, municipales y europeas ya programadas. Los barones socialistas no quieren ni oír hablar de unas elecciones en esa fecha, porque convertiría una campaña con tinte local o autonómico en nacional, y temen sufrir el efecto Díaz. Sin embargo, en la cúpula del Gobierno hay quien piensa que es lo mejor para el presidente. Que si todo el PSOE se moviliza en una campaña, eso ayuda a Sánchez porque Ciudadanos tiene mucha menos implantación territorial y menos músculo que los socialistas para afrontar cuatro elecciones a la vez. Además, Podemos acude a esas elecciones con una ensalada de siglas que puede lastrar sus resultados y el PP se vería mermado por Vox. El problema es que el PSOE se lo jugaría todo a una carta: todo el poder que tiene en sus manos, que es mucho —las locales y regionales de 2015 le fueron bien por su capacidad de trenzar alianzas—, se sometería a examen en un solo día. Con el riesgo que ello comporta. «La catástrofe total«, vaticina un dirigente próximo a Sánchez.
A favor del superdomingo juega que no paralizaría toda la política. A la espera de nuevas elecciones, los pactos electorales son casi imposibles porque los partidos no quieren retratarse porque les penaliza —en España aún no hay tradición de cesión y pacto en política—. Juntar todas las elecciones permitiría poner el contador a cero y negociar en paralelo los distintos gobiernos sin interferencias.
Fuentes del aparato del PSOE confirmaban, tras la entrevista del líder en ‘Informativos Telecinco’, que «la hipótesis más probable» es esa, la del superdomingo, la que por cierto no descartó el número tres, José Luis Ábalos, en un desayuno informativo en Madrid hace dos semanas y que Sánchez no corrigió, aunque después fue desmentida ampliamente. «Las cartas ya están todas echadas», reconocían las mismas fuentes. La posibilidad del otoño de 2019 estaría, con esta misma lógica, algo más «descartada» si no hubiera nuevos PGE por la sangría que podría suponer alargar en exceso los tiempos sin un combustible tan vital para todos los gobiernos. Aunque ya hay también quienes comentan en Ferraz que quizás al Ejecutivo le cueste llegar incluso a esa fecha tan próxima como la del 26-M, por su debilidad parlamentaria y la acumulación de frentes abiertos.
Porque no solo los separatistas están poniendo en aprietos a Sánchez. También su socio prioritario, Unidos Podemos, interpone piedras en el camino. Pablo Iglesias ha sido pertinaz a la hora de pedir elecciones si no hay nuevos PGE, y como muestra de esa ansiedad ha puesto en marcha la maquinaria interna de su partido, para estar preparado ante cualquier eventualidad. El jefe de la formación morada ha marcado claras distancias con La Moncloa al poner en la picota a dos ministros a los que el presidente ha resguardado, Dolores Delgado y Josep Borrell. El cambio de postura es evidente. Hace solo unas semanas, al estallar el caso Borrell, Podemos pasó de puntillas sobre el uso de información privilegiada cuando era consejero de Abengoa.
Esas elecciones no tendrían precedentes. Suponen un reto de logística y organización, porque llegarían a juntarse seis urnas en algunos territorios —municipales, autonómicas, europeas, Congreso, Senado y cabildos en las islas— y el riesgo de confusión y de mezclar las campañas es evidente. Sin superdomingo, el plan inicial era seguir hasta otoño. Sánchez ha anunciado que aprobará el salario mínimo de 900 euros al mes y otras medidas sociales. Su estrategia de gobernar por decreto con apoyos puntuales era la trazada antes de enviar los Presupuestos. Si las cuentas públicas no salen, todo será más complicado