Ni el aumento extraordinario del gasto en Defensa al margen de los presupuestos, ni el acuerdo con EEUU para incrementar la presencia de buques de guerra y de personal militar norteamericano en la base de Rota (Cádiz), ni el envío de armamento a Ucrania tras el salto cualitativo de contribuir con tanques Leopard del Ejército español. Ninguna de estas trascendentales decisiones pasará por el Congreso, pese a las reiteradas quejas de la oposición y socios parlamentarios por hurtar estos debates a la Cámara. Ni para votarlas, ni tampoco para informar sobre ellas y debatirlas, según las previsiones del Gobierno. Todo ello, pese a que en un principio el Gobierno se comprometió a llevar al Congreso tanto el plan para aumentar las partidas en Defensa como el pacto de Rota. El Ejecutivo ha optado, sin embargo, por buscar alternativas que le permitiesen sortear el control del poder legislativo, aunque de dudosa legalidad en el caso del acuerdo con EEUU, por hacerlo sin enmendar el convenio de cooperación para la defensa entre ambos países de 1988. 

«La propuesta que voy a plantear a las Cortes Generales es alcanzar ese 2% [del PIB en gasto en Defensa] en un periodo de ocho años, es decir, hasta el año 2029». Así lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa al finalizar la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid el pasado mes de junio. Finalmente, dicha propuesta no se ha presentado, mientras que el Gobierno ha optado por ampliaciones extraordinarias de crédito, que permiten eludir el aval del Congreso, más allá de lo recogido en el proyecto de presupuestos. La falta de apoyo de los socios parlamentarios obliga al Gobierno a buscar un gran acuerdo con el PP en un asunto considerado de Estado. Sin embargo, el contexto preelectoral y la ruptura de puentes entre ambas formaciones, pese al cambio de liderazgo en Génova, han acabado por fagocitar esta vía.

Si Sánchez insistía en la mencionada rueda de prensa en mostrar su deseo de que «esta propuesta que haga a las Cortes Generales sea un acuerdo de país para defender y garantizar lo que se ha puesto en cuestión y en riesgo por la guerra de Putin en Ucrania», ha acabado priorizando el cálculo electoral y la salud de la coalición de gobierno. Sacando el debate del Congreso, Sánchez ha evitado visibilizar una ruptura en un asunto de Estado que ya tensionó las negociaciones entre los socios para los últimos presupuestos. Unidas Podemos, al mismo tiempo, evita exhibir sus contradicciones y las disputas dentro del espacio. De hecho, el primer envío de armamento a Ucrania inauguró también los choques políticos entre la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y Podemos. 

Lo que más sorpresa ha causado entre los grupos es que el Gobierno cambiase su interpretación sobre el pacto de Rota para evitar someterlo a votación parlamentaria. Tanto desde el Departamento de Defensa como desde la Moncloa, siempre se había asegurado que el aumento de destructores en la base gaditana implicaba modificar el acuerdo de cooperación para la defensa con EEUU y, por tanto, pasar por las Cortes Generales. Así lo interpretaban también el resto de grupos parlamentarios. Sin embargo, a mediados de este mes se llevó al Consejo de Ministros la autorización para comenzar las obras en Rota, sin enmendar el protocolo.

El PP censura abiertamente esta maniobra por parte del Ejecutivo, al entender que este tipo de cuestiones deben, al menos, debatirse en sede parlamentaria. El primer partido de la oposición ha registrado ya en la Cámara Baja una petición de comparecencia de Margarita Robles en la comisión de Defensa para que dé cuenta de los pormenores de la operación y de las «consecuencias» que puede tener el envío de carros de combate a Ucrania. A priori, Génova apoya esta decisión, a pesar de que la FAES de Aznar, adscrita al PP, cuestionó el envío por el mal estado de los tanques que se encuentran en los almacenes del Ejército de Zaragoza, y advirtió de que tocar los de Ceuta y Melilla no debería ser una opción, puesto que esto dejaría sin «cobertura defensiva» a las dos ciudades autónomas. 

Los populares creen que todos estos asuntos no solo deben contar con un debate pertinente en el Congreso, sino que también apuntan a que sería «positivo» promover una votación parlamentaria, pese a que el Gobierno no esté obligado a ello. Esta posición del PP responde también a una estrategia política, ya que les permitiría «retratar» una vez más la «soledad» de Sánchez en asuntos de Estado en general, y en el envío o ampliación de material militar en particular. En Génova buscan erigirse como único comodín de Sánchez en este tipo de materias, y enmendar así el empeño de la Moncloa de situar a Feijóo fuera de los consensos parlamentarios y soterrar su etiqueta de hombre moderado.

Según lo aprobado por el Ejecutivo, «esta ampliación no altera la naturaleza de los acuerdos previos», definidos en el citado Convenio de Cooperación para la Defensa, y, específicamente, en su II Protocolo de Enmienda de 10 de octubre de 2012, que autoriza el estacionamiento en la Base Naval de Rota de cuatro destructores Aegis de la Marina de los Estados Unidos y sus tripulaciones, y prevé, en su artículo 3, que «las partes podrán celebrar acuerdos administrativos en desarrollo del presente II Protocolo de Enmienda, según sea necesario, siempre que estos acuerdos sean conformes con el convenio y con las respectivas legislaciones nacionales de las partes». Serán así los ministerios de Exteriores y de Defensa los encargados de cerrar el acuerdo para facilitar el despliegue de dos nuevos destructores norteamericanos sin recabar antes la autorización del Congreso. 

Sánchez salió de la cumbre de la OTAN en Madrid con la esperanza de que el desafío de Rusia tras su invasión de Ucrania hiciese «reflexionar» a las formaciones que mantenían una línea roja sobre el incremento del gasto militar o la asunción del consenso para el envío de más armas a Ucrania, sin referirse directamente a Unidas Podemos. Medio año después, quien parece que ha reflexionado ha sido el propio presidente del Gobierno para esquivar un debate parlamentario que muestre las costuras de la coalición y le obligue a pactar con el PP, que ya ha salvado otras votaciones parlamentarias del Ejecutivo en materia de defensa. De hecho, apoyó la sección presupuestaria correspondiente a este tipo de gastos, y se posicionó también a favor de la ampliación de destructores en la base de Rota, comprometida con Estados Unidos en verano de 2022.

Los sondeos también han reflejado en estos meses una caída del porcentaje de españoles favorables a aumentar el envío de armamento. Según la última encuesta de la Fundación Bertelsmann, publicada a finales de año, tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania, un 66% de españoles estaba a favor del envío de armamento (70% según el CIS de marzo de 2022), mientras que esa cifra fue disminuyendo hasta situarse en el 57% al arranque del último trimestre.