Cuando el presidente de un Gobierno de una democracia liberal como la española cierra el balance del curso afirmando que «si Botín y Galán protestan es que vamos en la buena dirección», hay que inferir que algo le ocurre a Pedro Sánchez o algo le está ocurriendo a nuestro sistema político y de convivencia. Semejante mención a dos empresarios es propia de los autócratas bolivarianos que intimidan mediante la descalificación personal en un acto público y en la sede del presidente del Gobierno. 

En este caso, atribuir un ánimo doloso respecto de los intereses de España a la presidenta de la primera entidad bancaria española y una de las mayores del mundo, el Santander, la compañía más internacionalizada de España, o al presidente de la primera eléctrica española, de Europa y una de las mayores y más diversificadas en mercados europeos y americanos, Iberdrola, es, además de injusto, particularmente demagógico, porque trata de echar a la ciudadanía sobre ambas personalidades; una ciudadanía que atraviesa por serias dificultades económicas. Y se perjudican los intereses del país en la medida en que se erosiona la reputación —sea la que tuvieren— ambos gestores. Eso no debe hacerlo un presidente del Gobierno.

Sencillamente, con la comparecencia ayer del líder socialista, aludiendo de nuevo a los «poderes ocultos» y vapuleando arbitrariamente a la oposición para desviar la atención sobre su gestión, Pedro Sánchez ha tocado suelo y, puestas declaraciones y hechos en conexión, ha inaugurado una suerte de chavismo a la española. Porque no de otra forma puede calificarse que el anuncio —mendaz, como ahora argumentaré— de imponer un «impuesto extraordinario a la banca y a las energéticas» (debate sobre el estado de la Nación del 12 de julio pasado) se envolviera en palabras tan bolivarianas como estas: «No vamos a tolerar que haya empresas e individuos que se aprovechen de la crisis a expensas de la inmensa mayoría. Las dificultades de la mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría».

Esta es la formulación, con la de ayer, del giro a la izquierda que recibieron gozosamente Unidas Podemos, los independentismos de ERC y Bildu y otros grupúsculos tras la disertación de Sánchez en aquel debate y que para él es una especie de síntesis de «socialdemocracia». Por si había alguna duda, y como hacen aquellos políticos que desdeñan la autenticidad de sus propias palabras, el presidente anunció unos impuestos que no son tales. La proposición de ley del PSOE y de Unidas Podemos lo es para «el establecimiento de gravámenes temporales, energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de créditos». No se trata, en consecuencia, de «impuestos extraordinarios» sino de «gravámenes no tributarios» que de forma caótica e inveraz tratan de explicarse en la Exposición de Motivos de la proposición que, al no constituir un proyecto del Gobierno, no pasará por el cedazo de los órganos consultivos.

La motivación de estas «prestaciones patrimoniales de carácter público temporal de naturaleza no tributaria» es completamente arbitraria. De forma caótica, la Proposición de Ley se refiere a un inexistente «pacto de rentas» (nada es más contradictorio a un pacto que una imposición), a la inadecuación de la fiscalidad de sociedades (¿por qué no se aborda una reforma fiscal?), al rescate de la crisis de 2008 (¿por qué no se especifica que se rescató al sector financiero público, las Cajas, gestionado con criterios políticos, salvo honrosas excepciones como La Caixa, las cajas de ahorro vascas y algunas pocas más?) y la necesidad de un «reparto de esfuerzos» (¿y por qué no se exige también al sector textil, al de la gran distribución, o al inmobiliario o al automovilístico?). En conclusión, cualquiera, aunque sea lego en Derecho, que lea la Exposición de Motivos de esta proposición de ley, llegará a la conclusión de que se trata de una especie de castigo resentido al sector bancario —librando con criterios frágiles a unos y cargando contra otros— y a las empresas eléctricas, gasistas y petroleras. 

La previsión de estas «prestaciones patrimoniales» han provocado, y todavía provocan, una gran controversia jurídica y es más una creación interpretativa del Tribunal Constitucional (sentencia 185/1995, de 14 de diciembre) que de la literalidad del artículo 31 de la Constitución que establece en su punto tercero que «solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley» pero sin mencionar supuestos concretos.

Estamos ante una sofisticación del «¡exprópiese!», de Hugo Chávez 

Los expertos consideran que esta fórmula de exacción —nunca impuestos si no gravámenes— es un nuevo modo de obtener ingresos distintos a la vía tributaria, de modo que se trata de una «parafiscalidad» que usada arbitrariamente por el Gobierno a través de sus grupos parlamentarios constituye un abuso que presenta, además, graves efectos colaterales. El hecho de que Unidas Podemos haya pretendido que se cree un delito específico si esta prestación patrimonial pública se repercute sobre los clientes, ilustra sobre su desmesura demagógica que camina solo un paso por delante de la del propio presidente del Gobierno. 

Estamos ante una sofisticación del «¡exprópiese!», de Hugo Chávez, exclamado por el autócrata venezolano el 7 de febrero de 2010, cuando paseando por Caracas, junto con el alcalde de la ciudad, ordenó la expropiación de edificios icónicos. A partir de ahí, se produjo la deriva bolivariana —iniciada antes— en la que se han educado una parte de los socios del Gobierno —Podemos— y que ha abrazado el «socialdemócrata» Sánchez. No les será difícil a las entidades impugnar ante los tribunales contencioso-administrativos los actos de aplicación de esta normativa, ni será improbable que sean los propios jueces que deben dirimir la discrepancia los que planteen cuestiones de inconstitucionalidad ante el TC. 

La despedida del curso del presidente, con un 10,8% de inflación, un debilísimo crecimiento y la expectativa anunciada por Yolanda Díaz de que el ritmo de creación del empleo se ralentiza, no pudo ser ni más inquietante ni menos inteligible en una democracia liberal en la que la métrica de la bonanza la acreditan para el Gobierno las protestas de la presidenta del mayor banco y del presidente la mayor eléctrica de nuestro país. Típico patriotismo chavista, selectivo e incivil.