Sánchez inventa una consulta para ocultar otra cesión

El lunes pasado, el presidente del Gobierno anunció en la reunión anual del Círculo de Economía en Barcelona que había decidido convocar «una consulta pública» para «recabar opiniones» de asociaciones empresariales y ciudadanos sobre la OPA que el BBVA ha lanzado sobre el Banco Sabadell. La consulta se está haciendo desde el martes en la web del Ministerio de Economía, y en ella cualquiera puede trasladar al gobierno sus observaciones.

La primera pregunta que surge tras esta convocatoria es cuál es el motivo por el que se ha decidido realizar una consulta que no tiene precedentes. En sus siete años de mandato, nunca Pedro Sánchez ha pedido su opinión a los españoles sobre asuntos de mucha mayor trascendencia política. Indultó a los dirigentes separatistas catalanes que dieron un golpe al Estado en octubre de 2017, y no consultó a los españoles; amnistió a otros, y no pidió su opinión a los ciudadanos; eliminó el delito de sedición del Código Penal para asegurarles la impunidad cuando volvieran a delinquir, y tampoco consideró necesario saber qué pensaban los españoles sobre algo que afecta a la existencia de España como nación; condonó a Cataluña una deuda de 17.000 millones de euros y no hubo consulta. Ni siquiera consultó el cierre de las centrales nucleares.

Habrá que reconocer que, aún siendo de gran trascendencia para la economía de nuestro país, la absorción de un banco por otro está cuando menos en un escalón inferior al intento de separar unilateralmente una parte del territorio nacional.

La lógica nos dice que a quien hay que consultar un asunto tan extremadamente complejo es a los organismos técnicos integrados por personas cualificadas. Las opiniones del español de a pie son muy respetables, pero salvo alguna valiosa excepción, no están fundadas en conocimientos y formación suficiente para pronunciarse sobre este asunto. Porque no hay que olvidar que entre BBVA y Banco Sabadell superan los 800.000 millones de euros en recursos de clientes; una operación que va mucho más allá de dejar una opinión en una web, que es la versión digital de la antigua plaza pública.

También existe la posibilidad de que los partidarios de la OPA, o sus contrarios, puedan movilizar a muchos ciudadanos condicionados por razones económicas, empresariales o políticas. La experiencia nos dice que en cualquier tipo de consulta es clave asegurar la independencia y la imparcialidad con la que se elabora el censo. Pero en esta convocatoria no hay censo. Incluso, como hemos visto, personas con identidad falsa puedan colar sus opiniones inducidas por algunas de las partes interesadas, que no son sólo los dos bancos. Por lo tanto, el resultado de la consulta puede ser el que convenga al convocante.

Porque, no nos engañemos, en esta OPA hay condicionantes políticos al margen de los problemas financieros que pueda generar. La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ya se ha manifestado en contra, y cuenta con 26 diputados. Pero la clave del arco está en los partidos catalanes que sostienen con su voto a Pedro Sánchez.

Los dirigentes separatistas de Esquerra Republicana de Cataluña y de Junts se han opuesto desde el primer momento a la operación. El 2 de febrero, Jordi Turull, secretario general de Junts, afirmó que «nos oponemos sin matices a que se produzca esta OPA», y Oriol Junqueras dijo la semana pasada que «todos los procesos de concentración son excesivos… tendremos que batallar». Y vaya si han batallado. A finales de enero, el Banco Sabadell trasladó su sede social desde Alicante a Cataluña cuando sólo un mes antes ni se lo planteaban, y sé lo que estoy diciendo. Pero, de repente, cambió de opinión.

No nos engañemos. La razón de este brindis al sol del presidente del Gobierno está clara. Sabe que si se mantiene en la Moncloa es por la respiración asistida que, entre otros, le suministran los separatistas catalanes en el Congreso. Es consciente de su debilidad cuando le cierran la espita; en 15 meses ha perdido más de cien votaciones. Y como todos los órganos de consulta obligada —el último, la CNMC— han dado su opinión favorable a la OPA, tiene que buscar una coartada que justifique su previsible decisión en contra de aprobarla. Aunque tengo mis dudas de que, según el artículo 10.4 de la ley de 3 de julio de 2007, el Consejo de Ministros tenga competencia para pronunciarse sobre este asunto con la excusa del interés general.

Pedro Sánchez huye como de un nublado de que le acusen de ceder una vez más ante Junqueras y Puigdemont, y se ha sacado de la manga esa consulta de vía estrecha a la ciudadanía.

Sería la huida hacia adelante con una coartada populista.