Ignacio Varela-El Confidencial

Desde la coalición del PSOE con Podemos y los nacionalistas se están tomando decisiones sobre cuestiones de Estado, mientras se excluye de ellas a las dos principales fuerzas de la oposición

Pedro Sánchez llegó al poder gracias a una agregación de votos que se presentó como circunstancial y exenta de compromisos políticos. Pero ahora se muestra dispuesto a sostenerse sobre esa mayoría tanto tiempo como pueda.

Desde la coalición del PSOE con Podemos y los nacionalistas se están tomando decisiones sobre cuestiones de Estado, mientras se excluye de ellas a las dos principales fuerzas de la oposición -es decir, a todo el espacio político del centroderecha-. Este es ya, claramente, un eje estratégico del Gobierno de Sánchez; y su expresión más visible es el nombramiento tácito de Pablo Iglesias como vicepresidente oficioso y embajador plenipotenciario ante la corte de Torra.

La política penitenciaria siempre formó parte del consenso en la lucha contra el terrorismo etarra. Si este Gobierno cree que tras la disolución de ETA ya no está vigente el acuerdo antiterrorista en lo que se refiere a la banda y a sus presos, debería hacerlo explícito. Solo así se justifica que el acercamiento nazca de una negociación con Podemos y el PNV que suplanta a la consulta con los firmantes del pacto. En este caso, como en otros, la forma de decidir es más trascendente que la decisión misma -incluso si esta parece razonable.

Respecto a Cataluña, el plan revisionista de Sánchez se basa en simular un automatismo entre el hecho de que el Gobierno de Torra sea legal y su inexistente sometimiento a la legalidad constitucional. La normalidad formal como pretexto para desatender la persistente anormalidad de la situación real.

Sin embargo, el Gobierno de la Generalitat no oculta el propósito de reproducir el desafío. La crisis de Estado no puede darse por superada, y sigue siendo imprescindible una estrategia concertada frente al desacato institucional. En consecuencia, hay que mantener vivo y operativo el pacto de defensa de la Constitución basado en el entendimiento entre el PSOE, el PP y Ciudadanos.

La extrema debilidad del nuevo Gobierno haría aún más necesario, si cabe, apuntalar ese pacto. Pero Sánchez repudió esa concertación desde el día en que se instaló en el poder, para volar sin ataduras con sus nuevos compañeros de viaje. Reclama lealtad, pero no la practica.

La normalidad formal como pretexto para desatender la persistente anormalidad de la situación real

Otro ejemplo es el asunto de los dirigentes del ‘procés’ actualmente en prisión. Su situación se ha convertido en el nuevo mantra movilizador del independentismo. Su estrategia electoral no pivotará sobre la conquista inmediata de la independencia, sino sobre la agitación del sentimiento antirrepresivo. Para mantener la llama necesitan que los presos sigan presos, cuanto más tiempo mejor. Pero también arrancar concesiones al Gobierno que puedan presentar como conquistas. Por ejemplo, que se los entreguen.

Es fácil compartir el principio general de que es preferible que los presos estén cerca de sus familias, salvo que las circunstancias exijan lo contrario. Ahí está el truco: en usar un principio difícilmente discutible como burladero encubridor de las circunstancias excepcionales que lo condicionan.

En este caso, esas circunstancias son que la Generalitat tiene la competencia exclusiva de gestionar todas las prisiones de Cataluña. Trasladar allí a los dirigentes secesionistas es mucho más que una decisión administrativa: supone que su custodia deja de depender del Gobierno para pasar a depender de Torra.

¿De verdad este ‘president’ se ha ganado la confianza del Estado hasta el punto de encomendarle la vigilancia de sus compinches de insurrección y creer que no usará su presencia en las cárceles catalanas como un catalizador de la agitación política? Esa creencia resulta tan ingenua –o tan voluntarista- como la de Rajoy cuando se autoconvenció, contra todas las evidencias, de que los Mossos de Trapero frenarían el referéndum del 1 de octubre.

Suponiendo que, aun así, convenga efectuar el traslado, ¿realmente era necesario entregar esa pieza antes incluso de haber celebrado la primera entrevista con Torra, sin haberse iniciado el diálogo y sin recibir a cambio alguna garantía?

Trasladar allí a los dirigentes secesionistas supone que su custodia deja de depender del Gobierno para pasar a depender de Torra

Y sobre todo, ¿es prudente tomar esa decisión sin siquiera recabar la opinión de las fuerzas con las que se ha compartido la defensa de la Constitución frente al golpe secesionista?

A mi juicio, la respuesta a las tres preguntas es negativa. Esta decisión no se explica en clave de fortalecer al Estado, ni siquiera en la de reducir la tensión o facilitar el diálogo. La única clave es la necesidad urgente de apelmazar a la mayoría que hizo nacer a este gobierno, de la que se espera que lo sostenga al menos hasta las elecciones. Si ello exige disolver de hecho el frente constitucional, qué le vamos a hacer: no se puede tener todo.

Otro ejemplo es la inaudita respuesta de Pedro Sánchez a una pregunta parlamentaria –tan insultante como todas las suyas– del diputado Rufián: “Ojalá, a partir del 9 de julio, podamos restañar las heridas que durante los últimos seis años, como consecuencia de la falta de criterio y de estrategia del anterior gobierno, han causado la fractura social que existe en Cataluña”.

Hay mucho que criticar de la actuación de Rajoy ante el conflicto catalán. Pero endosarle la responsabilidad de la fractura social de Cataluña, y hacerlo para endulzar los oídos de los auténticos promotores de esa fractura, es algo mucho peor que una falsedad. Y aventar las expectativas sobre el efecto milagrero de la entrevista del 9 de julio supone ir vendido a ella, porque el interlocutor sabe que no puedes exponerte a un fracaso, y obtendrá ventaja de ello.

Más ejemplos. Si Torra insulta y boicotea repetidamente al Jefe del Estado que lo ha nombrado, se espera del presidente del Gobierno que reaccione de alguna manera que no sea mirar al tendido. Si el embajador de España en Washington defiende en voz alta a la democracia española frente a quien la denigra, se espera de su Gobierno un respaldo más enérgico que el escapista “no lo he oído” con el que respondió Sánchez. Es probable que se estuviera pensando relevar a ese embajador político del anterior gobierno. Si se hace ahora, Torra mostraría su cabeza como un trofeo de caza. Sin duda, lo tuvo en cuenta cuando lo eligió para su provocación.

Sí, estar a la altura del cargo dificulta algunas cosas. Pero si para Enrique IV de Francia París bien valió una misa, para Pedro de España no debería merecer la pena hacer volar los consensos básicos por que no se rompa la ‘mayoría Frankenstein’. Que, además, se romperá en todo caso.