Editorial-El Español
Pedro Sánchez endosó ayer miércoles la responsabilidad de la prórroga de la vida útil de las plantas nucleares españolas a los «presidentes ultrarricos» de las empresas que las gestionan.

Sánchez exigió en su intervención en el Congreso de los Diputados que sean esos «ultrarricos» los que costeen la extensión de la vida útil de las nucleares, y a la cabeza de esos costes los del tratamiento de sus residuos, una parte importante del coste final de la energía nuclear.

La alusión de Sánchez a esos «ultrarricos» es el último de los ataques que el presidente ha dedicado durante los últimos años a los grandes empresarios de este país.

Ataques que se iniciaron en 2022, cuando el Gobierno puso en marcha el proceso jurídico para aumentar la carga fiscal que soportan el sector financiero y el energético.

«Creo que si protestan es que vamos en la buena dirección» dijo Sánchez en julio de 2022 tras las quejas de Ana Botín e Ignacio Sánchez Galán sobre los nuevos impuestos.

Posteriormente, Sánchez arremetió contra Rafael del Pino por su decisión de trasladar la sede de Ferrovial a los Países Bajos.

También en 2022, Sánchez aludió, durante una entrevista en La Sexta, a unos presuntos «cenáculos de la villa de Madrid de señores con puro», en referencia a quienes especulaban sobre su posible salida del Gobierno por los escándalos políticos que le rodeaban en aquel momento.

Los ataques de Sánchez a los empresarios españoles se han convertido ya en uno de los recursos habituales con los que el presidente desvía la atención de los ciudadanos cuando la presión se incrementa sobre él.

Ayer, en el Congreso de los Diputados, la táctica le sirvió para no dar ninguna explicación sobre el apagón del pasado 28 de abril o sobre el robo de cobre que paralizó el AVE entre Madrid y Sevilla este mismo lunes.

La táctica le permitió también arremeter contra Feijóo, al que acusó de «instigar el miedo y alimentar la expectación de una noche distópica, con disturbios, incendios y soldados patrullando las calles como en un apocalipsis zombi».

La alusión a los presuntos «presidentes ultrarricos» que se estarían lucrando con la nuclear a costa de torpedear el desarrollo y la implantación de las renovables fue, así, la culminación de un relato que pretende oponer a la caricatura de una derecha ultramontana y saboteadora de trenes, en connivencia con una clase empresarial extractiva, una segunda caricatura: la de una España verde y progresista en la que los apagones y los ya rutinarios problemas de Renfe son siempre achacables a la derecha o a misteriosos saboteadores y nunca a la mala gestión del Gobierno.

Olvida en cualquier caso Pedro Sánchez que los empresarios «ultrarricos» a los que demoniza son los mismos que gestionan una buena parte de las renovables que él promueve.

Los datos no dejan lugar a dudas. Iberdrola tiene 22.582 MW de capacidad renovable instalada en España. En energía nuclear tiene 3.177.

Endesa tiene 10.131 en capacidad renovable y 3.328 en nuclear.

Naturgy tiene una capacidad instalada de 18.929 MW y, de ellos, 7254 en renovables.

Olvida Sánchez también que si esos empresarios son hoy «ultrarricos» se debe en buena parte a decisiones de su propio Gobierno.

¿O ha olvidado Sánchez sus palabras del 7 de mayo de 2025 en el Congreso, cuando dijo que «las renovables no son sólo el futuro, sino nuestra única opción, son la única manera de asegurar el crecimiento económico»?

¿O cuando ese mismo día dijo que «hoy España tiene una de las electricidades más baratas de Europa. Toda esta reindustrialización ha aumentado un 30% la potencia instalada en nuestro país. Un 78% más de energía renovable»?

¿O cuando el 20 de febrero de 2023 dijo que «casi cuatro de cada diez euros de los fondos europeos los dedicamos a la transición ecológica de la economía. El sector de las renovables podría llegar a crear 468.000 empleos durante la próxima década»?

¿Quiénes son las empresas que gestionan esas renovables a las que se estaba refiriendo con tan elogiosos términos?

Las mismas que gestionan las nucleares en España.

Olvida Sánchez, en fin, que no existe en España, salvo en contados ejemplos no representativos, un sector de las renovables liderado por empresarios progresistas, verdes y dadivosos diferenciado de un sector de la nuclear liderado por empresarios de ultraderecha, contaminantes y ultrarricos.

La caricatura puede servirle a Sánchez en la batalla política para polarizar a los ciudadanos, generar crispación y alentar el odio contra un enemigo imaginario.

Pero esa caricatura no le servirá a medio y largo plazo para esquivar la responsabilidad de su gobierno en el apagón del 28 de abril y el bloqueo ferroviario del pasado lunes, ni contribuirá a solucionar ninguno de los problemas que hoy padecen unos ciudadanos españoles que ven como los servicios públicos se degradan a ojos vista mientras la presión fiscal no deja de aumentar.