«La autoridad judicial es independiente». Todos los condenados tienen derecho a apelar. Eso dijo Macron. Ni una palabra más. De su Gobierno no ha salido ningún improperio contra los jueces. Ni el insulto comodín que tanto circula por España aludiendo al ‘lawfare’ o a los jueces «prevaricadores». No sabremos cómo hubiera reaccionado el primer mandatario francés si su adversaria hubiera sido absuelta o si hubieran condenado a uno de los suyos. Pero sus palabras, en un Estado de Derecho, deberían aplicarse en todos los supuestos.

Las opiniones críticas son legítimas, como reconocía el Consejo General del Poder Judicial en su declaración institucional de apoyo a los magistrados que han absuelto al futbolista Dani Alves. Lo que no se puede permitir es la deslegitimación constante de la institución del Poder Judicial, uno de los pilares de nuestra democracia. Y en el Gobierno de la Moncloa no dan tregua a los escasos poderes que todavía no controla.

Si la vicepresidenta María Jesús Montero, después de haber puesto el grito en el cielo por la vergüenza que decía que le provocaba la sentencia absolutoria para Dani Alves, va y se disculpa con frases condicionales y adversativas para terminar arremetiendo de nuevo contra todas las asociaciones de jueces que la criticaban acusándolas de alinearse con el PP (¿también Juezas y Jueces para la Democracia?), es porque sigue pensando lo mismo. Que el principio de presunción de inocencia no puede cuestionar la denuncia de una presunta víctima de violación. Se mete en otro charco poniendo la ideología por encima de la justicia garantista.

Es la independencia de los jueces, por la que apostaba ayer Macron, lo que le quita el sueño al Gobierno de España. La independencia de quienes no dependen de La Moncloa. No por casualidad su proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla que la instrucción pase de jueces a fiscales que, ahora mismo, están presididos por un imputado por revelación de secretos como Álvaro García Ortiz. La judicatura viene insistiendo en que esta reforma debería ir acompañada de otra que regulase un cambio en el sistema de elección de los fiscales. Pero el PSOE no está por la labor. En realidad, lo que quiere Pedro Sánchez es limitar la acusación popular para que los partidos y organizaciones como Manos Limpias sean expulsados de las causas que afectan a su entorno y, de paso, prohibir que las asociaciones de jueces y fiscales la ejerzan. Los socialistas demonizan ahora la acusación popular que ellos mismos siguen ejerciendo. Pero esa es otra historia, la de la ‘ley Begoña’, que ha tenido que quedar aparcada, de momento, por falta de apoyo en el Congreso.