El arranque, hoy miércoles, de la campaña de la Declaración de Renta de 2025, ofrece una ocasión idónea para considerar el preocupante estado de la tributación en España.
Porque, ahora que a los ciudadanos les toca facturar ante Hacienda, será difícil que no cunda un sentimiento de agravio, al constatar la discrepancia entre el exigente esfuerzo fiscal y las leoninas obligaciones de transparencia y rigor que deben soportar, y la manifiesta indisciplina fiscal y la opacidad presupuestaria en las que incurre el Gobierno.
El Ejecutivo podrá lanzar todas las campañas de sensibilización sobre la diligencia tributaria que quiera, pero no puede culparse al contribuyente que siente vulnerado el contrato social.
Porque, mientras él paga sus impuestos ajustados a la realidad económica actual, percibe que el Estado le devuelve servicios cuyas partidas están desfasadas y que se beneficia de la mordida extra que supone el impuesto silencioso de la inflación.
La apreciación no se aleja de la realidad.
Hoy los españoles pagamos más que nunca (la recaudación fiscal ha batido un nuevo récord histórico, alcanzando los 325.356 millones de euros el año pasado), recibimos a cambio peores servicios que nunca y, por añadidura, pagamos precios más altos que nunca (la inflación acumulada en los últimos cinco años se sitúa en torno al 26%).
Coincidiendo con la nueva campaña de la renta, el PP celebra este miércoles un acto para protestar contra el «infierno fiscal» español, atribuyendo el continuo incremento de la recaudación (más de 140.000 millones desde 2018) a la no deflactación del IRPF, a la creación de nuevos impuestos y al casi centenar de subidas impositivas aprobadas durante la era Sánchez
Pero, lo diga el PP o quien sea, difícilmente podrá el Gobierno negar la veracidad de lo denunciado.
La negativa del Ejecutivo a actualizar a lo largo de estos años los tramos del IRPF estatal para ajustarlos a la subida de los precios, y la consecuente elevación automática de las bases nominales imponibles, ha llevado el tipo medio efectivo del IRPF a máximos históricos (14,4% en 2024).
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que hoy empieza a recaudarse (el que más ingresos genera) es la figura tributaria que más ha crecido desde que Sánchez está en el poder. Lo que implica cargar sobre las rentas del trabajo una presión fiscal que ya resulta insoportable para la pauperizada clase media española.
Y mientras el ciudadano hace cuentas para ajustar su declaración a los tipos y tramos de 2025/2026, el Estado gasta ese dinero siguiendo una planificación de hace tres años.
Porque no se puede olvidar que el Ejecutivo de Sánchez sigue funcionando con la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, aprobados en 2022.
Y lo que es peor: el Ministerio de Hacienda ha renunciado directamente a presentarlos durante los tres últimos ejercicios, al carecer de la mayoría parlamentaria necesaria para aprobarlos.
Por mucho que el Gobierno haya venido ensayando una torpe pedagogía para restar importancia al incumplimiento por tercer año consecutivo del mandato constitucional que obliga a presentar el proyecto de PGE ante el Congreso al menos tres meses antes de que expire el año anterior, se trata de una anomalía absoluta en una democracia parlamentaria que no puede normalizarse bajo ningún concepto.
En episodios recientes como la aprobación del escudo social para hacer frente a la crisis energética derivada del conflicto en Irán, o el compromiso con la OTAN de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar, se ha hecho patente la inconveniencia de carecer de partidas asignadas para esta clase de contingencias.
La solución que ha encontrado para ello el Ejecutivo es recurrir de forma espuria a modificaciones presupuestarias como ampliaciones o transferencias de crédito. Un instrumento previsto para ajustes puntuales, no para sustituir los Presupuestos originales por la puerta de atrás.
Pero la gravedad que entraña carecer de unas cuentas actualizadas trasciende lo puramente económico.
La votación de los Presupuestos Generales del Estado es el instrumento de fiscalización del Gobierno por antonomasia, pues son los fondos públicos lo que a la postre determina el margen de actuación efectiva de un Ejecutivo.
No en vano, la motivación que dio origen a los Parlamentos en la Edad Media fue precisamente la de impedir que el rey pudiera imponer tributos de forma arbitraria, obligándole a pedir «auxilio» a los estamentos sociales y a obtener el consentimiento de las cortes.
O sea, la idea condensada en el célebre lema de «No taxation without representation« [«No hay tributación sin representación»], recuperado en el preludio de la Revolución Americana.
Al igual que los colonos legitimaron la emancipación de las Trece Colonias de la metrópoli argumentando que era ilegítimo que el Parlamento británico les impusiera impuestos sin que tuvieran representantes elegidos en él, es injusto que el Gobierno pretenda iniciar la mayor campaña de recaudación de la historia de España sin disponer de ese título habilitante para gravar que son los Presupuestos.
Sánchez no debería estar autorizado a recabar más de 20.000 millones de euros de los españoles si los representantes de la soberanía nacional no tienen ocasión de escrutar y sancionar sus previsiones de gasto.