La apresurada convocatoria del 41º Congreso Federal del PSOE para el próximo mes de noviembre esconde algo más que una rutinaria renovación de los liderazgos territoriales.
El PSOE, es cierto, gana un año de tiempo de cara al nuevo ciclo electoral, que empezará con las elecciones andaluzas previstas para junio de 2026.
Pero lo cierto es que Sánchez disponía todavía de un año para convocar el 41º Congreso Federal del partido, dado que el anterior tuvo lugar en octubre de 2021.
¿Por qué entonces las prisas?
El Congreso le permitirá a Sánchez renovar la Comisión Ejecutiva Federal, el órgano ejecutivo del PSOE, que ahora cuenta con casi cincuenta miembros, en su mayoría con muy escaso peso político. Tras la renovación de la Comisión en el Congreso se celebrarían los congresos regionales, comarcales y locales, y eso conllevaría la renovación de todas las estructuras territoriales del partido.
Pero el objetivo estratégico profundo del Congreso es otro. Porque Sánchez se juega la legislatura durante los próximos cuatro meses. Y, más concretamente, se la juega con la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
Durante estos cuatro meses, Junts y ERC dirimirán sus nuevos liderazgos y, por tanto, hasta dónde llega su compromiso con el PSOE. Son meses, también, en los que el Gobierno asumirá el reto de negociar unos Presupuestos Generales que ahora mismo parecen más cerca de la prórroga (sería la segunda consecutiva) que de su aprobación.
Sánchez deberá afrontar también una crisis de Gobierno si Teresa Ribera es nombrada comisaria europea y José Luis Escrivá se convierte en el nuevo gobernador del Banco de España.
Pero el principal peligro que afronta Sánchez es la quiebra del partido por el acuerdo para la financiación singular de Cataluña, que el Gobierno vende como un simple retoque de la LOFCA y que sus críticos consideran un concierto fiscal muy similar al vasco.
Y es este roto el que el presidente quiere suturar en este 41º Congreso Federal.
El presidente colocará en noviembre a su partido frente a una disyuntiva muy similar a la que Felipe González planteó al PSOE en 1979, cuando amenazó con abandonar la formación si el socialismo no renunciaba al marxismo.
En esta ocasión, el dogma ideológico al que el partido deberá renunciar es el de la solidaridad, un pilar fundamental de la socialdemocracia. La alternativa, si el PSOE se niega a desprenderse de ese lastre, será la pérdida del apoyo de los nacionalistas.
Y luego, en cascada, la salida de la Moncloa y la llegada de «la ultraderecha de PP y de Vox» al poder. Ese será el relato de Sánchez.
Y puede que Sánchez tenga razón en esto. Porque a la luz de los sondeos, la fortaleza del PSOE en Cataluña no sería ya suficiente en unas nuevas elecciones generales para garantizarle a Sánchez la presidencia, dada la pérdida de apoyos en el resto de comunidades. Y muy especialmente en Andalucía, el granero de votos del partido.
Cabe preguntarse, claro, quién es el responsable de esa pérdida de apoyos en toda España. Pero lo que es indudable es que el PSOE no podrá gobernar en España si no es con el apoyo de ERC, Junts, EH Bildu y el PNV.
El PSOE deberá, por tanto, decidir en este 41º Congreso Federal si renuncia a sus principios para conservar el poder. Sánchez colocará así al PSOE entre la espada de la ultraderecha y la pared de los privilegios nacionalistas.
Si el PSOE, como en 1979, accede a los deseos de su líder, Sánchez tendrá más fácil conservar la presidencia hasta 2027 y, quizá, durante cuatro años más. Si no, la tarea se convertirá en misión imposible.