Anoche, el partido publicó un comunicado en defensa de su secretario de Organización para decir que «jamás ha cobrado una comisión» por adjudicaciones de obra pública.

El PSOE respondía así a la información de que las grabaciones de Koldo García que motivaron los registros del martes en Valencia y en Pamplona ligan a José Luis Ábalos con mordidas y a Cerdán con adjudicaciones en Navarra.

Tal y como desveló EL ESPAÑOL, en una de las grabaciones halladas en un disco duro de Koldo se habla de un pago de 500.000 euros por parte de una constructora.

Si caen el número tres del PSOE y el fiscal general del Estado, el Ejecutivo es consciente de que su futuro será muy negro y, por eso, la orden de Pedro Sánchez es la de mantener «las posiciones» defendiendo a los dos.

Cerdán no está siquiera imputado en el sumario en el que se investiga a José Luis Ábalos, mientras que el fiscal general está pendiente de un recurso en el Tribunal Supremo para saber si será juzgado por revelación de secretos.

Una imputación de uno y una condena del otro supondría un durísimo golpe para el Gobierno. Sobre todo en el caso de Cerdán, porque los socialistas admiten que no podrían aguantar la caída de un segundo secretario de Organización, tras la de Ábalos.

El breve comunicado del PSOE de este miércoles, de sólo cuatro párrafos, señala que, cuando se conozca la totalidad del informe de la UCO que contiene el audio en el que se menciona a Cerdán, éste «dará todas las explicaciones necesarias para que de una vez por todas su nombre y honorabilidad dejen de verse mezclados a diario con casos que nada tienen que ver con su persona».

Sánchez habló el martes en la Moncloa de la necesidad de cerrar filas en una reunión con sus colaboradores más estrechos, con el convencimiento de que no saldrá nada contra Santos Cerdán y que será imposible probar que el fiscal general filtrara información. Y, por eso, dio la orden de mantener las posiciones y respaldarles.

El análisis de Moncloa tras la citada reunión es que no hay nada contra el secretario de Organización del PSOE. De la recopilación de mensajes antiguos de Cerdán y de su propio recuerdo entienden que sólo puede haber mensajes con José Luis Ábalos o Koldo García interesándose por la marcha de determinadas obras, pero en ningún caso de su adjudicación.

Explican que hay dos obras en Navarra, de las que se habla estos días y que fueron polémicas en su momento, cuya adjudicación no corresponde al Gobierno central, sino al de la Comunidad Foral.

Es más, los máximos responsables de la Moncloa dudan que Ábalos cobrara comisiones por adjudicaciones de obra pública, pese a lo que denunció hace meses Víctor de Aldama, «nexo corruptor» de la trama según la UCO.

Cerdán es quien más tiempo permanece en el núcleo duro de Sánchez. Lleva desde los tiempos de las primarias y se ha encargado de asuntos tan delicados como la negociación de la moción de censura en 2018 y en esta legislatura de la interlocución con Junts, PNV y Bildu.

Es una pieza clave para el presidente del Gobierno y líder socialista y sería el segundo estrecho colaborador que incurre en corrupción, si se confirmaran algunas informaciones publicadas.

En Moncloa sigue firme la idea de que hay una actuación de algunos jueces contra el Gobierno, en casos como el del fiscal general y los del hermano y la esposa de Sánchez. Pero públicamente no pueden pasar de expresiones como la de decisiones «difíciles de entender» de algunos jueces que utilizó el martes la ministra portavoz, Pilar Alegría.

Admiten también que no pueden hacer nada para evitarlo, más allá de resistir el pulso y esperar, por ejemplo, a que se levante el secreto parcial del sumario sobre Ábalos en el Tribunal Supremo para comprobar, aseguran, que no hay motivos para perseguir a Santos Cerdán.

También tienen que esperar a que se resuelvan los recursos en el Supremo al auto que acerca a Álvaro García Ortiz al banquillo. En este caso, el Gobierno no tiene muchas esperanzas de que el auto sea anulado y da por hecho que habrá juicio al fiscal general, aunque sostienen que no hay indicios ni pruebas.

Otros socios del Gobierno sí van más allá. Por ejemplo, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, habló este miércoles de «batalla» con los jueces. «Estamos en guerra y en guerra no se canjean soldados», aseguró en el Congreso.

Lo expresó al mismo tiempo que Isabel Perelló, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, pedía el cese de «presiones intolerables» e «insultos» a los jueces.