Porque el presidente del Gobierno no salió indemne y, además, dejó algunos «platos rotos» con su argumentación y otros que quedan en el aire, con opciones de caer y acabar destrozados en el futuro.

Su versión de que no hay indicios ni pruebas que impliquen al Ejecutivo de Marruecos en la entrada de más de 80.000 personas a Ceuta fue rechazada con dureza por todos sus socios de coalición y parlamentarios.

Pero además, dejó en mal lugar a la Policía por su informe de inteligencia que contradice la versión oficial, y también al CNI, porque queda en el aire el efecto de su anunciada desclasificación de documentos secretos y reservados.

Por último, es delicada la posición de su ministra de Defensa, Margarita Robles.

Y a la vez, Sánchez hizo anuncios de gestos que pueden incomodar a Marruecos, aunque insista en no señalar directamente a su Gobierno. Es el caso del aviso de que el Rey visitará Ceuta y Melilla en «próximas semanas».

Pero hay otros anuncios, como reforzar la frontera que ahora en la práctica controla sólo Marruecos, establecer una presencia permanente de Frontex en el puerto y en el espigón, que Europol cree una misión específica para monitorear la migración irregular en Ceuta, «revisar los mecanismos de coordinación y alerta» con Rabat construyendo «garantías adicionales», ofrecer a Ceuta y Melilla una silla permanente en el Comité de las Regiones y pedir a Bruselas que les reconozca el estatus de regiones ultraperiféricas.

Fuentes de Moncloa explican que el objetivo de Sánchez era utilizar estos anuncios para hacer frente a la avalancha de críticas y, sobre todo, a la que supone acusar al presidente de indulgencia y sumisión a Marruecos, que considera injusta y «dañina» ante la opinión pública.

Por eso anunció esas medidas, especialmente la referida a la visita de Felipe VI a las ciudades autónomas, anticipando los plazos que supondrían no esperar a que acabe la fase de crisis, es decir, a que sean repatriados los migrantes.

El lunes aseguró en la Cadena Ser que había que esperar a «que se den las circunstancias» para la visita del Rey y ahora lo acelera.

El viaje del Rey

Fuentes del Gobierno advierten de que no hay fecha todavía y, por eso, no han empezado los preparativos.

La logística, según explican, es relativamente sencilla porque es un viaje nacional, pero sí puede tener repercusiones en las relaciones con Marruecos, como las hubo en 2016 cuando fue a las dos ciudades el entonces Rey y Rabat protestó.

Esas fuentes dan por hecho que se comunicará previamente a Marruecos, no como autorización o permiso, pero sí como información.

El Gobierno espera que no afecte a la situación actual de apertura inusual de la frontera por parte de Marruecos, porque eso supone que los migrantes puedan seguir volviendo voluntariamente.

En el pleno del Congreso, la ministra de Defensa dejó patente su distancia con la versión oficial cuando todos los ministros aplaudieron en el momento en el que el presidente del Gobierno anunció que hará públicos los documentos reservados y secretos sobre este asunto.

Pretende demostrar que no hubo aviso previo o, al menos, no hubo ningún informe que alertara de la magnitud de lo que se iba a producir los días 30 y 31 de julio en la frontera de Ceuta con Marruecos. La única que no aplaudió fue Robles.

La ministra mantuvo hace unos días frente a todos sus compañeros de Gobierno, especialmente Fernando Grande-Marlaska, la tesis de que sí hubo alerta del CNI en los días previos. Sánchez reforzó este jueves la posición de su ministro del Interior frente a Robles y la discrepancia quedó patente.

Golpe al CNI y la Policía

Esa versión oficial de Sánchez supone, además, poner en evidencia en la solemnidad de la tribuna del Congreso el problema de seguridad de España precisamente en la frontera sur, en Ceuta, donde se supone que deben estar volcados los esfuerzos del CNI.

Si los agentes no se enteraron del movimiento de 80.000 personas, como asegura Sánchez, su labor queda en cuestión y la organización necesitará una evaluación y un cambio profundo.

Por eso, fuentes de Defensa mantienen su malestar con la versión de Marlaska, asumida por Sánchez.

Esas mismas fuentes mantienen serias reticencias ante el anuncio de Sánchez de hacer públicos los informes de inteligencia, policiales o militares, sobre todo porque a diferencia de lo que ocurre con servicios de inteligencia de la Policía y la Guardia Civil, el CNI tiene relaciones con otros gobiernos y no suele estar bien vista la desclasificación de secretos. Se entiende que eso mina la confianza de socios exteriores.

Respecto a la Policía, el presidente incluyó una crítica poco velada al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) por no haber informado al Gobierno del informe que vincula a las Fuerzas de Seguridad de Marruecos con la entrada masiva de migrantes a Ceuta.

«¿Por qué no compartió con sus superiores y con el Gobierno el contenido de un informe que encargó una jueza del Poder Judicial y con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado?», se preguntó Sánchez este jueves en el Congreso.

En realidad esa unidad policial respondía a la jueza María Tardón, en funciones de Policía Judicial, sin poder informar a sus mandos.

Pero el Gobierno ha lanzado sus críticas en público y en privado a esos policías por su actuación y por el contenido del informe que desbarata la tesis oficial favorable al Ejecutivo de Marruecos.

Es decir, se abre una guerra abierta con la Policía, con posibles medidas internas y con crecientes críticas en el Gobierno hacia Marlaska por la situación en el Interior, tras polémicas internas que han afectado antes a la Guardia Civil.

Sánchez insistió en la falta de pruebas sobre la implicación del Gobierno de Marruecos, pero con algún ligero matiz respecto a lo que dijo en la Cadena Ser el lunes.

Por ejemplo, dijo que si hubiera pruebas tomará medidas, aunque no parece fácil que las pueda haber. Y ya no insistió en la teoría de la injerencia exterior como detonante de la entrada de migrantes.