Las Elecciones en Aragón, ganadas claramente por el PP y con un avance espectacular de Vox, son ante todo un contundente mensaje a Pedro Sánchez, agravado por la evidencia de que la derrota de Pilar Alegría lo es de una de sus más estrechas colaboradoras, impuesta allí desde el Consejo de Ministros.

Técnicamente solo votaban los aragoneses, pero moralmente era otro plebiscito sobre el actual presidente del Gobierno que, como antes en Extremadura, ha perdido con estrépito. No solo porque los aspirantes sean cuñas de su propia madera, sino también porque todo el PSOE se ha convertido en una organización sometida al capricho y los intereses de una única persona y, en consecuencia, los resultados son suyos antes que de nadie.

El cesarismo socialista convierte por ello cada cita electoral en un juicio sumarísimo a Sánchez, y el de Aragón ha sido contundente: los populares vuelven a sumar más escaños que toda la izquierda junta –no contemos ahí a Aragón Existe– y Vox avanza hacia ser la segunda fuerza política, con una tendencia que dibuja un panorama extrapolable a toda España: más allá del reparto entre ambos partidos, la suma de los dos es imbatible para un PSOE defenestrado, incapaz de tener un perfil nacional y sometido a los caprichos de fuerzas menores o residuales con las que suma, contra natura, para tratar de revocar el inequívoco mandato de las urnas.

No se puede eternizar la anomalía de gobernar sin ganar y con cualquiera, especialmente cuando esa circunstancia tiene consecuencias obscenas: Sánchez no ha sido capaz de aprobar unos Presupuestos Generales en todo lo que va de legislatura, lo que derriba la falacia de que encabeza una mayoría parlamentaria capaz de compensar su derrota en las urnas en 2023.

Ese precepto no debe ser suficiente cuando, para sumar escaños, se paga un precio inasumible para cualquier candidato sensato; pero simplemente se desvanece cuando el pegamento solo se activa para la investidura y desaparece en todo lo demás: Sánchez no tiene el apoyo de los ciudadanos; pero además carece del del Parlamento, lo que le convierte en un presidente ilegítimo, aferrado al cargo por las lagunas del legislativo para prever una situación tan insostenible, fruto en exclusiva de la ausencia de límites morales, éticos, institucionales y políticos del personaje.

Aragón suele anticipar una tendencia nacional, aunque en este caso simplemente la confirma: con la excepción de sus dos pírricas victorias en las Elecciones Generales de 2019, repetidas en pocos meses por su deseo de distanciarse de Podemos para finalmente gobernar con ellos; el líder del PSOE está cerca de ser el segundo presidente más longevo desde 1978 pese a ser despreciado una y otra vez por las urnas, con él al frente o con sus delegados en comicios autonómicos, municipales y europeos.

La anomalía que supone gobernar sin ganar, contra el Poder Judicial y sin el Poder Legislativo no puede eternizarse sin deteriorar los mismos cimientos de la democracia. Y la excusa de que son elecciones distintas cae por su propio peso: en las nacionales también se repite el mismo infortunio para los socialistas y por eso solo gobiernan nominalmente y cuando se lo permiten Puigdemont, Otegi o Junqueras. Y nunca para nada nuevo.

El escrutinio aragonés, en fin, consolida el abismo entre quien ostenta el poder y lo que exigen los ciudadanos, un antagonismo que debe resolverse en favor de los segundos, y no con un presidente artero y atrincherado que escapa, con todo tipo de trampas, de todos los controles democráticos para hacer de su supervivencia el único objetivo evidente.

En ese sentido, PP y Vox tienen razones para felicitarse, pero también para reflexionar sobre qué pueden y deben hacer para parecerse a sus votantes, todos ellos conjurados en la necesidad de un relevo. Ninguna cuita competitiva entre las dos formaciones debe arruinar el objetivo que dicen compartir y que, sin duda, sienten sus seguidores. Ese mensaje también es claro y han de encontrar la manera de aplicarlo.