Al presidente del Gobierno le ha salido mal la jugada. El poder judicial ha resultado ser más duro de pelar de lo que esperaba y, a diferencia de otras piezas más maleables, resiste con bravura los asaltos a su independencia. ¡Benditos sean esos magistrados que no se dejan manipular! En ellos reside nuestra esperanza de conservar lo esencial de esta democracia maltrecha.

Desde el arranque de su mandato, Sánchez se propuso someter la Justicia a su control. Le iba en ello la supervivencia, dado que el respaldo de sus socios separatistas dependía de su capacidad para hacerles concesiones difícilmente compatibles con el marco legal vigente. De ahí su empeño en aupar a la presidencia del Tribunal Constitucional a Cándido Conde Pumpido, fiscal jefe de Zapatero durante la negociación con ETA, quien ha pasado a la historia de la infamia por esta frase pronunciada en el marco de ese proceso: «El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino». Del polvo ensangrentado por el que arrastró Pumpido su toga vino el lodo al que los socialistas denominan «paz», cuyo precio es la humillación constante de las víctimas y las ventajas vergonzantes otorgadas a los terroristas. Ahora que es preciso culminar esa indignidad acordada con Bildu y saldar la deuda contraída con ERC, el Gobierno necesita desesperadamente un TC dispuesto a comulgar con ruedas de molino. Un TC pervertido con gente como el juez Ricardo de Prada, la otra gran apuesta de los ‘progresistas’, célebre por su benevolencia con los etarras y por haber tumbado al Ejecutivo de Rajoy con unas afirmaciones introducidas en la sentencia de la supuesta caja B del PP que el Supremo consideró excesivas e improcedentes. Esos eran (y, a tenor de lo que sabemos, siguen siendo) los dos candidatos de Sánchez al órgano responsable de interpretar nuestra Carta Magna. La urgencia aducida para proceder cuanto antes a su designación nunca fue garantizar el buen funcionamiento del tribunal, sino introducir a esos caballos de Troya en un bastión fundamental de nuestro Estado de derecho. De ahí la presión extrema ejercida sobre los integrantes del CGPJ, responsables de elegir simultáneamente a otros dos togados. Antes paralizar decenas de nombramientos indispensables para el funcionamiento en la justicia, e incluso torpedear la renovación del propio Consejo, que renunciar a esos dos peones tan dispuestos a mancharse la toga, fue la consigna sanchista. Lo que no esperaba era toparse con la horma de su zapato. El «no es no» que le han dicho.

Si Feijóo no se deja embaucar y es fiel a la palabra dada, negociará nombres que no ofendan a la razón ni a la decencia, para proceder a un desbloqueo que Europa demanda con la misma determinación con la que exige que se devuelva a los jueces la potestad de gobernarse sin injerencias políticas.