El presidente termina otro año sin haber convocado el Debate sobre el Estado de la Nación en el Congreso, y ya van tres consecutivos. De hecho, Pedro Sánchez no ha celebrado ninguno en esta legislatura y tampoco ha dado ninguna muestra de que tenga previsto hacerlo a la vuelta de sus vacaciones de Navidad. El último tuvo lugar en julio de 2022 y fue, además, el único con Sánchez como presidente en sus más de siete años y medio en la Moncloa.

Puede hacerlo, porque existe un vacío: ni la Constitución ni el Reglamento de la Cámara Baja contienen una previsión expresa sobre su celebración. Pero lo más llamativo es que los socialistas se comprometieron a reformar ese Reglamento para establecer la obligación de que haya un Debate sobre el Estado de la Nación al año, de manera que su convocatoria no dependa de la voluntad del presidente de turno. Que en este caso es nula.

En concreto, el Gobierno incluyó ese compromiso en el Plan de Acción por la Democracia que el Congreso de Ministros aprobó en septiembre de 2024, supuestamente para «reforzar la limpieza de nuestra democracia y dotar de mayor transparencia al ecosistema de los medios de comunicación con el fin de garantizar una información veraz», en palabras del ministro Félix Bolaños. En realidad, era una respuesta al caso Begoña, que había estallado medio año antes, provocando la espantada de Sánchez durante cinco días de abril.

En ese plan, el Ejecutivo explicaba los beneficios de celebrar un Debate sobre el Estado de la Nación al año: «Se considera oportuno dar estabilidad a este mecanismo de transparencia y rendición de cuentas del Gobierno».

La proposición de ley del PP

No es solo que los socialistas no hayan hecho avances en un año y medio. Además, tienen bloqueada en el Congreso -mediante sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas parciales- una proposición de ley que el PP registró a este respecto en noviembre de 2024. En ella, los populares denunciaban: «Esa situación que ha permitido al Gobierno ampararse en la falta de regulación constitucional y reglamentaria de este importante debate de rendición de cuentas para eludir su presencia en el Parlamento debe cambiar (…). Esta figura parlamentaria goza de una singularidad que merece un tratamiento normativo expreso que institucionalice tanto la obligación de su celebración como el posterior control por parte del Congreso de las resoluciones aprobadas como consecuencia de su celebración». Por lo que proponían hacer obligatorio este debate de política general una vez al año, con la excepción de los años de elecciones generales.

Sánchez suele presumir de lo mucho que comparece en las Cortes, pero esa no es la realidad. Antes del parón navideño, tanto Yolanda Díaz como el PP solicitaron que compareciera de manera urgente en el Congreso para explicar las últimas detenciones (de Leire Díez, un expresidente de la SEPI y Antxon Alonso) y los registros en dos ministerios y en empresas públicas. Se negó y no está previsto que lo haga hasta bien entrado febrero. Por lo que respecta al Senado, el presidente lleva sin ir a una sesión de control al Gobierno desde marzo de 2024. Ni siquiera se ha dado por aludido después de que la Cámara Alta aprobara en junio una reforma de su Reglamento -con la mayoría absoluta del PP- que lo obliga a ir una vez al mes. En teoría.

El de reformar el Reglamento del Congreso para haber obligatorio el Debate sobre el Estado de la Nación no es el único compromiso de transparencia que ha quedado en papel mojado. Ninguna de las otras 30 leyes y reformas que contenía el Plan de Acción por la Democracia está hoy en vigor, como contó El Debate a mediados de noviembre -y no ha cambiado en este mes y medio-. Algunas ni siquiera han llegado aún al Consejo de Ministros como anteproyecto. Es el caso de la anunciada reforma de la Ley de Publicidad Institucional. También, de la reforma de la Ley de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar.

El presidente también se comprometió a una reforma de la Ley sobre Financiación de los Partidos Políticos para establecer auditorías obligatorias si la financiación pública de estos supera los 50.000 euros y reducir a 2.500 euros la cifra a partir de la cual tienen que publicar y explicar una donación. Al respecto, solo hay un borrador elaborado por el Ministerio de Félix Bolaños, que no ha sido elevado al Consejo de Ministros para una primera lectura. El Debate lo desveló en febrero: es parcialmente ad hominem contra Vox porque pretende dificultar las formas de financiación extranjera y por la vía del merchandising, que son dos recursos utilizados por el partido de Santiago Abascal.

La mayoría de las leyes y reformas prometidas están en fase de anteproyecto, muy embrionaria. Es decir, el Consejo de Ministros ha aprobado un borrador que, después, tiene que ser sometido a los órganos consultivos y a los trámites públicos. Es el caso de la Ley de Administración Abierta, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado 8 de octubre. Lo irónico es que prevé extender el régimen de incompatibilidades y de obligaciones que ya rige para los altos cargos del Gobierno a buena parte del personal eventual que trabaja para este. Es decir, a los asesores. Sin embargo, el personal contratado para asistir a la familia del presidente, empezando por el que asiste a Begoña Gómez, quedará exento de la norma. El anteproyecto pretende habilitar un sistema de auditorías ciudadanas para el sector público estatal, después de los casos de corrupción en el Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos.

También está en la fase de anteproyecto la ley orgánica que ha de regular el derecho al secreto de los profesionales de la información -tras el caso del fiscal general del Estado- y de los prestadores de servicios de medios de comunicación. Y lo mismo pasa con la reforma de la ley que regula el derecho de rectificación, que el Ejecutivo pretende ampliar a medios digitales e influencers: el Gobierno tiene aprobado un anteproyecto desde diciembre de 2024.