- Lo que plantea Sánchez no es una protección al honor o a la intimidad de los ciudadanos. En realidad, quiere instaurar un proceso de censura y de amedrentamiento a los periodistas y especialmente a los editores
La mejor Ley de Prensa es ninguna. Eso era uno de los consensos de las democracias clásicas y liberales, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. En España, durante la Transición se planteó en varias ocasiones la necesidad de regular la actividad de los medios de comunicación social y, como aquella generación de políticos era más culta y más democrática que la actual, concluyeron que, efectivamente, la mejor Ley de Prensa es ninguna. Tanto el Código Penal, con los delitos de injurias y calumnias, como el Código Civil, con la protección del honor, la intimidad y el derecho de rectificación, protegieron sobradamente a los ciudadanos de los excesos, que por supuesto existen, de la profesión periodística y de los medios en general. Es más, la Ley de Protección de Datos vino a ampliar esa cobertura. Cualquier ciudadano que sienta vulnerados sus derechos en esa materia puede acudir a los tribunales e invocar esos textos legales. El Constitucional, además, interpretando varios artículos de la Carta Magna, especialmente el 20, también ha ido dictando doctrina al respecto.
Lo que plantea Sánchez, sin embargo, no es una protección al honor o a la intimidad de los ciudadanos. En realidad, quiere instaurar un proceso de censura y de amedrentamiento a los periodistas y especialmente a los editores. La libertad de expresión sufre cada vez que se cierra un medio y solo la atacan aquellos políticos incapaces de enfrentarse a la propia libertad y, sobre todo, a la verdad.
El problema de la comunicación social en España no es de los medios, es de aquellos políticos que se corrompen, es de aquellas autoridades que abusan del poder, es de los que arrasan con los contrapesos de la democracia, donde sobresale especialmente el trabajo de los periodistas.
Ya es preocupante que determinados periodistas, afines al sanchismo, y el entorno de Sánchez vengan a decir ahora quién puede y quién no puede informar. Además de ser inconstitucional, es un ataque directo a la línea de flotación del propio sistema democrático. Nosotros desde El Debate estamos muy tranquilos: tenemos el refrendo diario de más de un millón de lectores, una redacción con más de ochenta profesionales de la información y directamente del Gobierno central hemos recibido cero euros, pese a nuestra audiencia. Nuestro crecimiento ha sido el más espectacular en menos tiempo de la prensa digital española. No podrán decir lo mismo otros medios a los que, sin embargo, Sánchez protege con un mimo impropio de la neutralidad de la que presume.
Sánchez va a dar un paso más en su carrera por la demolición de la democracia en España. Le irrita que los medios de comunicación denuncien sus excesos. Todos los presidentes sufrieron situaciones semejantes. A nadie se le ocurrió tratar de amordazar a los medios.
Tiene una alternativa, ya existente en países como Francia o Gran Bretaña, prohibir, y por tanto sancionar, las filtraciones de jueces y fiscales (y muy especialmente de los fiscales). Que se lo diga a Álvaro García Ortiz, ya que, al fin y al cabo, ¿de quien depende la Fiscalía? Pues eso.