El anuncio hecho por Sánchez constituye un reto directo y sin ambages a los disidentes. Pero, al mismo tiempo, es una manera de llevar la pugna interna hasta límites de imprevisibles consecuencias para el PSOE. La crisis abierta en esta formación no tiene precedentes, ni siquiera en las etapas más débiles del PP o de los propios socialistas desde la Transición. Y ello es especialmente grave no sólo para el PSOE sino para el conjunto de la democracia española, dado su peso político y su tradición como partido de Gobierno.
El PSOE había aplazado desde febrero la convocatoria de un Congreso hasta que no se desbloqueara la situación política, y así lo aprobó su Comité Federal el pasado 2 de abril. La propuesta de Sánchez está pendiente ahora de ser ratificada o no por el Comité del próximo sábado, que es al órgano al que le corresponde hacerlo según los Estatutos del PSOE. Es evidente que Sánchez, lastrado por su debilidad orgánica ante las potentes federaciones críticas, busca atrincherarse en la decisión de los militantes. Su maniobra abre solo dos escenarios posibles en el futuro inmediato. O los barones, con Susana Díaz a la cabeza, respaldan su plan y aceptan las primarias y un nuevo Congreso al que Sánchez ya ha confirmado que se presentará; o bien tumban las intenciones de su líder, lo que podría suponer su dimisión y conduciría probablemente al partido a una gestora.
Ambas opciones son pésimas para el PSOE y certifican la situación límite a la que ha llevado Sánchez a su partido fruto de sus seis derrotas electorales consecutivas y de su empecinamiento personal en pretender liderar un «Gobierno de cambio» –ayer mismo insistió en esta idea– desde la escuálida base de los 85 diputados socialistas.
Los barones han rechazado en los últimos días, de forma más o menos explícita, la pretensión de convocar un Congreso. La federación andaluza, que defiende una convocatoria para refundar el partido pero siempre después de formar Gobierno, dio ayer un paso más y exigió la cabeza de Sánchez. «No es el momento de celebrar un congreso, sino de asumir responsabilidades políticas», aseguró el secretario de Organización del PSOE andaluz. Es una postura similar a la de la federación castellano-manchega, convulsionada por la decisión de Podemos de romper el pacto que aupó a García-Page a la Presidencia de esta comunidad. Y, dado que Podemos ha amagado con hacer lo mismo en Extremadura y Aragón, el episodio de Castilla-La Mancha acentúa la certeza de los barones de que la posición de Sánchez es ya un lastre para sus propios intereses. Y, en el caso de Susana Díaz, además de su conocida alergia a las primarias, se suma el hecho de que las planteadas por Sánchez coincidirían prácticamente con la celebración del Debate sobre el estado de la Región, que ha convocado para el 19 de octubre.
Sánchez no quiso contestar si piensa dimitir si el Comité Federal no le apoya en su huida hacia delante. Pero, teniendo en cuenta que ha sido él quien ha subrayado el extraordinario calado de la discusión que azota al PSOE, quedaría en una posición insostenible si el sábado no recibe el respaldo del máximo órgano socialista entre congresos. Su propósito, recurriendo al manido concepto de la democracia interna, es que sean los militantes los que diriman el conflicto que mantiene con los barones. Está convencido de ganar, pero su plan aboca al PSOE a abrirse en canal en una coyuntura de inestabilidad por la falta de Gobierno.
En todo caso, el hundimiento en los comicios de Galicia y Euskadi, en los que el PSOE quedó relegado a tercera y cuarta fuerza política, respectivamente, han sellado el fracaso de la estrategia de Sánchez, empeñado en un pacto imposible con Podemos, lejos de su tradicional filosofía moderada y reformista. Esta es la cuestión de fondo que flotará el sábado sobre un Comité Federal que mostrará de forma descarnada su profunda fractura interna.