Comparece hoy en el Congreso Pedro Sánchez para dar explicación de un asunto que no la tiene: el descabello y arrastre de los servicios de Inteligencia del Estado, es decir, del CNI. Su presencia ante la Cámara es complicada: ha destrozado —a través de las torpes gestiones, por razones distintas, de Robles y de Bolaños— la reputación del Centro Nacional de Inteligencia al entregar la cabeza de su directora y secretaria de Estado, Paz Esteban, sin haber logrado antes pacificar su relación con sus sedicentes socios parlamentarios de ERC, excitados aún más porque el Tribunal Supremo revisará el fondo jurídico de los indultos que el Gobierno otorgó a los dirigentes políticos y sociales del golpe constitucional de octubre de 2017. Sánchez comparece en una situación política calamitosa y con las encuestas electorales más adversas. 

Las tácticas gubernamentales han dejado herida de muerte la ley del CNI de 2002 con la colaboración de los mencionados ministros y la indispensable de Meritxell Batet, presidenta del Congreso, al alterar ‘manu militari’ las mayorías vigentes durante más de tres décadas para dar acceso a la comisión de control de fondos reservados a los partidos enemigos jurados del Estado: EH Bildu y los secesionistas catalanes, la CUP incluida.

Lo que el presidente del Gobierno ha logrado es extraordinario: practicar una lobotomía al Estado al afectar a uno de los lóbulos de su cerebro, aquel que recogía información crítica para defender al país de riesgos y amenazas a su integridad y al orden constitucional, previa autorización judicial cuando para ello hubiera que afectar a los derechos fundamentales, a la privacidad de las comunicaciones y a la inviolabilidad del domicilio, casos en los que el magistrado del Supremo autorizante acota los plazos habilitados por la ley y motiva la resolución. 

La información de los servicios de Inteligencia —quede claro— tiene, según la norma del CNI, un solo destinatario: el Gobierno y su presidente en particular, a través de la ministra de Defensa. Y no se trata de una información sobre la comisión de delitos, sino sobre riesgos y amenazas. Si, además, se detectan indicios de criminalidad, el CNI debe trasladarlos a la policía para que advere esas investigaciones y los jueces instruyan la causa y los tribunales intervengan. Las informaciones del CNI nunca pueden ser consideradas pruebas procesales en unas diligencias de carácter penal, como ya ha establecido la Sala Segunda del Supremo, de tal forma que los funcionarios de los servicios de Inteligencia no son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en consecuencia, no pueden actuar como tales. Deben hacerlo conforme establece su ley de 2002.

No quedan ahora demasiadas alternativas, una vez que la utilidad del CNI —tanto en España como internacionalmente— ha quedado deteriorada de manera incompatible con el ejercicio de sus funciones. Porque en este asunto, el Gobierno —y en particular Sánchez, Robles como ministra de Defensa y Bolaños de Presidencia, y antes como secretario general de la Moncloa— lo ha hecho todo mal. 

Muy en particular, desvelar precipitadamente que los móviles del propio presidente, de la ministra de Defensa y del ministro de Interior habían sido ‘hackeados’ por el método de espionaje israelí Pegasus. Que tuviéramos conocimiento de tal intrusión mediante rueda de prensa en plena polémica por las escuchas a varios dirigentes independentistas catalanes sugiere, por una parte, que el Gobierno quiso victimizarse para igualarse con los supuestos afrentados independentistas, y que, por otra, era la excusa perfecta para cargarse a la directora del CNI, Paz Esteban, y así tratar de aplacar a los que el magistrado Pablo Lucas autorizó intervenir temporalmente sus comunicaciones telefónicas.

Es patente que la que debió ser cesada o renunciar era la ministra de Defensa, Margarita Robles, a cuyo ministerio está adscrito el CNI, lo que le confiere la responsabilidad última sobre sus actividades, y el que debió renunciar o ser cesado también era Félix Bolaños, porque el espionaje al presidente del Gobierno se produjo en la primavera de 2021, cuando él era secretario general de la Presidencia. Como contestó el Gobierno por escrito a una diputada de Vox el 21 de septiembre de 2020, “la seguridad integral (física o de comunicaciones, entre otros) del presidente del Gobierno depende del Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno, tanto en el complejo de la Moncloa como en cualquier desplazamiento” (el documento se reproduce en la edición nacional del diario ‘ABC’ del pasado 12 de mayo, página 17). Ese departamento y en esa fecha dependía de Bolaños. 

Antes o después, tras la neutralización de un lóbulo del cerebro del Estado, habrá que reconstruir el destrozo. Este Gobierno no está en condiciones de hacerlo, porque nadie le va a secundar en la reforma de la ley o en la aprobación de una nueva sobre las actividades del CNI, que ha sufrido un daño casi irreparable. Institucionalmente, esta ha sido la actitud más irresponsable y frívola del Gobierno, que no va a tener otra que desclasificar las autorizaciones judiciales que permitieron intervenir las comunicaciones de los dirigentes secesionistas. Sánchez no va a suturar la herida. Va a tener que meter más el bisturí. Porque si no lo hace, lo que hoy es una crisis con sus socios se convertirá en una ruptura. 

Por lo demás, ya sabrá el Gobierno —por mucho que sonría mi estimada Isabel Rodríguez en las ruedas de prensa como portavoz del Gobierno— que enviar a un juez central de la Audiencia Nacional una denuncia sobre las intervenciones de los teléfonos de Sánchez, Robles y Marlaska es un brindis al sol. Tanto como la investigación similar que se tramita desde hace más de año y medio en el Juzgado n.º 32 de Barcelona sobre las escuchas al que fuera presidente del Parlamento catalán Roger Torrent y al actual concejal de ERC en la Ciudad Condal Ernest Maragall. En definitiva, en la Moncloa son conscientes de que este asunto no podía haberse gestionado peor y que no tiene arreglo. No es el único error de gestión, pero sí de especial importancia, porque ha dejado discapacitado al Estado.