El Gobierno salvó ayer miércoles in extremis, y gracias a una muy oportuna caída del sistema de votación que le permitió un precioso tiempo extra de negociación, dos de los tres decretos leyes que presentó para su aprobación en el Congreso de los Diputados.
Lo hizo gracias a una estratagema de Junts, que se abstuvo de votar, permitiendo así la aprobación de los textos por sólo un voto de diferencia.
El tercero de los decretos, que afectaba al subsidio de desempleo y que llegaba al Congreso patrocinado por Yolanda Díaz, fue rechazado gracias al voto en contra de Podemos, que venga así su marginación en Sumar y que obliga a la ministra de Trabajo a negociar con Ione Belarra la reescritura del texto si pretende aprobarlo en el futuro.
Junts sólo dio su brazo a torcer tras una larga jornada de negociaciones y a cambio de un precio que cualquier gobierno razonable habría considerado inasumible. Son ocho medidas que vacían todavía más las competencias del Estado en Cataluña y que le permiten a Sánchez salvar los muebles a cambio de la entrega de la casa.
La mayor de esas concesiones es la entrega de las competencias de inmigración a la Generalitat precisamente en el momento en el que Junts ha emprendido una campaña xenófoba que le ha llevado a acusar de los malos resultados de los escolares catalanes en el informe PISA a la inmigración.
Recordemos también que hace un mes varios alcaldes de Junts del Maresme exigieron la expulsión de Cataluña de los delincuentes multirreincidentes extranjeros.
El perímetro de la cesión del control de la inmigración deberá ser concretado ahora en una ley orgánica, pero Junts ya habla de «control total». Algo que pondría en manos del independentismo el control de fronteras, como si Cataluña fuera una nación independiente, y la capacidad de determinar cuántos inmigrantes se acogen en la región, en qué condiciones y, sobre todo, qué se hace con aquellos que sean rechazados.
El pacto con Junts incluye también la publicación de las balanzas fiscales, una vieja reivindicación del nacionalismo con la que este pretende demostrar su vieja tesis de que España «roba» a los catalanes y que parte de una falacia elemental: la de que son los territorios los que pagan impuestos ‘globalmente’, no los ciudadanos.
La publicación de esas balanzas, una herramienta que ningún economista serio considera relevante en un país que aspira a la redistribución de sus recursos desde las comunidades más ricas a las más pobres, servirá sin embargo al nacionalismo para apoyar su siguiente reivindicación: la cesión del 100% de los impuestos, que es tanto como decir el fin de las políticas redistributivas en España en beneficio de Cataluña.
La tercera cesión relevante es el blindaje de la amnistía mediante la supresión del artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que el Gobierno consideraba innegociable dado que se trata de una exigencia de la UE, y que según los nacionalistas permitiría paralizar la aplicación del perdón gubernamental si se presentara una cuestión prejudicial contra la ley en el Tribunal de Justicia de la UE.
La realidad es que la mayoría de los juristas considera que esa paralización es obligatoria y automática, con o sin artículo 43, dado que se trata de una cuestión «pacífica», que es como se denomina jurídicamente a aquellas que se consideran «fuera de debate». La eliminación del artículo 43 evidencia en cualquier caso hasta qué extremos está dispuesto a llegar el PSOE para complacer a Carles Puigdemont.
El PSOE también ha aceptado reformar la Ley de Sociedades de Capital para «permitir» que las empresas que huyeron de Cataluña en 2017 vuelvan a la región.
A falta de concretar cuál será la vía escogida por el Gobierno para «facilitar» esa vuelta, la de las sanciones o la de los incentivos, este diario reitera lo defendido en un anterior editorial: tanto la una como la otra son radicalmente inaceptables en una democracia de libre mercado que aspira a esa «seguridad jurídica» de la que el Ejecutivo se vanagloria.
El resto de las concesiones, menores en comparación con las anteriores, son la rebaja del IVA del aceite al 0%, el incremento del presupuesto destinado a la digitalización de la Justicia (de 1,2 a 6,2 millones de euros), el reconocimiento de los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local y la asunción por parte del Estado del coste de los descuentos y las bonificaciones al transporte público.
Si algo quedó demostrado ayer es que, como ya ha advertido este diario en varias ocasiones, la legislatura va a convertirse en un via crucis para un Sánchez que sólo podrá salvar sus leyes y decretos con cesiones desorbitadas que vaciarán de contenido al Estado en Cataluña y que cargarán sobre la espalda y los bolsillos del resto de los españoles el coste de los votos de Junts. Si el ‘vietnam’ de ayer no convenció al Gobierno de que gobernar en estas condiciones es inviable, nada lo hará ya.