El Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado una decisión que aleja a España de las democracias occidentales en pro de una teocracia islamista.
Al prohibir el uso de las bases de Rota y Morón para los aviones cisterna estadounidenses durante la Operación Furia Épica (la ofensiva lanzada este sábado, 28 de febrero, contra el régimen iraní), España se ha convertido en el único país occidental relevante que se desmarca claramente de Washington.
Desde el punto de vista jurídico‑constitucional y del Derecho internacional, Trump debería haber buscado como mínimo la autorización del Congreso de su país o el paraguas de la OTAN para una operación de esta envergadura.
Pero también es cierto que la operación militar responde a la amenaza de un Irán que avanzaba hacia el umbral nuclear, financiaba el terrorismo global a través de Hezbolá, los hutíes y las milicias chiíes, y reprimía con crueldad a su propio pueblo.
Frente a esta realidad, la reacción del Ejecutivo español ha sido inequívoca. Pedro Sánchez ha calificado los ataques como “un atropello a la legalidad internacional” que “contribuye a un orden internacional más incierto y hostil”.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha dicho: “No se van a usar las bases de soberanía española para nada que no esté dentro del convenio con Estados Unidos y la Carta de Naciones Unidas”.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido todavía más taxativa: “Rotundamente no, en las bases de Morón y Rota no se ha dado ningún tipo de asistencia”.
Solo se permitirá, ha añadido, apoyo humanitario.
Estos argumentos, formalmente impecables, son en la práctica insostenibles.
Primero, porque el Convenio de Cooperación para la Defensa de 1988 nunca ha exigido una resolución expresa de la ONU para operaciones de los aliados en defensa propia o colectiva. De lo contrario, la OTAN no habría actuado en Kosovo, Libia o contra el ISIS.
Segundo, porque equiparar la acción preventiva contra un régimen teocrático que persigue la bomba atómica y masacra a sus mujeres y disidentes con una “agresión unilateral” ignora la naturaleza del adversario.
Tercero, porque el resultado tangible es uno solo: los KC‑135 y KC‑46 estadounidenses han abandonado Rota y Morón rumbo a Ramstein, Mildenhall o Istres.
Eso complica la logística aliada de una forma que ninguna apelación a ese Derecho internacional que jamás ha logrado detener a los ayatolás puede justificar.
Cuarto, porque el hecho de que Reino Unido, Francia y Alemania, tres de las principales democracias del planeta, hayan decidido apoyar la operación en distintos grados cambia el escenario y coloca a España frente a un dilema insoslayable que no puede esquivarse con apelaciones retóricas al «diálogo».
España podría, de hecho, haber mantenido una actitud favorable a la desescalada, como ha hecho Italia, sin privar a los Estados Unidos de las capacidades logísticas de las que dispone en España.
La consecuencia geopolítica es evidente. Mientras Reino Unido autoriza el uso de sus bases, Francia y Alemania endurecen su discurso contra el programa nuclear iraní (Macron, de hecho, ha anunciado que aumentará su arsenal nuclear), y Canadá o Australia respaldan la necesidad de contener a los ayatolás, España aparece como el gran ausente del núcleo atlántico.
España, de facto, se ha situado más cerca de la posición de Turquía (cuyo presidente Erdogan expresó «tristeza» por la muerte de Jamenei) que de nuestros socios de la OTAN y la UE.
Más cerca, incluso, del relato de Rusia y China, que han condenado los ataques y que mantienen su apoyo político y material al régimen iraní.
Y prueba de ello es la complacencia iraní, que ha felicitado a Pedro Sánchez en las redes sociales a través de la embajada de Irán en España.
La española es una soledad autoimpuesta que ningún Gobierno democrático occidental relevante comparte. Y por eso el Partido Popular, a través de Alberto Núñez Feijóo, ha señalado con rigor el error. Sánchez “pone en riesgo los intereses de España” y aleja a nuestro país de “las democracias liberales” ha dicho el líder popular.
Feijóo ha exigido también “claridad moral”.
La crítica popular es fundada. La defensa de la “legalidad internacional” como coartada para la inacción ha sido, históricamente, el refugio de los apaciguadores.
Las implicaciones para España son serias. La confianza de Washington (ya erosionada por los vaivenes de España respecto a la inversión del 5% del PIB en Defensa, al que primero se comprometió Sánchez y al que luego se negó) se ha quebrado.
Pedro Sánchez ha elegido priorizar una falsa equidistancia por encima de los intereses nacionales y la solidaridad atlántica. Pero esta decisión no es un gesto «moral».
Es un error estratégico que nos aísla, que nos debilita y que nos devuelve a aquellos tiempos de la Transición en los que Adolfo Suárez intentó una política exterior de «neutralidad activa» que pretendía reafirmar la occidentalidad de España sin quedar automáticamente subordinada al eje Washington‑OTAN en plena Guerra Fría.
Una política de «neutralidad» que se tradujo en la participación de España en la cumbre de Países No Alineados de La Habana en 1979 y en el mantenimiento de la herencia franquista de buenas relaciones con el mundo árabe y el Tercer Mundo, con gestos como el reconocimiento del Frente Polisario y la visita de Arafat a España en 1979.
Pero la España de hoy no puede permitirse el lujo de quedar aislada del bloque de las democracias para languidecer, aislada, en un limbo de nadie entre la OTAN, la UE y Estados Unidos, y el bloque formado por China, Rusia, Irán y el Sur Global.