La insinuación de Pedro Sánchez de que el Poder Judicial actúa en connivencia con el PP para dañar al Gobierno no es incoherente con los ataques que tanto el PSOE como sus socios parlamentarios han dedicado a la judicatura durante los últimos meses.
Pero sí demuestran que la estrategia de supervivencia del jefe del Ejecutivo pasa hoy por escalar un peldaño más en la estrategia de confrontación con los jueces.
Durante la conversación informal que el presidente mantuvo ayer miércoles con periodistas en la tradicional copa de Navidad en la Moncloa, el presidente aseguró que la oposición «juega con las cartas marcadas».
«Y eso me preocupa», añadió a continuación.
Luego, el presidente del Gobierno ‘concedió’ el liderazgo de la oposición a Isabel Díaz Ayuso y acusó a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, de manejar información reservada. «Tengo esa sensación» dijo frente a la prensa.
Habría sido conveniente que el presidente, ante quien responden y a quien informan el Ministerio del Interior, el CNI, las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y la Fiscalía, concretara en qué consiste y en qué se basa esa «sensación».
Porque resulta difícil creer que la oposición, y más si esta actúa desde el limitado ámbito de actuación de una simple administración autonómica, por mucho que sea la de la Comunidad de Madrid, maneje mejor información que el presidente del Gobierno.
Pero si las palabras del presidente son peligrosas no es sólo porque supongan un nuevo torpedo a la línea de flotación del Poder Judicial, sino porque insinúan un contubernio entre la oposición del PP y uno de los tres poderes del Estado, el Judicial, en contra de los otros dos, el Ejecutivo y el Legislativo.
Esa insinuación fue de hecho confirmada ayer por Patxi López, portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, cuando este afirmó que el PSOE está siendo «acosado» por «algunos jueces». Una afirmación, de nuevo, coherente con la idea que circula hace tiempo off the record en el entorno del Gobierno de que el Supremo está boicoteando la presidencia de Pedro Sánchez al negarse a aplicar la amnistía a Carles Puigdemont.
Si el presidente, en cualquier caso, tiene pruebas de esa connivencia, que las presente en el juzgado de guardia.
Pero si no las tiene, y sus denuncias se basan en un mero pálpito personal, este diario le recomendaría a Sánchez no tensar más las costuras de la arquitectura institucional española con acusaciones que están muy lejos de estar probadas.
Sánchez afirmó luego durante su charla con los periodistas estar dispuesto a reunirse con Carles Puigdemont, es de suponer que en su refugio en Bruselas. No hace falta señalar el daño que esa reunión del presidente de una democracia constitucional con un prófugo de la justicia tendría en la imagen de España en todo el mundo.
Pero ese es el pago que Sánchez ofrecería al líder de Junts a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado y que le permitiría al presidente del Gobierno atrincherarse en la Moncloa hasta 2027, incluso aunque el resto de sus socios parlamentarios dejaran caer todas sus iniciativas en el Congreso de los Diputados.
La estrategia del presidente está ya a la vista de todos. Ataques contra el Poder Judicial y la oposición como bomba de humo con la que camuflar los casos de corrupción que afectan a su círculo personal y político más cercano, y concesiones extraordinariamente gravosas tanto en lo simbólico como en lo material frente a los independentistas.
Ni eso es un proyecto de gobierno ni España goza de la fortaleza y la estabilidad económica, política y social necesaria para soportar tres años más de tensión extrema.