La entrevista de este lunes en La 1 de TVE ha permitido ilustrar que Pedro Sánchez es el presidente más averso a la rendición de cuentas que se recuerda.
A ello se ha prestado también la complicidad de la entrevistadora.
Porque el interrogatorio de Pepa Bueno venía siendo incisivo en líneas generales, empezando incluso con un reproche a Sánchez por haber tardado un año en someterse a una nueva entrevista. Pero, hacia el final, la nueva presentadora del telediario ha echado por tierra este escrutinio al trasladarle al presidente que «está siendo víctima de una campaña de deshumanización extraordinaria».
Es decir, ha asumido el argumento troncal con el que Sánchez justifica su victimismo. Que es a su vez el que invoca para legitimar su uso discrecional de la potestad presidencial y la retención del poder a toda costa.
Pepa Bueno ha puesto el toro en suerte para que Sánchez pudiera volver a vituperar a Isabel Díaz Ayuso como responsable última de la instigación de los insultos que se vierten contra él. Y así, poder alegar que la polarización en España es «asimétrica», soslayando que fue él quien acuñó la teoría del «Muro» en su discurso de investidura.
Gracias a este salvavidas, ha podido descartar su propia responsabilidad en el cultivo del clima de crispación que nos aflige.
Y esto, zafarse de las responsabilidades que le competen como presidente del Gobierno y líder del PSOE en las materias que tiene encomendadas, ha sido el leitmotiv de sus respuestas. Tanto para las deficiencias en la gestión de los incendios estivales (que ha achacado en exclusiva a la «emergencia climática»), como para las investigaciones por corrupción a los dos secretarios de Organización que nombró.
Sobre este extremo, al ser preguntado qué responsabilidades asume en los casos de Ábalos y Cerdán, el presidente no ha podido acreditar ninguna más allá de haber dictaminado la expulsión de ambos del partido. Como si ello supusiera pagar algún coste por su reiterada negligencia.
El hecho de que Sánchez haya respondido a una demanda de naturaleza estrictamente política con una confesión que le atañe sólo en el plano particular («me he llevado una decepción personal») se inscribe en la sintomatología egotista que el presidente ya ha acusado en muchas ocasiones anteriores.
Al igual que cuando se la ha preguntado si es deseable que el fiscal general siga en su puesto. Se trata de una cuestión objetiva: supone un desdoro para la institución que el garante de la legalidad en España sea un presunto delincuente. Pero Sánchez ha despachado el problema con una nueva apreciación personal: no debe dimitir porque «creo en su inocencia».
No deja de ser irónico en este sentido que haya concedido la presunción de inocencia a Ábalos y Cerdán, a la vez que ha decretado tajantemente la inocencia de su esposa, su hermano y el fiscal. Permitiéndose además sentar cátedra sobre la «falta de consistencia en cuanto a la carga probatoria» y los «procesos defectuosos tanto en el fondo como en la forma» de los «jueces que hacen política».
Esta visión desaforadamente personalista de la acción política que exhibe Sánchez es la que late también bajo su desprecio al control parlamentario. Y es que los Presupuestos Generales del Estado constituyen (por mucho que el presidente trate de rebajar su importancia al decir que «son sólo un instrumento»), la principal instancia de rendición de cuentas del Gobierno ante los representantes de los ciudadanos.
Con indisimulada ligereza, Sánchez ha aclarado que si el Congreso no le aprueba los Presupuestos, «seguiremos con los mismos».
Esta afirmación, que podría parecer inocua, entraña un inquietante desdén por los mecanismos más básicos de supervisión del poder en una democracia parlamentaria.
Porque aseverar que «si la Cámara tumba esos Presupuestos, eso no significa que el Gobierno no vaya a seguir manteniendo su hoja de ruta» significa que a Sánchez le es totalmente indiferente que el Congreso no convalide sus cuentas. Lo cual es en realidad coherente con su adagio de «gobernar con o sin el concurso del Legislativo».
La pregunta entonces es qué sentido tiene presentar los Presupuestos, tal y como se ha vuelto a comprometer a hacer este lunes, si hará la misma política con o sin ellos. ¿Ha cambiado entonces el presidente su criterio del pasado marzo, cuando la portavoz del Gobierno sentenció que presentar los Presupuestos sin garantías previas de que prosperasen sería «hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y a los ciudadanos»?
La única respuesta es que la maniobra funge de pantomima para maquillar la flagrante devaluación que Sánchez está infligiendo a la democracia española con su retorcimiento de la disciplina constitucional más elemental.