A Pedro Sánchez le ha tocado gobernar en tiempos convulsos. Primero fue la pandemia, esa que no hemos dejado atrás pese a las prisas de algunos. Ahora, la salvaje agresión de Putin a Ucrania y la fenomenal crisis que ha desatado. Pues bien, no puede decirse que la gestión presidencial haya brillado en ninguna de las dos.
Sigo sin entender cómo el Gobierno de coalición -si aún puede hablarse de tal- ha visto cómo se disparaban la luz y el gas, con el consiguiente efecto en los precios y en casi todas las actividades, y ha pretendido no mover ficha hasta conocer el desenlace de la cumbre europea de Bruselas, paso previo a la adopción de medidas el martes. La huelga de camioneros, el paro de la flota pesquera, los problemas en la ganadería, la agricultura y la industria, y la amenaza cierta de un estallido social le han forzado a cambiar el paso, aunque con nuevos errores.
Querer zanjar el conflicto de los transportistas sin contar con los autónomos, que fueron los primeros en ponerse en huelga y en salir a las carreteras, e incluso tildarles de ultraderechistas, no parece lo más adecuado. Por más que las organizaciones que se han sentado en la mesa con las ministras socialistas sean las que legalmente representan a los conductores.
Este conflicto se arregla con dinero. Un dinero que no le sobra a España, cuyo fortísimo endeudamiento le coloca en una situación muy complicada ante Europa en puertas de que nos corte el grifo y exija regresar al rigor económico. Esa Europa que no acepta desacoplar el precio del gas del de la luz, como pretende Sánchez, al que sólo apoyan los países del Sur. Y que es improbable que nos permita topar el precio de la energía. Como mucho podría autorizarnos el cobro de algún de recargo a las energéticas sobre los grandiosos beneficios que le están lloviendo del cielo con esta crisis, veremos si a fondo perdido o no.
No parece demasiado para parar la conflictividad que suele surgir cuando, como ahora, se unen una inflación desbocada, una crisis energética sin final a la vista y el lógico intento de los trabajadores por preservar su poder adquisitivo. Con semejante cuadro de situación, la ‘operación Sáhara’ perpetrada por Sánchez sin encomendarse a dios ni al diablo, pese a ser un claro asunto de Estado, aún resulta más incomprensible. Por razones éticas y políticas. ¿Con qué censo se iba a decidir la autonomía saharaui?
El presidente y el PSOE están más solos que nunca, sí. Pero ellos, sus socios de Unidas Podemos -ninguneados día tras día y haciéndose añicos internamente- y sus aliados de investidura saben que toca tragar y tirar hacia adelante porque carecen de alternativa. Unas elecciones podrían abrir la puerta a un Gobierno PP-Vox. Así están las cosas.