Luis Ventoso-ABC
- Tras pinchar con los jueces, ahora a por la libertad de información
El BOE no es el summum de la diversión. Pero todo español adulto debería esforzarse por leer la orden ministerial publicada ayer en el mismo bajo el título de «Procedimiento de actuación contra la desinformación». Cualquier ciudadano con un dedo de frente se quedará perplejo ante el tufo a Gran Hermano orwelliano que expele la norma, escrita por el ministerio de Carmen Calvo con una jerga eufemística que recuerda la de los burócratas de los más tristes experimentos totalitarios. Sánchez intentó cortarle las alas a la Justicia independiente. Pero el toque de atención de la UE lo obligó a dejar en barbecho su maniobra. Ahora les toca a los medios críticos, inaceptables para un Gobierno de reflejos autoritarios.
En este bodrio contra la libertad de expresión y prensa, pergeñado por Redondo -el gurú de Sánchez-, Calvo y Oliver -el secretario de Comunicación-, consiste en un plan para controlar la libre circulación de información. Se crea una «Comisión Permanente contra la Desinformación», de la que formarán parte hasta el CNI y el Consejo de Seguridad Nacional. Los medios privados estarán bajo el radar del nuevo censor público. Para justificar su cerco a la palabra libre, el Gobierno invoca supuestas directrices de la UE.
Entender la gravedad de la iniciativa es fácil. Basta una pregunta: ¿Quién va a decidir qué es mentira y qué es verdad? Pues el Gobierno. Y no cualquier Gobierno, sino uno extremadamente doctrinario y con una pésima relación con la verdad. Un ejemplo. Los informes del INE y el Instituto Carlos III muestran que en España han muerto más de 50.000 personas víctimas del Covid-19. Pero el Gobierno solo admite 38.118. Numerosos periódicos, y ABC de modo destacado, han venido denunciando que el Gobierno oculta más de doce mil muertos. Toda vez que se está discrepando de la verdad oficial, la nueva Comisión Permanente contra la Desinformación podría actuar acusando a los denunciantes de «fake news», cuando en realidad están dando a conocer al público una realidad ocultada por el poder.
ABC ha revelado los plagios de Sánchez en su tesis, pero el presidente los negó. Este periódico ha destapado cómo el presidente ha enchufado a su mejor amigo, creándole un cargo público a dedo, y a la mujer del mismo, premiada con otro, y a un tercer allegado más. La Comisión contra la Desinformación podría imponer su censura, toda vez que el Gobierno, que es quien fija la verdad, rechaza esas informaciones. El Ejecutivo rastreará además el flujo digital de medios y particulares, pretextando la búsqueda de «fake news», como ya encargó escandalosamente a la Guardia Civil en el primer estado de alarma. Y en la perversión absoluta, alega que todo nace para proteger «los pilares que sustentan las sociedades democráticas», cuando no existe democracia sin libertad de información y con censura.
Sánchez no conoce límites. La sociedad española, la oposición y sus acobardados compañeros de partido deben mostrarle que todavía existen.