EL GOBIERNO consumó ayer uno de los mayores ataques al Estado de derecho que se recuerdan en los 40 años del régimen constitucional que se inicia en 1978 y que estamos en vísperas de celebrar. Con las indicaciones políticas a la Abogacía del Estado para que cambiase su criterio en el escrito de acusación a los encausados en el procés–sustituyendo el grave delito de rebelión por el más leve de sedición–, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado en suspenso, para regocijo de los golpistas y de sus apoyos fuera de España, el principio esencial de toda democracia: la separación de poderes.

Porque plegándose a los deseos del Ejecutivo, los representantes del Servicio Jurídico del Estado crean un disolvente conflicto institucional al poner en entredicho la rigurosa instrucción del juez Llarena –un magistrado acosado reiteradamente por el nacionalismo desde Cataluña y desde determinados tribunales de Alemania y Bélgica– y la posición firmemente defendida por los cuatro fiscales del Tribunal Supremo, que nunca dudaron de que los hechos de septiembre y octubre de 2017 eran constitutivos de un claro delito de rebelión. Así, además, lo justifican en el escrito de acusación que la Fiscalía presentó ayer ante el Supremo, en el que describen una acción «combinada y sincronizada» entre las instituciones catalanas (el Parlament y el Govern de la Generalitat), los partidos que las sostenían (Junts pel Sí –coalición formada por la antigua Convergència y ERC– y la CUP) y las asociaciones soberanistas encargadas de movilizar a la calle (ANC, Òmnium y AMI), para consumar su objetivo de provocar una secesión territorial de Cataluña. Para ello, argumenta la Fiscalía, se valieron «de la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos y, por otra parte, el uso de los Mossos d’Esquadra como un cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos, que acataría exclusivamente sus instrucciones». No es casual que, en paralelo, también ayer la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde se instruye el caso contra Trapero, haya pedido para el entonces Mayor de los Mossos 11 años de prisión por un delito de rebelión. Y que la Fiscalía pida 25 años para el ex vicepresident, Oriol Junqueras, y 17 para Carme Forcadell, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, los cuatro máximos responsables de un golpe encaminado a subvertir el orden constitucional.

A pesar del cinismo y el descaro mostrado ayer por la vicepresidenta del Gobierno, que sin rubor alguno intentó convencer a la ciudadanía de que Sánchez no había cambiado de criterio sobre los supuestos delitos cometidos por el Govern de Puigdemont, lo cierto es que debido a la forma en que el líder socialista llegó a La Moncloa, le ha obligado a claudicar ante el Govern rebelde y a enviar un inequívoco mensaje político a Torra y sus aliados de ERC. Por eso, Carmen Calvo, cuya irresponsabilidad y arrogancia recuerdan cada vez más a las de cualquier líder populista, llegó a defender un posible indulto, si la sentencia fuese condenatoria, como única forma de compensar a sus aliados soberanistas. Justo el precio que han puesto para seguir sosteniendo a Sánchez en el poder, aun a costa de erosionar las instituciones democráticas del Estado, como recordó Pablo Iglesias tras su visita a Junqueras en la cárcel de Lledoners.

Esa es la única razón por la que se forzó el cambio de criterio de la Abogacía del Estado, cuya intención fue siempre acusar por el delito de rebelión, como demuestra el hecho de que preguntasen por él durante la fase de instrucción. Tras las directrices políticas del Gobierno, sin embargo, del escrito de acusación se borró el concepto de violencia, palabra que no aparece en ningún momento, para reducir los hechos a meros «incidentes contra el orden público». Pero no solo eso. Para rebajar de manera más espectacular aún la petición de penas, los abogados del Estado han utilizado una argumentación conocida como «concurso medial» que, en este caso, consiste en considerar que el delito de malversación fue solo un medio para perpetrar el más grave de sedición, por lo que el cálculo de la condena es más favorable a los encausados que si se contabilizasen los dos delitos por separado. En base a este argumento, para Junqueras solo se piden 12 años de prisión, frente a los al menos 16 que le corresponderían sumando los dos delitos de manera individual.

La grave crisis institucional abierta irresponsablemente por el Gobierno amenaza con socavar la credibilidad del Poder Judicial y debilitar la acción del Estado frente al más serio intento de destruir nuestra democracia, como anhelan populistas y nacionalistas. En solo cuatro meses, Sánchez ha perdido su legitimidad y debe convocar elecciones cuanto antes, para que sean los españoles los que decidan sobre su futuro.