El 17 de septiembre, con la epidemia enseñoreada por segunda vez de Madrid y el país entero temblando, el presidente del Gobierno anunció con gran pompa y circunstancia su disposición a verse con la de la Comunidad de Madrid. Hicieron falta seis meses de pandemia para comenzar una conversación que debió iniciarse en el mes de febrero y no interrumpirse desde entonces.

Los consultores de comunicación se tomaron cuatro días más para urdir el espectáculo impúdico de las 24 banderas (¿qué coño se celebraba exactamente?) y las promesas de hojalata de mutua lealtad y colaboración.

Poco duró el espejismo. Para empezar, la montaña parió un ratón: el fastuoso encuentro apenas dio para notificar que se formaría una comisión, como si sobrara el tiempo. Enseguida se comprobó que lo que en realidad se preparaba era el ring del siguiente asalto, en el que ya se ha prescindido de cualquier regla —empezando por las del pudor— y que ha mostrado un sórdido intercambio de golpes bajos para llegar, por el momento, a la escena surrealista del Consejo Interterritorial de Salud, en la que ambos buscaron emboscar al otro, y el tercero de a bordo —Aguado—, sacar petróleo de la melé.

Mientras, en cada uno de estos 15 días tirados a la basura, ha seguido creciendo la montaña de contagiados, hospitalizados y muertos sobre la que se escenifica el navajeo. ¿Quién ha vencido en el combate? Sin duda, el ganador indiscutible es el covid. La actuación —nunca mejor dicho— de Sánchez y de Ayuso contribuye objetivamente a intensificar la propagación de la peste. Simularon presentarse como aliados frente al virus y están demostrando ser los mejores aliados del virus. Es mucho pedir que remen en la misma dirección pero, al menos, cabría esperar que no usen los remos para romperse la cabeza a costa de nuestra salud.

La política empieza a degenerar cuando extravía su objeto y se convierte en un asunto de sujetos. El objeto en este caso es palmario, hacer retroceder el virus. Lo que enfáticamente se llama ‘salvar vidas’ (que parece ser lo que menos importa a los sujetos en pelea). Además de su coste intrínseco, los sucesos de Madrid merecen ser observados con atención porque en ellos se condensan, agigantados, todos los elementos que están conduciendo España al fracaso frente a la pandemia: sectarismo partidista, incompetencia en la gestión, desaliño institucional, desprecio por la ley y una buena dosis de imprudencia social.

Vamos al objeto. Ni siquiera puede sostenerse que las medidas publicadas en el BOE a modo de trágala político se correspondan con la situación real de la epidemia. Todos, expertos y gobernantes, saben que, a estas alturas, son poco más que un maquillaje paliativo: quizás adecuadas en el mes de julio, pero radicalmente insuficientes para el otoño negro en el que nos adentramos prácticamente indefensos.

Illa ha tenido que combinar tres criterios para conseguir la cuadratura del círculo: unas medidas aparentemente generales para todo el país pero diseñadas para que, en la práctica, solo se apliquen en Madrid. 500 contagiados por cada 100.000 habitantes. 10% de positivos en las pruebas diagnósticas. 35% de las camas de UCI ocupadas por el covid. Cada uno de estos indicadores por sí mismo justificaría sobradamente que se activara la emergencia en su grado máximo. Hacerlos concurrir no pasa de ser un truco de magia barata para fabricar un traje de madera a la medida de Ayuso.

Además, los topes son ridículamente elevados. Con porcentajes muy inferiores de contagios, de pruebas positivas y de ocupación de UCI, los países europeos han tomado ya medidas mucho más contundentes. De ahí el asombro generalizado de los gobiernos, los científicos y los medios del mundo entero ante la incuria de los dirigentes españoles.

A la escasa efectividad de las medidas para contener la pandemia en su nivel actual, hay que añadir su paupérrima base legal. Este Gobierno nos ha acostumbrado a hacer mangas y capirotes con el orden jurídico desde el primer día de su existencia, pero hasta ahora no había llegado al punto de inventarse un instrumento normativo inexistente (una ‘Resolución por la que se da publicidad a un acuerdo de un Consejo Interterritorial’) pretendiendo otorgarle valor de ley. Primero, porque tal acuerdo habría exigido unanimidad para existir. Y segundo, porque resulta insólita esa aportación al sistema vigente de fuentes del derecho.

El engendro publicado en el BOE autoriza, entre otras cosas, a restringir discrecionalmente al menos dos derechos fundamentales del Título I de la Constitución: el de libre circulación y el de reunión. Como observa José Ignacio Torreblanca, cabe preguntarse por qué fue necesario declarar el estado de alarma en marzo si todo aquello podía hacerse simplemente con una votación cogida por los pelos en una reunión de consejeros autonómicos.

Igual que intriga comprobar cómo se han evaporado en un santiamén todos los obstáculos legales, pretendidamente insalvables, que impedían a los alcaldes usar sus remanentes. O cómo se ha escamoteado, visto y no visto, el enojoso trámite de pasar por el Congreso la aprobación del techo de gasto y de los objetivos de déficit antes de presentar el Presupuesto. Si algo no puede negarse al Gobierno de Sánchez, es su virtuosismo en el uso alternativo del derecho.

Con todo, lo más impactante de esta crisis, el hecho diferencial de España, es constatar que una calamidad como la pandemia no solo no ha contribuido a amortiguar las tensiones políticas y la degradación institucional, sino que ha funcionado como su más potente acelerador. Lo contrario de lo que indicaría la razón política elemental. En lugar de parar la bronca para atender al monstruo que nos invadió, se recrudece la bronca para que el monstruo se sirva a placer.

Hay muchos motivos para sospechar que se está incubando una explosión de cólera social de alcance incalculable. Que nadie confíe en que esta vez la tragedia sanitaria y económica se atribuirá a la fatalidad o generará alguna clase de solidaridad con quienes están al timón. Solo los cipayos de uno y otro bando ignoran que hoy estamos como estamos por la infinita ineptitud y el egoísmo rapaz de quienes han tomado el Estado como cortijo, la sociedad como rehén y el covid como aliado. Infectar Madrid hasta las cachas para luego secuestrarlo a dos manos es solo la penúltima de sus bribonadas.