El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, han roto todos los puentes posibles para alcanzar cualquier tipo de acuerdo en el peor momento posible. Según fuentes del Gobierno y del PP, la desconfianza entre ambos ha llegado a tal punto que no es posible ni sentarse a hablar sobre hipotéticos acuerdos. A menos que uno de los dos cambie radicalmente su posición.

El penúltimo episodio ha sido el de la renovación de los órganos institucionales, especialmente el del Consejo General del Poder Judicial. Hubo contactos más o menos discretos durante el verano y un avance en el acuerdo que hizo creer que la renovación estaba cerca. El propio presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, suspendió los nombramientos judiciales ante la inminencia del acuerdo.

La Moncloa explica que Casado dio el OK al acuerdo con un wasap el 22 de julio y ahí arrancaron negociaciones que, según el presidente del Gobierno, llegaron al 99% del pacto. Es decir, con nombres sobre la mesa y un acuerdo casi cerrado. Por ejemplo, se proponía a Ángel Gabilondo como defensor del pueblo.

Siempre según la versión del Ejecutivo, Enrique López dio su visto bueno al acuerdo que suponía que el PP proponía 10 vocales y el PSOE otros 10 y un presidente de consenso. Los socialistas cedían vocalías a PNV y Unidas Podemos. La desconfianza del presidente hacia Casado llegó el 14 de agosto, cuando el líder del PP comunicó que no seguía adelante y se rompían las negociaciones. Se lo reiteró a Sánchez en persona el 4 de septiembre cuando se reunieron en la Moncloa.

El líder del PP ha justificado su decisión en la posición que tomó Unidas Podemos respecto a la monarquía y la imputación de parte de la cúpula de este partido en un sumario relacionado con sus cuentas. Y más recientemente, Casado ha añadido el rechazo al sistema de elección parlamentaria del CGPJ.

Sin embargo, esta objeción no fue planteada durante la negociación y, además, en 2019 hubo ya un acuerdo cerrado con Casado que se rompió por la renuncia de Manuel Marchena, que iba a ser presidente. En ese momento, el líder del PP tampoco objetó el sistema de elección. Añaden estas fuentes que el Gobierno aceptó crear una comisión que estudie posibles reformas a este sistema.

Ambas rupturas han provocado desconfianza entre Moncloa y Génova. Para el PP, Casado nunca dio el OK, solo aceptó que López negociara con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Explica que comunicó claramente el 14 de agosto que se rompía la negociación por la posición de Unidas Podemos y por entender que no es posible llegar a acuerdos con el partido de Pablo Iglesias.

Dentro del PP, hay una corriente de dirigentes que han presionado en los últimos meses para cerrar ese acuerdo. También desde la judicatura ha habido tal presión al líder del PP. Fuentes próximas a Casado explican que el Gobierno ha demostrado que no es posible cerrar acuerdos con ellos, al filtrar el supuesto mensaje del líder del PP a Sánchez. Niegan que su contenido fuera aceptar el acuerdo y, además, aseguran que “no es posible llegar a acuerdos con quien no respeta la confidencialidad de un mensaje personal”.

Otro elemento de desconfianza es el que se produjo la pasada semana tras la reunión entre Sánchez y Casado. El líder del PP salió de la Moncloa convencido de que el presidente del Gobierno aceptaba negociar la creación de una agencia que estudie cómo distribuir los fondos europeos. Así lo dijo en rueda de prensa e incluso pensó en quién podía negociar los detalles con el Gobierno.

Si embargo, la Moncloa negó tajantemente ese posible acuerdo. Señalaron que Sánchez se limitó a escuchar y asentir, y que en eso tampoco hay opción de acuerdo.

La suma de todos esos factores hace imposible que haya acuerdos entre ambos. De hecho, el PP ha dado muestras en algún momento de aceptar el acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional, pero este ambiente de desconfianza hace difícil un acuerdo inminente.

Para que haya algún acuerdo, Casado tendrá que rectificar y asumir que Unidas Podemos está en el Gobierno. Si mantiene la condición de no negociar con el Gobierno de coalición, será imposible el acuerdo, porque sin acuerdo PSOE-Unidas Podemos no sería presidente Pedro Sánchez. Es decir, la interinidad en esas instituciones corre el riesgo de prolongarse aún varios años. Por ejemplo, Francisco Fernández Marugán lleva ya tres años como defensor del pueblo en funciones.

La ruptura tiene un efecto inmediato. Enquista cualquier esperanza inmediata de renovación del Consejo General del Poder Judicial pero, sobre todo, congela las incipientes conversaciones sobre el Tribunal Constitucional, que se mantenían vivas pese a que el bloqueo de las últimas semanas fue incrementándose con el paso de los días. El PP mantenía para el tribunal de garantías una vía abierta y consideraba que, en cumplimiento de la legalidad, debía al menos impulsar esa renovación, que afecta a cuatro magistrados, entre ellos, el presidente y la vicepresidenta.