Tras una gira pretenciosa por varios Estados de la Unión, en la que Sánchez propugnó la tesis del desacople general del gas en la formación del precio de la electricidad, ayer tuvo que ampararse en la cláusula excepcional del artículo 122.1 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea para que el Consejo autorizase de forma temporal y condicionada que España se convierta en una singularidad y pueda descolgarse del sistema general de formación de precios eléctricos en la Unión Europea. 

Según ese precepto —de aplicación prácticamente inédita— el Consejo «podrá decidir, con un espíritu de solidaridad entre los Estados miembros, medidas adecuadas a la situación económica, en particular, si surgieran dificultades graves en el suministro de determinados productos, especialmente en el ámbito de la energía». Aunque la interpretación de este artículo es un tanto forzada —España no tiene problema de suministro, sino de incremento desbocado del precio de la energía en general— el Consejo Europeo nos ha excepcionado ante la debilidad de nuestra economía, fortísimamente endeudada (120% del PIB), el escaso margen fiscal para tomar medidas correctoras (como han hecho otros Estados de la Unión) y la generalización de debilidades estructurales de nuestro funcionamiento socioeconómico, como demuestra el paro de transportistas que el Gobierno no pudo ayer reducir tras la negativa de la plataforma convocante a asumir los acuerdos con la Comisión Nacional del Transporte.

Pedro Sánchez ha tenido que ir reculando en su propósito inicial —exorbitante y desconocedor de la situación, en particular, de Alemania— y tratará de vender, como ha hecho en el caso de la cesión ante Marruecos a propósito del Sáhara Occidental, como un éxito lo que es, en realidad, un fracaso, porque nuestro país se convierte en una anomalía en el conjunto de la Unión y retrocede aún más, cualitativa y cuantitativamente, en el ‘ranking’ de los Estados líderes. A esta situación de debilidad —que no aporta, además, una solución estructural, sino coyuntural y condicionada— se añade que las relaciones con Argelia, el principal suministrador de gas a España, se han deteriorado, una circunstancia que han aprovechado convenientemente Roma y Lisboa para aproximarse más a Argel y convertirse en la referencia que antes era Madrid. 

El Gobierno, no obstante, presentará el acuerdo ‘in extremis’ como un éxito negociador y hasta es posible que, el martes, los ministros reciban al presidente con una ovación antes de comenzar el decisivo Consejo de Ministros que aprobará el decreto ley de medidas anticrisis sin que exista margen para que, previamente, lo negocie con un Congreso en el que Sánchez ha perdido la confianza de sus socios, no solo de coalición, sino también de investidura.

El aspecto positivo de este acuerdo en la UE es que, de no haber prosperado, el Gobierno no dispondría de ninguna otra herramienta para intentar detener la escalada de los precios energéticos que están depredando las posibilidades de las industrias intensivas en consumo eléctrico y precarizando la capacidad adquisitiva de los salarios. La inflación se iría a dos dígitos como por ensalmo. El crecimiento de nuestro PIB está por debajo de las expectativas anteriores a la invasión de Ucrania por Putin y ello repercute en la verosimilitud de los Presupuestos Generales del Estado, que se elaboraron más que con optimismo, con auténtica euforia. Pisamos la estanflación. 

El ‘iberismo energético’, justificado por el presidente en la muy escasa capacidad de interconexión con el resto de Europa (un 3% por los dos gaseoductos en funcionamiento, además de la capacidad de almacenamiento en las plantas de regasificación en seis puertos españoles), nos enfrenta a un desafío nacional y europeo: ampliar las infraestructuras de conexión para convertir la ‘isla energética’ española en una península con autopistas de transporte de gas que potencien nuestro rol en la Unión. Para ello se necesitarán dotaciones presupuestarias de nuestros Presupuestos, pero también de Bruselas. 

Como apunte final, y a reserva de conocer en detalle el acuerdo, hemos de ser conscientes de que, aunque se tope el precio del gas y se disminuya el coste de la factura eléctrica, volveremos a la indeseable generación del déficit de tarifa de tan mal recuerdo en España. De otro lado, y a pesar de los beneficios de las energéticas españolas, debe considerarse que sus principales accionistas son fondos internacionales muy sensibles a la excepcionalidad regulatoria, por lo que habrá que estar atento a la apertura de la Bolsa el próximo lunes y a la implementación de la medida el martes próximo en el decreto ley del Gobierno, que será precedido por una reunión del presidente con los gestores energéticos privados, que no responden solo ante el mercado nacional, sino también ante otros en los que se han expandido y que son especialmente exigentes.