No es casualidad que al medio rural, en medio de una lluvia de millones de fondos europeos, se le esté sometiendo a la asfixia económica, por un lado, y a la demonización ideológica, por otro.

La asfixia económica es evidente: reducción de ayudas, aumento de gastos y exigencias de inversiones amparadas en la necesidad de adaptarse a los nuevos condicionantes ambientales. Los hechos hablan por sí solos: bastaría con citar el recorte de 5.000 M€ en la PAC, o la decisión de no destinar fondos europeos NGEU (tan solo un 0,75% del total, a pesar de representar casi el 12% del PIB en la economía nacional). Pero, además, en paralelo hemos asistido a subidas de impuestos: al azúcar, a los zumos, a los residuos, a los plásticos, que afecta a producción en invernaderos, e industria, etc. A esta reducción de ingresos se suma el aumento de gastos consecuencia de la subida exponencial de los costes de producción: más de un 30% en mano de obra, un 260% la energía, un 19% las semillas, un 250% los fertilizantes, abono (150%), etc. 

«¡No solo nos han cerrado el grifo, nos han abandonado, nos quieren hundir!», clamaba claramente enojado un ganadero hace tan solo unos días en una de las múltiples protestas frente a la actitud del Gobierno. Y ciertamente no le falta razón. Desde que se conformó este Gobierno, se está intentando instaurar en la población una corriente ideológica en contra del campo, plagada de mentiras y demagogia. No solo es Garzón, ni solo ahora; son todos y desde el principio; es Sánchez, su ideología y sus pactos para ser presidente y mantenerse en el sillón.

Ya en 2019 aparecieron las primeras acusaciones en la BBC, medio en el que desde Podemos se lanzaba la barbaridad de que en el campo español se utilizaban esclavos. A esto siguió la acusación de Yolanda Díaz de que el sector era insalubre y falto de garantías, y en este momento una más, limitando en la nueva reforma laboral la mano de obra temporal para la recogida de cosechas. 

Tampoco han faltado los ataques de la ministra de medio ambiente que, no lo olvidemos, es también la responsable de despoblación. Desde este ministerio han llegado medidas como la negativa ampliar el periodo de caza en parques nacionales, la prohibición de la caza del lobo, a pesar de ser el principal enemigo de la ganadería extensiva, o la anulación de las inversiones necesarias para asegurar el aprovechamiento del agua, a pesar de ser conscientes de que sin agua no hay futuro para nuestros pueblos y de que allí donde hay un regadío modernizado hay un 40% más de población, sobre todo joven.

En la misma línea han actuado otros ministros: la Sra. Calviño y su paralización del plan para llevar la conectividad e internet a todo el medio rural; la drástica reducción de frecuencias de trenes o la paralización de las inversiones en infraestructuras ya programadas por parte del Ministerio de Fomento, a pesar de ser totalmente necesarias para vertebrar el territorio, o la falta de respuesta de Sanidad a la necesidad de ampliar las plazas MIR para que haya médicos en el medio rural. 

Es evidente que Garzón no es el único, del mismo modo que resulta incontestable que no estamos ante un hecho aislado. Con todo, el ministro Garzón se lleva la palma. Sin duda alguna es el ministro que más está perjudicando la imagen del sector primario, utilizando el ministerio para incidir, con base en falsedades, en la opinión de la gente y posicionar claramente a una parte de la sociedad en contra de los intereses del mundo rural y de su supervivencia.

Recordemos las campañas comparando el azúcar con el tabaco, como la de ‘El azúcar mata’, utilizada como pretexto para justificar la subida de impuestos; o aquella otra en la que un lamentable anuncio acusaba a la industria agroalimentaria de la obesidad infantil; sin olvidar los ataques que dirigió frente a sectores estratégicos como el del vino, llegando a decir que “es la droga más consumida en España”. 

Tampoco podemos olvidar el daño que ha hecho al sector a cuenta del etiquetado NutriScore, que confunde al consumidor y da mejor valoración nutricional a las bebidas azucaradas (las que subió los impuestos) que al queso zamorano, al manchego o al aceite de oliva y el jamón ibérico. O ese recetario de cocina que pagado por nuestro gobierno, propone que se coma barato y productos de fuera. Quizás exceda de sus competencias —y de las del ministro de Agricultura— pensar qué harán los agricultores y ganaderos españoles con sus productos si compramos barato y de fuera, o a quién beneficia que se compren productos de países no europeos. Tampoco deja de ser curioso que esto lo plantee el ministro de consumo de España, el país con mayor esperanza de vida, en buena medida derivado de nuestro estilo de alimentación reconocido en la dieta mediterránea.

El colmo ha sido la campaña contra la carne que empezó en junio. Recordemos, ‘Menos carne más vida’, que acabó con el Sr. Sánchez diciendo que le gusta el chuletón, como si las preferencias alimentarias del Sr. presidente del Gobierno resolvieran los ataques y agravios que él mismo está consintiendo. Como si esto cambiara la hoja de ruta contra el mundo rural que él mismo está promoviendo y ha dejado escrita en su magnífica Agenda 2050, en la que propone, no sabemos con base en qué estudio científico, reducir la producción y el consumo de carne, dejando claro que Sánchez y Garzón son de la misma opinión. 

Para intentar encubrir esta realidad, han creado un debate totalmente artificial en torno al sector ganadero cárnico (12.000 millones de euros en exportación a 130 países y con más de dos millones de empleos asociados) que en ningún caso se corresponde con la realidad productiva de España, ni su gestión depende del Ministerio de Consumo. 

No dejemos que tergiversen el debate, que no nos engañen, lo que ha dicho el señor Garzón es que la carne española es de mala calidad, no si viene de un tipo de granja más o menos grande, no si es de un tipo de animal u otro. Lo que ha dicho el señor Garzón es que, en España, donde se cumple la normativa nacional y europea a rajatabla, se maltrata a los animales y que se consume más o menos en función de alguna extraña asociación sexual.

Lo que ha hecho el señor Garzón es insultar a gente honesta y trabajadora (ganaderos, veterinarios, ingenieros, empresarios, etc.) para acelerar y forzar la implantación de su agenda ideológica sobre toda lógica. Lo que está haciendo este señor es permitir que se abra un debate tan ficticio como falso sobre uno de los sectores productivos más regulados y cumplidores, permitir que se siembre la duda y se dinamite el crecimiento de uno de los pocos sectores económicos que crean empleo en el medio rural y asientan población en nuestros pueblos, fundamentalmente femenina. Y lo ha hecho con plena consciencia de lo que hacía, y del impacto que estas declaraciones podían tener en su parroquia de votantes, a los que quiere movilizar. Pero lo más triste es que lo ha hecho con el pleno consentimiento del Sr. Sánchez y la sumisión del siempre leal ministro de Agricultura, que estuvo callado más de 10 días para asegurarse de que la polémica se orientara hacia los derroteros que ellos pretendían, hacia un debate estéril y demagógico (para eso está la normativa) sobre el tamaño de las explotaciones, que divida la opinión ciudadana sobre el mundo rural y su estilo de vida. 

Lo que debe hacer un presidente del Gobierno, ahora y siempre, es gestionar, apoyar y defender con hechos los intereses de su país, y ante declaraciones tan irresponsables como las que hizo el Sr. Garzón en ‘The Guardian’, no debería haber dudado un minuto en cesar a este señor y desmentir la falsedad. Sin embargo, en su lugar, hemos asistido a un más que bochornoso espectáculo del Gobierno que ha dejado en evidencia que es el populismo quien define la política agraria en nuestro país. Que ha dejado claro que son los comunistas quienes manda en el Gobierno y deciden el futuro de España. Y lo más triste, hemos confirmado que lo que realmente importa al Sr. Sánchez, por desgracia, ni son los españoles, ni son los pueblos ni mucho menos quienes vivimos en ellos.