Sánchez y la utilización patrimonialista del poder

No es necesario entrar en el fondo del asunto para sospechar que la forzada salida de Ángel Escribano de Indra no ha sido consecuencia de la lógica empresarial o industrial, sino por un mayor control gubernamental de esa empresa. La llegada en su lugar de otro Ángel, de apellido Simón y afecto al socialismo catalán, antes al frente del vehículo industrial de CaixaBank, del que fue apartado por esa evidente vinculación política, demuestra el interés de Sánchez por controlar políticamente las empresas públicas y las cotizadas con participación estatal. Lo hizo en Telefónica, descabalgando a Pallete para colocar a Murtra, y ahora en Indra. Y en ambas cotizadas emergen como figuras ejecutivas conmilitones o afectos al PSC (Partido Socialista de Cataluña) presentes asimismo en las direcciones ejecutivas de otras empresas públicas como Aena, Renfe o Hispasat. Sánchez ha realizado desde que llegó al poder más de 45 cambios de presidentes en empresas públicas o participadas por el Estado a través de la SEPI para asegurar su control y ha colocado al frente de las mismas a exministros, 16 de 26, y a perfiles próximos o militantes socialistas como los aludidos del PSC, un partido devenido en sindicato de dirigentes ejecutivos, dado el número de conmilitones y allegados que ocupan los altos cargos de todas esas empresas.

El interés de Pedro Sánchez por controlar políticamente instituciones, organismos y empresas públicas del Estado es una constante desde que llegó a la Moncloa, evidenciando un sentido patrimonialista del poder con el que disfraza demasiadas veces de interés general decisiones tomadas en función de su interés particular. Una forma de identificarse con la percepción que sobre el poder tenía Edmundo Burke en el sentido de que «cuanto mayor es, más peligroso es el abuso».

Es incuestionable que Sánchez abusa del poder y se apropia políticamente de medios del Estado hasta confundirlos con sus intereses particulares y de partido, contraviniendo la máxima del politólogo Giovanni Sartori sobre «el poder democrático que no sólo debe ser limitado, sino también parecerlo». En política la apariencia forma parte de la confianza ciudadana en el sistema democrático y este se empieza a cuestionar cuando esos mismos ciudadanos perciben que el Estado se confunde con el Gobierno, y el Gobierno con el partido que lo sustenta. Cosa que en absoluto inquieta a Sánchez.

Su abuso del Falcon, por ejemplo, hasta liderar el dudoso honor de ser el presidente de Gobierno de la historia de la democracia que más lo ha utilizado, se explicita en el hecho de que en sus primeros cinco años de mandato ha dado el equivalente a 20 vueltas al mundo. Ahora son algunas vueltas más y va camino de emular al Artemis II.

Y este abuso del Falcon no sólo se demuestra por su desmedido uso oficial, sino también por la utilización particular del mismo en actos de partido, más de 70 trayectos, y en algunos viajes lúdicos para asistir a conciertos, desconociéndose los detalles de todos esos movimientos en virtud de la ley de secretos oficiales con los que el Gobierno justifica la ocultación de datos sobre los costes de los desplazamientos y las listas de pasajeros.

Pero la arbitrariedad y los excesos en el ejercicio del poder por parte de Sánchez no sólo se advierten en esos aspectos que sugieren el aprovechamiento de medios y recursos del Estado en beneficio propio. Hay otros síntomas que nos conducen a ese mismo diagnóstico, como hacer de la Administración una agencia de empleo a su servicio, convirtiéndose en el morador de la Moncloa que más ha engordado la partida de gasto en asesores y altos cargos: más de 1.130 millones de euros empleados frente a los 614 millones de Rajoy. El dispendio sin freno de Sánchez se manifiesta en los mil y pico asesores que trabajan para el Consejo de Ministros, de los que 700, los llamados «temporeros de la Moncloa», como los define su periódico afecto de la mañana, trabajan para él. En ese sentido hay que preguntarse por el equilibrio entre la profesionalización de los contratados y su afinidad política para concluir que el debate sobre tan abultada nómina deja de ser técnico para tornarse en ético. Y la ética y los principios no forman parte precisamente del andamiaje político de un Sánchez que ha conseguido que el uso de los medios del Estado bajo su gobierno refleje una tensión permanente entre legalidad y legitimidad.

No hay más que recordar cuando echó en cara, hace tiempo, en el Congreso a Feijóo y Abascal «tener un concepto muy patrimonialista del Estado, que les hace pensar que tienen derecho a usar las instituciones en beneficio de sus familiares y sus amiguetes». El Sánchez que tiene a su servicio la Abogacía y la Fiscalía General del Estado, además de otros muchos organismos e instituciones públicos, se estaba retratando asimismo con enorme desahogo y de manera desacomplejada e insultante. Y eso explica que políticos como él, con su mujer imputada por utilizar la presidencia del Gobierno para hacer negocios privados y su hermano pendiente de ser juzgado en mayo por el acto de nepotismo que destila su enchufe en la Diputación de Badajoz, ejerzan el poder con descaro y osadía, además de valerse del mismo para utilizarlo sin escrúpulos en su beneficio personal. Es el proceder irresponsable de quien olvida que los recursos del Estado no pertenecen a quienes gobiernan, sino a quienes son gobernados.