- En casi medio siglo de elecciones democráticas nadie había cuestionado a la Junta Electoral Central. Ni en las elecciones de 1977, cuando el Gobierno de Suárez y la administración del Estado eran todavía los herederos del régimen de Franco. Ahora sí. Es el PSOE el que recurre al Supremo contra la Junta Electoral Central
Las muestras de que el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez, lo que con fundadas razones llamamos el sanchismo, no respeta la Justicia son crecientes. En las últimas horas hemos tenido dos que afectan al corazón de la democracia. Y por ello son de extremada gravedad.
Ayer conocimos la decisión del PSOE de recurrir al Tribunal Supremo la decisión de la Junta Electoral de Madrid, ratificada después por la Junta Electoral Central, de rechazar la petición socialista de recontar los 30.000 votos nulos del distrito electoral madrileño para ver si así lograban recuperar el escaño perdido por el PSOE en favor del PP tras el recuento del voto emitido en el extranjero en embajadas y consulados.
No puedo negar que es una reivindicación legítima. Acudir a la Justicia siempre se puede hacer en un Estado de derecho. Pero imagínense ustedes la que habrían organizado las Brigadas Internacionales Mediáticas si la petición de recuento la hubieran hecho Vox o el PP. Como bien dice y repite Antonio Herráiz en COPE, si eso hubiera ocurrido, esas Brigadas estarían disparando todo su fuego de artillería acusando a quien quiera que se hubiese atrevido a cuestionar el resultado de fascista, manipulador y lo peor que se puede decir de nadie hoy en día: trumpista.
Hasta ahora en casi medio siglo de elecciones democráticas en España, nadie había cuestionado a la Junta Electoral Central. Ni siquiera en las elecciones de 1977, cuando el Gobierno de Adolfo Suárez y la administración del Estado eran todavía los herederos del régimen del general Franco y carecíamos de Constitución. Ahora sí. Es el PSOE el que recurre al Supremo contra la Junta Electoral Central. Evidentemente la estrategia es encontrar un foro en el que más que Justicia haya un interés de afinidad ideológica.
Exactamente eso es lo que sucede en el otro caso gravísimo acaecido en las últimas horas. En El Debate lo hemos contado con detalle. La Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional decidió el miércoles por la mañana no admitir el recurso de Carles Puigdemont al TC contra la orden que dictó el Tribunal Supremo el 13 de junio para que sea detenido por delitos de desobediencia y malversación. En el mismo día y por la tarde, un 9 de agosto, la Fiscalía recurrió la decisión del Constitucional. Como se decía ayer en El País en el primer párrafo de la crónica sobre este asunto «la decisión coincide con el inicio de la fase de negociaciones orientadas a reunir los apoyos necesarios para la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, situación en la que el respaldo de Puigdemont, como líder de Junts puede resultar clave». Es decir, la motivación del recurso es política, no legal. Las Brigadas Mediáticas, encabezadas por el diario que las lidera, lo dejan claro. En estas circunstancias la decisión de la sala del Constitucional es inaceptable y la Fiscalía debe recurrirlo para que el pleno del Constitucional con una mayoría de izquierda haga justicia a conveniencia de Sánchez.
Así las cosas, ¿puede alguien dudar que el huésped de La Mareta y el prófugo de Waterloo ya están en contacto?