Isabel San Sebastián-ABC

• Nunca un ministro del Gobierno había osado llamar «prevaricador» al Supremo, como ha hecho Belarra

España sufre la peor amenaza de las últimas décadas, no solo a su economía e integridad territorial, sino al Estado de derecho garante de la democracia. El precio que Pedro Sánchez está dispuesto a pagar por conservar la poltrona crece de día en día, hasta alcanzar cotas inéditas de indignidad y desafío a los pilares que sustentan un régimen de libertades. Él mismo confesó, cuando era el candidato del PSOE, que la idea de meter a Podemos en el Ejecutivo le producía pesadillas, consciente del peaje que habría de pagar por esa presencia indeseable en el Consejo de Ministros. Actuó por tanto con absoluta lucidez cuando se abrazó a los comunistas, supeditando los intereses generales a los de su persona y su partido, a costa de traspasar barreras que nadie, ni siquiera Zapatero, se habían atrevido a cruzar. Las consecuencias de esa conducta vil se agravan cada vez más, a medida que pasa el tiempo y se acercan las elecciones en las que los ahora socios competirán en las urnas.

Nunca un ministro del Gobierno español había criticado públicamente una sentencia del Supremo, ni mucho menos había osado llamar «prevaricador» al más alto tribunal de nuestro sistema judicial. Podrían gustarles más o menos, pero acataban y callaban, como no puede ser de otra manera por respeto a la separación de poderes inherente a cualquier sistema democrático. Esa norma de hierro fue pisoteada la semana pasada por Ione Belarra, heredera de Pablo Iglesias y titular de la cartera de Asuntos Sociales y Agenda 2030, quien acusó al Supremo en Twitter de «condenar sin pruebas» a su compañero de bancada Alberto Rodríguez con el «objetivo de quitarle el escaño», para concluir sentenciando: «Prevaricación». El CGPJ mostró de inmediato su «absoluto rechazo» a las escandalosas declaraciones de Belarra atribuyendo un delito a los magistrados de dicho tribunal y advirtió que excedían con creces los límites de la libertad de expresión. Su clamor y el de la oposición no hicieron mella en el presidente, quien mantiene a esa individua en su Gabinete, suscribiendo con ello, de hecho, el brutal ataque de la podemita al órgano jurisdiccional situado en el vértice de nuestro poder judicial. No resulta sorprendente. Desde que se instaló en el ansiado despacho monclovita, Sánchez ha dedicado sus mayores desvelos al empeño de someter a la Justicia, precisamente para evitar sentencias como la que, en estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley, ha privado de su acta de diputado a un tipo culpable de patear a un policía durante una manifestación. Los jueces independientes constituyen un obstáculo insalvable para el plan de demolición que comparte con sus socios, y cuando no se autocensuran hay barra libre para injuriarlos. Desde el Gobierno. Lo nunca visto. A ver si los demás se acongojan y aceptan uncirse el yugo.