Dieciséis meses después de la llegada del covid, ahora que la vacunación avanza a toda máquina y la economía parece reactivarse, ahora que sabemos que la cogobernanza era apenas un buen nombre para una salsa italiana y estamos tranquilos porque Adama Traoré, ese chaval delicado, está al fin protegido contra la enfermedad, ahora, en fin, junio de 2021, con el verano a las puertas y las fronteras reabriéndose, siente uno la tentación de recordar lo vivido y resoplar aliviado: «¡Ya no nos puede pasar nada más!».

Es un error, claro. Puede pasarnos cualquier cosa. Por ejemplo, que el primer estado de alarma, el que tuvo lugar entre marzo y junio de 2020 y nos encerró a todos en casa, sea nada menos que anticonstitucional. Así parece establecerlo el proyecto de sentencia sobre el que deliberará el Tribunal Constitucional el próximo día 22. Habrán pasado entonces doce meses justos desde que el país dejó de estar sometido a una medida tal vez improcedente que suspendía derechos fundamentales de un modo indebido. Eso explica sin duda que el Tribunal vaya a pronunciarse con semejante urgencia, un año después, y evite dejar el asunto, como suele, para el siglo que viene.

La sentencia responderá a un recurso de Vox, partido que también votó a favor del estado de alarma, aunque solo una vez, la primera. El ponente argumenta que no fue ese estado de alarma lo que debió declararse para confinar al país por todo lo alto, sino un estado de excepción que, además, debía haber salido del Congreso y no del Consejo de Ministros. Que algo así pueda habérsele pasado por alto a un Gobierno en el que hay varios jueces y algún constitucionalista y que dispone además de batallones de abogados del Estado es admirable. Me gusta pensar en todo ese talento juriconsulto dándose con la palma de la mano en la frente cuando llegue la sentencia del Constitucional: «Claro, hombre, ¡si teníamos también el estado de excepción!».

Además de una tormenta política, la sentencia del Constitucional puede originar una tormenta práctica: de haber inconstitucionalidad, todas las sanciones impuestas en el estado de alarma quedarían anuladas. Más de treinta mil multas se pusieron solo en el País Vasco. Si tiene usted alguna pendiente de pago, quieto parado hasta el día 22.UEFA Por las buenas

Justo cuando empieza la Eurocopa y los televisores se iluminan con partidos que se juegan en Roma, Londres o Sevilla, la sede cancelada de Bilbao anuncia que la UEFA les compensa con lo invertido en la candidatura y con la celebración de dos finales: una de la Europa League masculina y otra de la Champions femenina. Es una gran noticia que nuestras instituciones explican por el temor de la UEFA a los tribunales. Será que en Suiza andan flojos de abogados. En cualquier caso, es mejor el acuerdo. Más si necesitas que tus equipos sigan jugando en Europa sin que el VAR les funcione en modo sumarísimo. Hay malpensados que sostienen que al PNV no le ilusionaba que España jugase en San Mamés. Y que ganan también por ese lado. Bueno, esperemos. Que se te pueden torcer las cosas y la final de la Europa League te la juegan el Sevilla y el Betis, transformando Bilbao en una de esas series norte-sur en las que, con muy poquitos escrúpulos, convierten el hecho diferencial en el chiste referencial.

Ayer las altas esferas deslizaron que el Gobierno está «relativamente satisfecho» de cómo marcha la «diplomacia discreta» en el asunto de Marruecos. Sonaba bien porque es ahí donde mejor están las cosas de la geoestrategia al máximo nivel. Pasando desapercibidas, quiero decir, manifestándose apenas en las mínimas vibraciones que nos interpretan después esos expertos que utilizan de repente palabras en italiano mientras juguetean con estilográficas que ya se ve que no son baratas. El problema es precisamente que lo de Marruecos es a estas alturas discreto como una pelea tumultuaria en la que a nuestro bando se sumaron el viernes cuatrocientos europarlamentarios. Eso funcionó. El presidente del Parlamento marroquí dijo ayer que Ceuta «no es territorio europeo, sino tierra marroquí». Es como en el boxeo: el púgil que niega con la cabeza es el que sí ha notado el golpe. El Gobierno se plantea ahora incluir Ceuta y Melilla en el espacio Schengen para impedir la entrada de marroquíes sin visado. Otra medida discreta como una patada en la garganta. Respecto a esta crisis los expertos sí parecen ponerse de acuerdo en una cosa: va para largo.