La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría convirtió ayer el acto de toma de posesión del delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, en una nueva oportunidad para fortalecer el forjado institucional con el que pretende reforzar las relaciones con el Ejecutivo vasco. Enfrente durante su intervención, pero muy cerca tanto en un discreto encuentro previo como durante el acto social posterior, se encontraban los consejeros del Gobierno vasco Josu Erkoreka e Iñaki Arriola. Una representación del Ejecutivo autonómico sin precedentes en la designación de un delegado del Gobierno que visualizó el clima de confianza que Santamaría ha generado con sus últimos gestos hacia las instituciones vascas y hacia el PNV. Santamaría y Erkoreka tutelan el primer gran acuerdo político de calado que se cerrará en las próximas horas y que evitará la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Municipal vasca.
El «todos somos Estado» que colocó ayer Santamaría en el frontispicio de su intervención constituyó un acto de reconocimiento al papel de las administraciones vascas, representadas en la toma de posesión de De Andrés por el consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno y a la vez portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka. El número dos del Gobierno vasco y político de la máxima confianza tanto del lehendakari Iñigo Urkullu como del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, dejó claro desde un primer momento que su presencia en la Delegación del Gobierno superaba el tono protocolario y exhibió su sintonía personal con Santamaría, su interlocutora para desbloquear los contenciosos competenciales que arrastran Madrid y Vitoria desde la anterior legislatura. Pulsos que ahora delegaciones del Ministerio de Administraciones Públicas y del Ejecutivo autonómico pretenden canalizar políticamente para evitar que sean recurridos ante el Tribunal Constitucional.
Sáenz de Santamaría y Erkoreka confirmaron que los contactos en la comisión bilateral se encuentran muy avanzados para encontrar un pacto que evite la anunciada presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley vasca de Instituciones Locales. Una norma aprobada en el pasado mes de abril por el Parlamento autonómico que incorpora atribuciones a los ayuntamientos vascos en la convocatoria de consultas vinculantes y en la utilización en exclusiva de sus acuerdos en euskera que choca frontalmente con la normativa estatal.
La fórmula utilizada será la aprobación de un «acuerdo de interpretación», un documento que concretará cómo deben analizarse las dudas que en la redacción de la citada ley ha detectado el Gobierno de Rajoy y que, tras ser aprobado en los Boletines Oficiales del Estado y del País Vasco, será el soporte documental ante posibles contenciosos ante la Justicia.
Para el Gobierno vasco resulta de extraordinaria importancia este documento, al que en la noche de ayer se daban los últimos retoques, porque el País Vasco ha tardado más de 30 años en conseguir su propia Ley Municipal, norma considerada una de las «claves de bóveda» de la normativa institucional interna, en palabras del propio Erkoreka.
Santamaría dejó clara su predisposición al acuerdo y quedó de manifiesto en su medida intervención, en la que apeló a «ejercer la corresponsabilidad desde la cooperación y la lealtad» y al enfatizar su voluntad de reconocer «al otro» como «un interlocutor necesario e imprescindible para encontrar soluciones».