EL MUNDO 31/03/14
· La vicepresidenta remarca que sólo se hablará «dentro de la ley» y nunca de la consulta.
Mientras el presidente de la Generalitat enroca su posición sobre la consulta de autodeterminación, el Gobierno continúa ofreciéndole vías de escape. Ayer, la encargada de hacerlo fue la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que desembarcó en Barcelona para retar a Artur Mas a establecer ese diálogo que reclama incesantemente con el objeto de solventar el enconado enfrentamiento propuesto por el Ejecutivo catalán.
Sin embargo, la oferta llegó con matices sustanciales. «En política, dialogar es un verbo que se conjuga dentro de la ley», advirtió Santamaría, lo que, aclaró, excluye discutir sobre cómo podría llevarse a cabo la consulta independentista; un escenario que continúa estando del todo descartado para el Gobierno. La vicepresidenta justificó su posición firme alegando que la prohibición del referéndum no es un «empeño particular» del Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy, sino una «obligación». «No podemos tomar decisiones sobre la soberanía nacional porque no disponemos de ella, ni permitir que alguien decida unilateralmente sobre ella», abundó Sáenz de Santamaría. «No habrá referéndum porque no puede haberlo», remachó.
Después insistió en la posibilidad de llegar a acuerdos sobre cuestiones que sí están en la mano del Gobierno e inscritas dentro de la Constitución. La presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, concretó el ofrecimiento y puso sobre la mesa la discusión sobre la mejora de la financiación autonómica. Mejora, que como ya apuntó este diario el pasado viernes, el Gobierno tiene previsto proponer a las fuerzas catalanas durante el debate que se celebrará en el Congreso el próximo 8 de abril para tratar la transferencia de competencias a la Generalitat para convocar referendos.
La vicepresidenta recordó el constante avanzar que el desafío secesionista ha experimentado en las últimas semanas –con referencia explícita a la intención de Mas de contemplar la secesión unilateral– y llamó al president a tomar como un punto y final en su órdago el auto del Tribunal Constitucional que anula la declaración de soberanía aprobada por el Parlament. «La primera función de un gobernante es acatar sentencias, cuando gustan y cuando no», dijo Sáenz de Santamaría después de que Mas amenazase con hacer caso omiso de esa resolución judicial y del resto de «escollos» que vaya encontrando el Govern en su lucha por realizar la consulta soberanista.
El discurso de la dirigente popular se apoyó en una constante llamada a la identidad compartida entre el pueblo catalán y el resto de España y proclamó a su partido como el garante de que «ningún español se convierta en extranjero dentro de su país». Incluso apeló al sentimentalismo para ensalzar los «vínculos afectivos, de cariño y orgullo por encima de los jurídicos», para poner en valor los «siglos de Historia» que unen a España y Cataluña.
A los catalanes, Sáenz de Santamaría prometió preservar su derecho a continuar votando para decidir el futuro de la Unión Europea, mientras retaba a Mas a «explicar por qué pretende sacar las urnas a la calle y cerrarlas en Europa con demasiadas consecuencias». La pérdida de las ayudas europeas, del euro y la vuelta de la restricción a la libre circulación por los Estados miembros fueron esgrimidos como «riesgos» que se ocultan tras el «derecho a decidir». «¿Os imagináis tener que volver a llevar el pasaporte en el bolsillo?», preguntó la número dos del Gobierno.
El resultado de sus advertencias está por conocer, pero el de su ofrecimiento de diálogo parece tener poco recorrido a tenor de la respuesta que ayer mismo le brindó el Govern. Su portavoz, Francesc Homs, volvió a acusar al Ejecutivo de «erigirse en tribunal» para decir a la Generalitat «qué se puede hacer y qué no». «No está al alcance del Gobierno impedir que el pueblo catalán vote», apostilló el también consejero de Presidencia.
Más comedido, el líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, pidió un esfuerzo a la vicepresidenta para que el diálogo ofrecido sirva para «cambiar la ley» y dar cabida a esa consulta ahora inasumible.
EL MUNDO 31/03/14