EL MUNDO 12/04/14
Abandonar el punto clave de la hoja de ruta independentista, es decir, la celebración de la consulta el próximo 9 de noviembre. Ésa es la condición previa y «crucial» que plantea el Gobierno de Mariano Rajoy al president Artur Mas para retomar con él un diálogo que debería tener como finalidad satisfacer los intereses y las aspiraciones de los ciudadanos catalanes dentro de la ley.
Esta es la respuesta que dio ayer la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría al presidente catalán quien, apenas un día después de que el Congreso debatiera y votara en contra de transferir a Cataluña la competencia para celebrar un referéndum soberanista, urgió a Rajoy a «fijar fecha y hora» para dialogar sobre la cuestión catalana.
Para el Ejecutivo no ha lugar a plantearse ya ninguna duda. La negativa «unánime» de los grandes partidos de ámbito nacional, que suman una mayoría «abrumadora» de la Cámara, a permitir la consulta es razón más que suficiente para que Artur Mas «reflexione» y «clarifique su postura», máxime cuando el propio president aseguró –y el Gobierno le «tomó la palabra»– que no haría nada fuera de la legalidad. «El Congreso», recalcó ayer Santamaría, «ya le ha dicho cuál es la legalidad; es él quien ahora debe precisar su posición ateniéndose a ello».
La vicepresidenta expresó la sorpresa del Ejecutivo por la petición de reunión con Rajoy que ahora pretende Mas. «Había un día y una hora señalados para hablar ampliamente de esa cuestión con luz y taquígrafos. Hubiera sido el momento en el que el presidente de la Generalitat debiera haber comparecido para explicar sus motivos, sus razones y cómo piensa encauzar y abordar este proceso». Pero, recordó, «no compareció y se debatió con su ausencia».
Ahora, antes de abordar cualquier tipo de diálogo o de negociación, el Gobierno reclama al presidente catalán que «clarifique» su posición sobre una consulta cuya celebración ya le ha dicho el Congreso que «no es posible». Se trata pues de un requisito «imprescindible» y «crucial».
Por lo que se refiere a la advertencia de la Generalitat de que si finalmente no se puede convocar el referéndum habrá elecciones y serán de tinte claramente plebiscitario en torno a la independencia, la número dos del Gobierno insistió en que, de acuerdo con la Constitución, las elecciones son para escoger a los representantes de los ciudadanos y no para otras cosas.
También se pronunció acerca de los movimientos que ya se aprecian en las fuerzas políticas –principalmente en PSOE y CiU– para intentar promover un debate acerca de la necesidad de proceder a una reforma de la Constitución.
Santamaría aseguró que el presidente está dispuesto a mantener un diálogo con los líderes políticos a sabiendas de que la Carta Magna «indudablemente» se puede reformar, como ya se ha hecho en dos ocasiones, pero también advirtió de que en la actualidad no se aprecia el más mínimo consenso de partida –sino más bien posiciones «contradictorias»– sobre el objeto de la reforma por lo que, en su opinión, no existe «garantía» de que la misma pudiera culminarse con éxito.