El Código Penal, como el Civil o el de Comercio, es un corpus jurídico complejo que funciona bajo los principios de prelación e interrelación de sus preceptos. De tal modo que la modificación de un artículo puede tener efecto sobre otros muchos si el legislador no está atento o, como hace Irene Montero, se pasa por el forro los informes de los expertos, esos ‘señoros’ carcas que se creen por encima de la voluntad del pueblo sólo porque han estudiado Derecho. En la redacción de la Ley de Libertad Sexual –mal llamada de ‘sólo sí es sí’ en la semántica lega de Podemos–, la ministra de Igualdad desoyó las advertencias del Consejo del Poder Judicial, a cuyos miembros señaló con desprecio, y los reparos técnicos que juristas de otros ministerios formularon al texto. Todos ellos avisaron de que la reforma de ciertas penas por abuso podía redundar en beneficio de algunos reos ya condenados, como de hecho está sucediendo en cuanto sus defensores han empezado a solicitar revisiones conforme al nuevo criterio de enjuiciamiento.

El mismo problema se cierne sobre el proyecto de cambiar el delito de malversación a solicitud de los independentistas, como volverá a ocurrir con cualquier intento de diseñar normas ‘intuitu personae’, es decir, a medida. Existe una posibilidad verosímil de que las enmiendas tengan consecuencias no previstas sobre sentencias ya dictadas por corrupción política. Y no sólo la de Griñán, como al Gobierno le gustaría, sino las de otros sujetos menos gratos a la sensibilidad de la izquierda. En estos momentos los negociadores del PSOE y de Esquerra se esfuerzan en afinar la operación de rescate de Junqueras para evitar que rebote a favor de personajes como Urdangarin o ‘Cachuli’, el exalcalde de Marbella. Así se codifica el ordenamiento en la España sanchista: como en una sastrería leguleya donde alfayates aficionados cortan a tijera prendas encargadas por sus propios colegas. Delincuentes definiendo lo que es y no es delincuencia.

Para la ‘banda de la tarta’, el alegre equipo de Montero, Belarra y compañía, los veredictos de los tribunales que aplican su flamante normativa –en varios casos apoyados por la Fiscalía– son excrecencias patriarcales, retardatarias y machistas. Las nuevas leyes de progreso necesitan intérpretes capaces de entenderlas con una actitud receptiva; de ahí el empeño en hacerse con el control de la justicia. Si la ingeniería jurídica del separatismo acaba poniendo en la calle a malversadores que no pertenezcan a su bando, los cazadores de brujas denunciarán una conspiración del Estado profundo, un boicot de los poderes fácticos, y acusarán a los magistrados de llevar en los bolsillos de las togas estampitas de Franco. Como se le escapó una vez a González en un arrebato de éxtasis autoritario, a ver si no va a haber nadie que les diga a los jueces cómo diablos tienen que hacer su trabajo.