EL PAIS – 09/06/16
· La revista ‘Claves’ presenta un número centrado en la corrupción política.
· “Como los pescados, las democracias comienzan a morir por la cabeza”, diagnostica Fernando Savater en el editorial del número 246 de la revista Claves de razón práctica, que ha puesto el foco en la corrupción, el máximo factor de acoso al régimen de libertades que España inició hace 40 años y la segunda principal preocupación de los españoles según los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Bajo el explícito epígrafe Cuando huele a podrido la revista fundada en 1990 por Javier Pradera profundiza en este mal que, incrustado en los puntos neurálgicos del sistema, ha terminado dañando seriamente la imagen de las instituciones y erosionando la credibilidad de los principales partidos.
En la presentación, Savater ha alertado sobre la desmoralización que produce la corrupción y sobre su efecto más pernicioso: la impunidad con la que actúa. “Los partidos no persiguen realmente la corrupción: solo denuncian la de sus adversarios como parte del torneo electoral. Pero ninguno de ellos toma medidas generales verdaderamente decididas contra esta lacra, porque también afectaría a los suyos y a sus fuentes de financiación”, explica el director de la revista en el editorial.
Savater ha definido la corrupción como una deslealtad al pacto legal que tienen los ciudadanos en una sociedad democrática y la ha considerado un efecto colateral de la libertad: «Donde hay libertad puede haber un mal uso de la libertad».
Jiménez Sánchez, experto del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, Sánchez ha considerado que este es un momento oportuno para combatir la corrupción, pero ha prevenido sobre tres errores que se pueden cometer en el proceso y que pueden hacer fracasar el empeño como ocurrió en Italia en los años noventa propiciando el surgimiento de Silvio Berlusconi.
Uno de estos errores es no considerarlo un problema suficientemente grave como para enfrentarlo y pone como ejemplo la escasez de personal dedicado a la lucha contra la corrupción. España tiene un inspector de Hacienda por cada dos mil habitantes, mientras que la media europea es de uno por mil. Lo mismo ocurre con jueces y fiscales. Tras muchos escándalos, se han producido una serie de cambios legales que según Jiménez han servido “para dar apariencia” de reaccionar “sin la más mínima atención de ir a las raíces”.
Otro error es confundir las consecuencias con las causas, importando de otros países remedios “sin atender a los complicados procesos histórico-políticos que condujeron a los mismos”- El resultado es que se confía en el poder taumatúrgico de estas instituciones sin pensar en los operadores concretos que las manejarán y en los contextos sociales en los que tienen que incidir”.
Para Jiménez, el tercero de los errores es considerar la corrupción una enfermedad y no un síntoma. La corrupción “es simplemente un epifenómeno de una situación social que suele ser más bien la regla que la excepción tanto hoy en día como en la historia de la humanidad”, explica en el artículo. El experto considera propia la corrupción de sociedades en las que los intereses del grupo (familia, partido, confesión religiosa) se superponen a los intereses generales.
Un nuevo orden social
“La solución no está en sustituir unos gobernantes corruptos por otros”, mantiene el también profesor de Ciencia Política, poniendo el ejemplo de que los únicos países que han controlado con mayor eficacia la corrupción son los que han construido “un nuevo orden social basado en reglas de juego muy diferentes”, “un nuevo orden de gobernanza que deja escaso espacio a las lógicas clientelares”.
Jiménez se ha referido a la necesidad de una coalición social para romper la tendencia de la corrupción unida a las palancas institucionales existentes: la judicial y la policial. Ha ponderado la importancia del surgimiento de asociaciones que luchan contra la corrupción «pero hace falta ir cosiendo», ha instado. «Espero que no desperdiciemos esta oportunidad», ha concluido.
En el monográfico, el catedrático de Ciencia Política, Manuel Villoria, en base a datos del Ministerio del Interior, la fiscalía y el Consejo del Poder Judicial, descarta que España tenga una corrupción sistémica. A través de algunos estudios de percepción, aleja la corrupción de los empleados públicos y la sitúa en el entorno de la contratación pública, las licencias y el urbanismo.
La crisis ha disminuido las oportunidades para la corrupción, pero Villoria también reseña los avances producidos en la Administración electrónica, el refuerzo del sistema de controles la transparencia en la financiación o la implantación de normativas de disciplina presupuestaria. Incluso la llegada de la transparencia al sistema de financiación de los partidos políticos, “aunque están aún muy lejos de las mejores prácticas”, así como la penetración de las medidas contra la corrupción en los programas electorales.
Despolitizar la Administración
Pero pese a que el entramado institucional se vuelve cada vez más impermeable a este tipo de conductas, el profesor considera que “sin la despolitización de la Administración y la creación de verdaderos órganos independientes de control, va a ser muy difícil que las normas tengan su plena eficacia”.
El abogado y exportavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD) Andrés Herzog, que no ha podido asistir a la presentación de la publicación por el parto de su mujer, cierra el monográfico con una cruda reflexión sobre si a la sociedad le preocupa de verdad la corrupción. No comparte que este sea el segundo problema de los españoles, como refleja el CIS en sus barómetros, cuando han seguido votando “contumaz y masivamente” a políticos corruptos.
Herzog considera que la corrupción política se ha institucionalizado al no castigarse en las urnas y hunde el dedo en la “la pésima calidad de la labor legislativa e institucional”, un trabajo que “no se valora ni se recompensa por la sociedad”. El abogado también señala como factor el uso que los corruptos hacen de los medios de comunicación a través de la publicidad institucional, que “acaba convirtiendo sistemáticamente a quien denuncia la corrupción en su primera víctima”.
El exportavoz de UPyD sitúa el fundamento de la corrupción política en “la paupérrima calidad de nuestra democracia” y su expansión en “el proceso de colonización por parte de los partidos políticos de todas y cada uno de los ámbitos de la sociedad”.
EL PAIS – 09/06/16