Editorial, EL CORREO, 31/8/12
La izquierda abertzale no puede presentar la libertad condicional de Uribetxebarria como un logro de sus presiones
El juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, resolvió ayer conceder la libertad condicional al preso de ETA Josu Uribetxebarria Bolinaga. La resolución judicial no supone la puesta en libertad inmediata del recluso ya que es recurrible, pero orienta la resolución del caso conforme a las previsiones contenidas en la legislación vigente. Este es el único terreno posible en el que puede desenvolverse la política penitenciaria, que tiene mecanismos para responder a las distintas circunstancias personales de los reclusos, sean de ETA o no, dentro de los márgenes legales. En este caso, el artículo 92 del Código Penal avala la puesta en libertad de Uribetxebarria, condenado por el secuestro de José Antonio Ortega Lara, una vez constatado por los especialistas médicos y el propio juez el deterioro en su estado de salud y el carácter incurable del cáncer que padece. La excarcelación se ha ceñido a las reglas propias del Estado de derecho, por lo que el colectivo de presos de ETA y la izquierda abertzale deberían renunciar a presentar el desenlace como la consecuencia de la desmedida iniciativa de presión adoptada con la huelga de hambre en las cárceles para tratar de forzar la voluntad del Gobierno. Pese que algunos puedan creer que lo ocurrido con Uribetxebarria ha comprometido la actuación de las instituciones, el extremo al que han querido llevar el movimiento de presos y la izquierda abertzale las reclamaciones sobre la situación de este recluso demuestra su renuencia a admitir que la política penitenciaria sólo podrá regirse por los principios que marca la ley, también en tiempos de ausencia de violencia por parte de ETA. Lo que supone que se aplicará de forma individualizada de acuerdo con las perspectivas de reinserción de cada interno y sin que quepa plantearla como el último reducto del pulso protagonizado durante años por una ETA hoy inactiva contra la democracia. Con todo, lo que resulta más desesperanzador es la resistencia que se ha evidenciado entre una parte de los presos y todo su entorno a interiorizar el destrozo que ha provocado el terrorismo o, cuando menos, a mostrar una mínima empatía hacia las víctimas. Empatía y respeto de los que han privado a Ortega Lara quince años después de su atroz cautiverio.
Editorial, EL CORREO, 31/8/12