“Haréis y diréis cosas que nos helarán la sangre”. Esta frase, esculpida en piedra, la pronunció Pilar Ruiz, madre de Joseba Pagaza, dirigiéndose a Patxi López, entonces lendakari. Su hijo fue asesinado por ETA el 8 de febrero de 2003 en Andoain, localidad guipuzcoana en la que desempeñaba el cargo de sargento de la Policía Local. Estaba afiliado al PSE y presintió su muerte. Su hermana, Maite Pagaza, europarlamentaria de Ciudadanos, ha tratado y conseguido que no se olvide el crimen a través de una militancia moral y política constante contra la violencia terrorista y en favor de las víctimas. 

José María Múgica, hijo de Fernando Múgica Herzog, dirigente del PSE asesinado en San Sebastián en el mes de febrero de 1996, me advirtió en nuestra última conversación telefónica de que se iba a dar una coincidencia macabra: en la semana de conmemoración de los 25 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco —la próxima, de los días 10 a 14— se aprobaría en el Congreso la Ley de Memoria Democrática pactada por el PSOE con EH Bildu. Y así parece que será.

En el pleno del Congreso del día 14 —fecha en la que hace un cuarto de siglo se celebró el funeral por Miguel Ángel Blanco—, los socialistas de Sánchez y los diputados de Otegi y Aizpurua se unirán para respaldar una ley que crea una ‘comisión técnica’ para indagar sobre los derechos humanos infringidos hasta diciembre de 1983, cuando el primer Gobierno de Felipe González llevaba rodando más de un año. La fecha hasta la que llegará la indagación de esa comisión no es gratuita: busca hurgar lo que judicialmente está resuelto, es decir, los primeros pasos criminales de los GAL y los asesinatos de Lasa y Zabala.

La victoria política de Otegi y su partido, Sortu, el núcleo de la coalición EH Bildu, es indudable. Y el escarnio que supone, también lo es. Ya advirtió Alfredo Pérez Rubalcaba de que, derrotada operativamente ETA, había que ganar el relato. Lo estamos perdiendo porque Pedro Sánchez ha antepuesto criterios coyunturales de poder a los valores cívicos. Acudirá el próximo domingo a Ermua, con los Reyes y el lendakari. Asistirán, seguramente, los expresidentes González y Aznar. Y las víctimas plantarán al presidente.

¿Qué memoria democrática van a retener los dirigentes de Sortu como Arnaldo Otegi, coordinador de Bildu, Mertxe Aizpurua, portavoz en el Congreso, David Pla, último jefe de ETA y responsable de estrategia de Sortu, o Elena Beloki, sentenciada en su momento a 13 años de cárcel y ahora encargada de las relaciones internacionales del partido? Hace 25 años, pertenecían a ETA y, como tantos otros, callaron ante la monstruosidad del crimen del concejal popular. Resten a esas personas un cuarto de siglo y sitúenlas en el contexto de los acontecimientos. Y se les helará la sangre, como bien advirtió Pilar Ruiz. Siguen sin condenar la violencia terrorista. 

El PSOE fue una de las formaciones políticas que, con el PP, pusieron más víctimas del terrorismo en la pelea por la democracia. Diez de sus militantes y dirigentes fueron asesinados: el ugetista Germán González López; el secretario de Organización del PSE y senador, Enrique Casas; Vicente Gajate, policía municipal de Rentería afiliado al PSE; Fernando Múgica Herzog, uno de los fundadores del partido; Fernando Buesa, portavoz parlamentario del PSE (asesinado también su escolta, Jorge Díez); Juan María Jáuregui, gobernador civil de Guipúzcoa; Ernest Lluch, exministro de Sanidad; Froilán Elespe, concejal socialista de Lasarte; Juan Priede, concejal socialista de Lasarte, y el propio Joseba Pagaza. El PSOE firmó con el PP el Acuerdo por las Libertades y Contra el Terrorismo el 8 de diciembre de 2000 y, antes, respaldó la ley orgánica de partidos de junio de ese año que permitió la ilegalización del ‘abertzalismo’ etarra (HB) y la ley de cumplimiento íntegro de las penas en delitos terroristas.

Esa es la memoria democrática esencial y definitiva de los socialistas y no hay otra, porque las lacras del terrorismo llamado de Estado, las torturas y malos tratos han sido debidamente investigados y sancionados por los tribunales. Se encarceló a un ministro, a un secretario de Estado, a un gobernador civil, a mandos de la Guardia Civil, a policías y sus colaboradores necesarios. El Estado de derecho hizo justicia, después de que, en 1977, se dictase la Ley de Amnistía. Escarnecer a Felipe González —y lo han hecho Otegi y Rufián en Twitter— a propósito de este acuerdo con el PSOE es una felonía histórica que apela a la conciencia del socialismo. Este acuerdo estigmatiza también a los fallecidos presidentes Suárez y Calvo Sotelo.

No hay que engañarse: los dirigentes de Sortu siguen vinculados a un propósito que consiste en la solidaridad con los terrorista de ETA, cuya excarcelación intentan acelerar. Están vinculados con su trayectoria, identificados con sus objetivos y camuflados en sus intenciones. Que su presencia en democracia sea legal no implica que pactar con ellos no resulte una auténtica perversión de los valores políticos del sistema de libertades. Porque ¿estarán en Ermua el próximo domingo Arnaldo Otegi, Mertxe Aizpurua y el último jefe de ETA que desempeña la función de estratega en Sortu, David Pla, o Elena Beloki, alias ‘Ana’? No.

Estará el PNV, que acaba de negarle en Vitoria el nombre de una calle a Miguel Ángel Blanco (¿por qué, señor Urtaran Agirre?). Un PNV que todavía no ha renegado del Pacto de Estella-Lizarra de 1998 con ETA, HB, los sindicatos LAB y ELA y los demás partidos nacionalistas, temerosos de que la convulsión popular les arrollase, después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, posterior al horror de contemplar la salida del zulo de Ortega Lara, demacrado y lacerado después de 532 días de secuestro. 

Los nacionalistas vascos tienen que ser —y solo ellos podrían conseguirlo— los que condujesen a la sociedad vasca hacia esa catarsis moral de enfrentarse a su trágico y muy reciente pasado. Prefieren pasar página, mantener trasterrados a decenas de miles de vascos e imponer en Euskadi la identidad sobre la ciudadanía. Pedro Sánchez ha sido el dirigente socialista al que, visionariamente, se refería la madre de Joseba Pagaza, porque, efectivamente, sus pactos con Sortu nos hielan la sangre.