Carlos Segovia-El Mundo
El principal experto del Gobierno en financiación autonómica descalifica la nueva Ley del Cupo vasco «Se siguen infravalorando las competencias estatales. En la Constitución no hay un derecho histórico a hacer mal las cuentas»
Ángel de la Fuente es el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y está considerado una eminencia en financiación autonómica. De hecho, este doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pennsylvania es el principal experto al que recurre el actual Gobierno para calcular las llamadas balanzas fiscales. También fue representante del Estado en el comité de expertos que estudió antes del verano la reforma de la financiación autonómica.
Sin embargo, De la Fuente muestra independencia de criterio y, en declaraciones a EL MUNDO, descalifica desde el punto de vista técnico la nueva Ley del Cupo Vasco para el período 2017-2021 presentada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras el pacto con el PNV. Considera que las diputaciones vascas deberían pagar mucho más al Estado. Solo siguiendo los propios cálculos del Gobierno, más del doble, aunque prefiere no proponer cifras concretas. También critica la falta de consistencia de los números que figuran en la norma, porque aparecen «mágicamente».
En su opinión, «esta ley, al igual que las anteriores, infravalora lo que las diputaciones vascas tendrían que pagar al Estado y por tanto perpetúa el perjuicio al Estado». Este economista asturiano rechaza el argumento utilizado por los nacionalistas vascos, el PP y el PSOE sobre que hay que aprobar la nueva Ley por tratarse de derechos forales inscritos en la Carta Magna. «Lo que está en la Constitución, y hay que aceptar mientras ésta no se cambie, es el sistema de Concierto, pero el problema más importante no es el Concierto sino el cálculo del Cupo y el ajuste a consumo del IVA. En la Constitución no se dice que las diputaciones vascas tengan un derecho histórico a hacer mal las cuentas».
Euskadi tiene el derecho a recaudar los impuestos en su territorio, pero debe abonar al Estado cada año una cantidad, el Cupo, por las competencias no transferidas como el Ejército o la Política Exterior. La nueva Ley prevé que pague cada año 1.300 millones, 250 millones menos que en la norma anterior de 2007, según recuerda De la Fuente. Él no ve razones técnicas que lo sustenten: «Es un acuerdo fundamentalmente político revestido a posteriori con un armazón técnico».
¿En qué se nota que se inflan partidas para que arroje el resultado político que se busca? «Primero en que prácticamente no hay números y los que hay no se sabe muy bien de dónde salen. Con las leyes de 2002 y 2007, hace unos años, intenté calcular el coste de las competencias estatales no transferidas al País Vasco, como exige la ley del Concierto, y el resultado no tiene nada que ver con lo que aparece por arte de magia en el Anexo de la Ley del Cupo. Segundo, en el caso del proyecto actual, la cifra final es parecida a la que había, pero algo más favorable al País Vasco».
Por tanto, los 1.300 millones no resultan de sesudos cálculos técnicos, sino de un acuerdo entre Montoro y el consejero de Hacienda vasco, Pedro Azpiazu. «El resultado no parece a primera vista consistente con como han evolucionado las variables relevantes desde la Ley anterior pero sí lo sería con una negociación partiendo de la situación anterior», concluye De la Fuente.
Éste sí aprecia que en la nueva Ley hay una mejor valoración de las competencias no asumidas, aunque luego el resultado termina siendo más favorable a Euskadi, mediante otras partidas. «El cambio en la valoración de los servicios comunes habría exigido un aumento del Cupo de más de 1.800 millones anuales», afirma De la Fuente. «Si se aceptan los números del proyecto de Ley del Cupo, la mayor valoración de las competencias no asumidas exigiría subir el cupo en efecto a más del doble por esos 1.800 millones, pero luego hay cosas que van en la dirección contraria: el aumento del déficit y de los ingresos no concertados. Al final sale el número que da la Ley, pero ese número no me parece razonable».
El Gobierno vasco sí defiende la nueva Ley del Cupo como adecuada, pero el economista argumenta así lo contrario: «El proyecto sigue infravalorando las competencias estatales no transferidas, no tiene en cuenta el coste de la nivelación interterritorial y el ajuste por IVA no está hecho con parámetros realistas. Habría que hacer los números con calma, pero el Cupo debería ser mucho más alto de lo que es y el ajuste por IVA seguramente debería ir en la dirección contraria, esto es, a favor del Estado, no de las diputaciones forales».
La nueva Ley ignora por completo la petición unánime del comité de expertos creado por el Ministerio de Hacienda sobre que Euskadi debería aportar «de manera inmediata» a la nivelación interterritorial.
¿Por qué no recoge Hacienda esta solicitud de sus expertos? «Habría que preguntárselo al Gobierno, pero seguramente hay varias razones. Primero, no nos preguntaron sobre el sistema foral sino sobre el de régimen común, y fuimos nosotros los que incorporamos recomendaciones sobre un tema que, estrictamente hablando no nos tocaba pero que está muy ligado a lo que nos pidieron. Segundo, el Gobierno ha necesitado el apoyo del PNV para aprobar los presupuestos. Los acuerdos sobre el Cupo y el Concierto son parte de la contrapartida. A mí, como técnico, esto me preocupa porque no es la mejor forma de abordar el diseño del sistema de financiación territorial, pero la situación política es la que es y entiendo que el Gobierno no tenía demasiadas opciones alternativas. Con todo, no estaría de más un pacto lo más amplio posible para poner este tema, el diseño de la financiación territorial, a resguardo de la coyuntura política».