Pero, sobre todo, la decisión de los peneuvistas de ir ahora de la mano de EH Bildu para blindar los requisitos de la lengua vasca en las oposiciones revela un movimiento de calado en un asunto esencial. La ruptura del consenso transversal que existía sobre el euskera amenaza en la práctica con desmontar un elemento estructural de la arquitectura de este país: el reconocimiento de una realidad sociolingüística diversa en Euskadi, incluso entre sus territorios y municipios. Ese pilar, que permitió ampliar el uso del euskera, se podría ver ahora comprometido.

El pacto sobre su uso en las administraciones públicas unió en 1989 a todas las fuerzas parlamentarias -PNV, PSE, EA, EE, PP y CDS-, a excepción de lo que entonces era Herri Batasuna. Más de 35 años después, los jeltzales se han desmarcado de su socio de gobierno al acordar con Bildu el blindaje frente a la cascada de sentencias judiciales que rebajan el uso de la lengua vasca en la función pública. La maniobra anticipa un nuevo escenario en Euskadi que, quizá, no acabe con la inseguridad jurídica señalada, sobre todo si se ignoran las necesidades reales de los diferentes puestos de trabajo y su servicio a la ciudadanía. Aunque PNV y Bildu sumen una amplia mayoría parlamentaria, hay asuntos tan sensibles como el euskera que exigen una mirada mucho más plural y abierta para enriquecer el acuerdo y reflejar la diversidad vasca. Por su trascendencia para la educación, la cultura, la integración y la convivencia, la política lingüística no merece ser contaminada por la pugna partidista que se avecina. Ni encajarla dentro de una rígida política de bloques que tan malos resultados tuvo para Euskadi en el pasado.