Esta vez se trata de España. Del pacto constitucional. Del modelo de Estado construido en la Transición a través del Título Octavo. La deconstrucción de todo eso no es el precio de la investidura de Illa, sino de la continuidad de Sánchez, como la amnistía fue el de su reelección. Pero la amnistía, siendo una aberración jurídica –una ley redactada por sus beneficiarios, incluido el Gobierno que la promulga como condición ‘sine qua non’ de su existencia– y un gravísimo acto de corrupción política, se agotaba en sí misma. Era un chantaje en forma de contrato bilateral: vosotros me votáis y yo borro vuestros delitos. Sin embargo, el acuerdo de autarquía fiscal para Cataluña, el ‘Acord’, representa una mutación estructural del régimen autonómico y de sus complejos mecanismos de solidaridad financiera, nunca bien resueltos pero aceptablemente equilibrados según el principio de progresividad redistributiva. Es decir, que rebasa el ámbito catalán y se adentra en una alteración orgánica de las bases del sistema.

Y no es un proyecto federal, que requeriría un plano de igualdad entre las entidades federadas y una delimitación inamovible de competencias, ni siquiera confederal en sentido estricto. No es nada porque no hay ningún plan, ningún diseño, más que el de comprar tiempo en el poder cediendo los trozos de soberanía que resulten precisos para alquilar el respaldo del independentismo. En pago de su segundo rescate, el presidente del Gobierno ha puesto en marcha una reforma improvisada cuyo efecto final es probable que desconozca él mismo. Sólo que esta (pen)última claudicación afecta y compromete decisivamente al resto del país, primero porque crea privilegios susceptibles de destruir la igualdad de los ciudadanos y luego porque impacta en la asignación de recursos públicos y en la calidad de los servicios. La financiación de las autonomías es un mecano donde el movimiento o la retirada de una sola pieza puede echar abajo todo el tinglado.

Tampoco es un debate técnico. El problema consiste en que un Estado que entrega a una región el control absoluto de los impuestos está ayudándola a crear otro Estado nuevo. Ya existe una excepción en el País Vasco y en Navarra pero la masa crítica de estas comunidades –en PIB, en recaudación, en población, en renta y en muchos otros conceptos– es incomparablemente menor que la catalana. El cambio de reglas en ciernes quebraría la cohesión social, económica y política de la nación entera, y lo más peligroso es que esta cesión irregular de poderes constitucionales se está cocinando de manera encubierta. A cencerros tapados, como la amnistía, en negociaciones secretas cuyas consecuencias incumbirán también a los territorios que se queden fuera. Y por supuesto al margen del Parlamento, que ya anunció el propio Sánchez que el legislativo no cuenta. Si esto es una democracia, que venga Tocqueville y lo vea.