El acuerdo lo firmaron dos partidos de ámbito autonómico, el PSC y ERC (autonómico de momento y a su pesar) y lo ratificaron por muy escasa mayoría los militantes del segundo, mientras que nadie ha considerado necesario, ni siquiera conveniente, consultar a los del primero.

A pesar de ello hay muchas cosas que se pueden comentar y muchos datos que empiezan a aflorar. La primera es la originalidad que supone el hecho de que un asunto que incide en los intereses generales de la nación se acuerde exclusivamente entre dos partidos con intereses locales, sin intervención de nadie más, sin proporcionar una información detallada y transparente, sin debatirse ni contar con el acuerdo previo del Congreso de los Diputados, en donde reside, también de momento y hasta nueva orden, la soberanía nacional o lo que vaya quedando de ella. ¿Quién les ha proporcionado esa capacidad? ¿De dónde emana ese gran poder? Ni idea. Pregunte en La Moncloa.

La segunda es que, a pesar de que nos dicen que «el acuerdo no va contra nadie», sin ninguna consideración hacia nuestra mermada inteligencia, lo decidido afecta a la caja común utilizada para financiar a todas las autonomías. La segunda comunidad más rica de España reducirá su aportación, lo que obligará a las demás a dar peores servicios, a subir sus impuestos o a soportar su parte alícuota del déficit.

Y no solo la reducirá, sino que también modificará sensiblemente el sistema de recaudación. El IVA, que es un impuesto que grava el consumo, no se repartirá en función del consumo sino en función de la producción. Si Europa lo consiente, claro. Es decir, recaudará el IVA la Hacienda del productor y no la del consumidor. Dado que Cataluña tiene un saldo comercial excedentario con el resto de las comunidades autónomas, se quedará con lo ingresado por la imposición de ese excedente. Si Europa lo consiente, insisto.

La tercera son los datos. Con los proporcionados por el Ministerio de Hacienda y elaborados por Fedea y nunca desmentidos, la capacidad fiscal media por población ajustada en España es de 2.830 euros por habitante. Hay tres comunidades que aportan por encima de esa media: Madrid (4.080), Baleares (3.625) y Cataluña (3.496); mientras que la financiación homogénea media por población ajustada (lo que reciben) es de 3.148 euros. Cantabria (4.163), La Rioja (3.849) y Extremadura (3.636), entre otras, reciben más. Mientras que Cataluña (3.123 euros) y Madrid (3.262) rondan la media, lo que desmiente la idea, generalmente admitida de que Cataluña está infrafinanciada. Claro que como aporta más que la media (es más rica) y recibe la media, se produce una diferencia que, en adelante, quieren determinar ellos y han pedido hacerlo por la cantidad que estimen oportuna, el tiempo que consideren conveniente y siempre en función del ‘esfuerzo fiscal’ que haga cada comunidad receptora.

Ya sabe que Cataluña no paga impuestos, los pagan los catalanes, que como son más ricos que la media su comunidad paga más que la media. Pero le resumo a lo bruto la situación: la segunda comunidad más rica de España pretende aportar menos, aportar lo que quiera, cuando quiera y con los criterios que quiera.

Para ver la dimensión de este despropósito basta con hacer una analogía con los impuestos personales. ¿Podrá Amancio Ortega decidir cómo, cuánto, durante cuánto tiempo y con qué contrapartidas va a ser solidario con los parados?

Ya sé que no me va a creer, pero esto lo han negociado y pactado dos partidos que se autodenominan socialistas… No basta con ver para creer. Esto se ve y no se cree.