El acoso escolar y la violencia en las aulas, y fuera de ellas, ya son considerados en España problemas críticos. En algunos lugares, los estudiantes que sufren esta epidemia superan el 30 por ciento del conjunto del alumnado. En muchos provoca baja autoestima, depresión, trastornos alimentarios y, en casos extremos, suicidio. Las agresiones verbales, físicas y el ciberacoso, que trasciende a las aulas, son prácticas cada vez más comunes, y casi el 80 por ciento de los profesores de ESO han experimentado agresiones o amenazas.

Son datos de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE), cuyas estimaciones reflejan que el 6,5 por ciento del alumnado sufre acoso frecuente, proporción que sube al 21 por ciento en estudiantes de origen migrante. La Comisión Europea, en un reciente informe, alerta de que el acoso escolar ya no se detiene en las puertas de los colegios e institutos. Uno de cada seis adolescentes europeos lo sufren.

“Sigue a los jóvenes a través de sus pantallas, y les acompaña convirtiéndose en parte de su vida diaria. Su impacto es grave, perjudicando la salud, el bienestar y la educación de los jóvenes en toda Europa”. Eso dice la Comisión, al parecer comprometida en elevar la protección de los más jóvenes, “tanto online como fuera de internet”. Dada su complejidad e impacto social, ¿es esta tarea exclusiva del sector educativo o convendría involucrar en la misma a otros colectivos e instituciones?

¿Fuerzas de ocupación?

La pregunta viene a cuento del lío notable que se ha montado en Cataluña con el plan piloto que ha puesto en marcha el gobierno de Salvador Illa en un intento de reducir los casos de violencia en los institutos y dotar a sus responsables de más herramientas para prevenirlos. El plan, pionero en España, consiste en la participación activa de mossos d’Esquadra, sin armas y de paisano, en labores de guía y asesoramiento en materia de seguridad y prevención.

La reacción de un sector del profesorado catalán no se ha hecho esperar: “La comunidad educativa, contra la presencia de mossos en los institutos”, titulaba ayer mismo La Vanguardia, haciéndose eco de los eslóganes exhibidos durante las protestas convocadas esta misma semana contra la iniciativa: “Menos mossos y más educadores sociales”; “Ni formados ni uniformados. Más recursos y menos policía”; “Fuera las fuerzas de ocupación de los centros educativos”.

En la información del periódico se recogen las opiniones de portavoces del sindicato mayoritario del profesorado catalán, muy cercano a Esquerra Republicana: [El plan] “va en contra de cualquier sentido educativo”; “Es una medida que estigmatiza la escuela pública”; “Me parece bastante incoherente que un gobierno que presume de progresista lleve a cabo esta iniciativa, que parece más propia de Margaret Thatcher”.

¿Atajo contraproducente?

La violencia en las aulas aumenta, el ciberacoso se extiende, la salud mental de los jóvenes cada vez se ve más comprometida y la comunidad educativa, en toda España, y especialmente en algunos puntos de Cataluña, hace tiempo que se ha visto superada por los acontecimientos. “El personal pedagógico se ve desbordado a la hora hacer su trabajo y ejercer su autoridad”, terciaba El País en el debate en un reciente editorial en el que, a pesar del reconocimiento previo de la realidad, terminaba criticando la decisión del Govern, que calificaba de “atajo que puede resultar contraproducente”.

“Los agentes desplegados no irán armados ni uniformados, y dispondrán de una preparación específica para mediar en conflictos. Solo se incorporarán a petición de las direcciones, y la labor que ejercerán será más de prevención y mediación que de intervención armada en el sentido que se asocia a una fuerza policial”, añadía el editorial. ¿Entonces? ¿A qué vienen reacciones tan virulentas?: estigma, fuerzas de ocupación…

Escribía también una opinadora en La Vanguardia que, en el fondo, lo que esto significa es que “la escuela ha dejado de bastarse a sí misma”. Y ahí radica parte del problema: en la idea de la escuela como ente aislado, como una burbuja impermeable, cuando parte de la solución pasa por una concepción más abierta de su función social, más pegada al suelo; por asumir que se trata de precisamente lo contrario, de que la escuela nunca debiera pretender bastarse por sí misma.

¿Intrusión injustificada?

Al igual que la libertad de expresión no puede dejarse en las solas manos de los periodistas, o la política en las de los políticos, la educación no es asunto exclusivo de los profesores. Esa sí que es la verdadera cuestión de fondo, la que explica la desatada reacción del sector más politizado del profesorado, el que antepone a la observación de Skinner (“La educación es lo que sobrevive cuando se olvida lo que se ha aprendido”) el papel prioritario de fabricar ciudadanos ideológicamente alineados; el que concibe principalmente la enseñanza como proselitismo en lugar de herramienta emancipadora.

No es necesario incidir en la importancia que el secesionismo otorga al control de la educación como acelerador de sus objetivos políticos. Ni en la inquietud que en ese mundo provoca cualquier ventana que se abra a la participación de otras instituciones en los planes de enseñanza. Más todavía si son las Fuerzas de Seguridad del Estado, en cualquiera de sus versiones, las llamadas a colaborar en la formación extraescolar de los alumnos.

Y, sin embargo, no es eso, que va de soi, lo más lamentable. Lo peor es que ante la realidad del creciente uso y banalización de la violencia por parte de los más jóvenes, se lea la presencia de los mossos en las aulas como una intrusión injustificada, sugiriendo la existencia de una insalvable incompatibilidad entre la institución educativa y la policial.

Como si, en definitiva, en una democracia que se dice consolidada estuviera justificado negar a la policía legitimidad suficiente para ejercer su papel de prevención del delito en cualquier ámbito. Como si un sector del profesorado tuviera el derecho adquirido de poder vetar la cooperación de otras instituciones y así evitar conceder espacio a otros mensajes ajenos a sus intereses políticos, mientras alumnos y familias sufren la agudización de un problema que ha alcanzado niveles críticos.