Creía uno que en lo del CNI y su presunto espionaje a los golpistas catalanes no llegaría la sangre al río, que Sánchez estaba en situación de practicar su habilidad suprema: la chulería. Error. Hay actitudes por encima de eso en su comportamiento: la indignidad y el envilecimiento de todo cuanto toca. Más si la posición indigna no tiene que asumirla él personalmente. Y el domingo fue el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el pagano de la humillación que fue a disculparse a Barcelona por lo del CNI.
Lo recibió su homóloga, la consejera Laura Vilagrà (las equivalencias las hacen los nacionalistas, efectos de la bilateralidad) y Bolaños fue invitado a dejar su móvil fuera de la reunión, sin que él se sintiera obligado a abortar el encuentro en aquel mismo momento. Bolaños debió de quedar contento, porque no le practicaron un tacto rectal, menos es nada.
Así estaba el tema cuando intervino Meritxell, mi Meritxell, que va a rebajar las condiciones del acceso de los golpistas catalanes y los herederos de los terroristas vascos a la comisión de secretos oficiales. Ya no harán falta dos tercios de los diputados, como impuso su antecesor Manuel Marín en 2004 (era otro nivel) y bastará con la mayoría absoluta del Congreso, con lo que los tres partidos democráticos, PP, Vox y Ciudadanos, perderán su capacidad de vetarlos. Dirán que ya tuvo acceso a ellos Pablo Iglesias, pero él se maliciaba, seguramente con razón, que solo le invitaban a reuniones de poco fuste. Según le contaba a Jenaro Castro en TVE: “A lo mejor había otros espacios en los que sí se contaban (secretos de Estado), pero en los que yo fui, la verdad es que se podían haber televisado y eso no hubiera generado ningún titular”. Bien por Margarita Robles si las cosas fueron como este tipo se teme.
¿Deben tener todas las fuerzas parlamentarias acceso a los secretos oficiales? No parece razonable. Hay discriminación, sí, como también la hay en la prohibición de escuchas a las comunicaciones de los presos con sus abogados. Salvo en los casos de terrorismo, es la salvedad que establece la L.O. General Penitenciaria. Por lo de la complicidad.
Cabe preguntarse para qué se necesitan unos servicios de Seguridad del Estado si se va a dar entrada en ellos a fuerzas que tienen como fin la destrucción de ese Estado. Claro que hay una contradicción más flagrante: que un Gobierno pacte con los enemigos del Estado y luego los haga vigilar por los servicios de inteligencia. Pero Meritxell Batet podría ahorrarse el esfuerzo para alcanzar “ese bien superior” que dice perseguir y guiarse por el criterio de representación que inspiraba la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, método de selección que produjo cosas tan vistosas como la presencia en dicha comisión de Josu Ternera, que compatibilizaba su escaño parlamentario con la condición de jefe de la banda terrorista ETA.
No parece que ni siquiera este baldón sea suficiente para calmar la impostada indignación de los nuevos concelebrantes en el misterio de los secretos a voces oficiales. Quieren, además, maniatar al CNI y una reforma de la Ley de Secretos Oficiales del 68. Y luego un referéndum, claro. Y también dos huevos duros, Bueno, que sean tres.