ABC 08/02/17
EDITORIAL
· El nacionalismo funciona casi como una secta: con altas dosis de manipulación social, amenaza al discrepante, corrupción y la ayuda de medios audiovisuales entregados a la causa
EL juicio abierto a Artur Mas y a dos de sus antiguas consejeras por desobediencia al TC en la celebración de la consulta farsa del 9-N está poniendo de manifiesto el grado de autoritarismo, intervencionismo y exclusión del discrepante por parte de los poderes públicos en Cataluña. Nada que no esté en línea con la doctrina oficial del independentismo tiene valor. El separatismo atribuye etiquetas de demócratas y antidemócratas en función de si alguien se somete o no a su chantaje. Probablemente, las coacciones denunciadas ayer ante el Tribunal por parte de funcionarios obligados a abrir los colegios electorales, pese a la orden expresa del TC en contra, serán determinantes a la hora de redactar la sentencia. Pero, incluso aunque haya una absolución de Mas, produce escalofríos el mero hecho de oír cómo fueron advertidos los responsables de los colegios si se oponían a entregar las llaves a los voluntarios reclutados para la consulta.
De arriba abajo, y en todos los estamentos sociales, el separatismo trata de crear una sociedad sorda, ciega y muda a nada que no sea entregarse a un independentismo. Todo en la estructura de poder del oficialismo en Cataluña queda secuestrado por un único fin: victimizar a Mas y justificar la rebelión contra la Constitución, la Ley y el Estado de Derecho.
El separatismo ha decidido no reparar en daños: le importa tan poco la grieta emocional abierta en la sociedad catalana como la burda coacción a jueces que, incluso, fueron elegidos por el propio Parlament con su voto afirmativo. El nacionalismo funciona casi como una secta: con altas dosis de manipulación social, con objetivos demagógicos imposibles de ser cumplidos, con la amenaza sistemática al discrepante y con la corrupción institucional como modo de financiar su chantaje al Estado. A ello coadyuvan, como herramientas determinantes, TV3 y el entramado de medios audiovisuales catalanes, o canales privados entregados a la Generalitat, capaces de dedicar su programación íntegra durante horas y horas a presentar a Mas como un mártir. Además, las coacciones denunciadas ayer en el juicio demuestran que es mentira el argumento de Mas de que se limitó a ejercer el «impulso político» de la consulta. Presionar a empleados públicos para que vulnerasen la ley acredita que el 9-N no fue una improvisada labor de 44.000 voluntarios inmanejables. Hubo órdenes de estamentos oficiales para que hicieran algo prohibido. La responsabilidad de Mas supera lo «político» porque ese «impulso» fue jurídico por más que trate de demostrar su inocencia con falsedades. Mas tiene el legítimo derecho de defenderse de una acusación penal, pero no de seguir pervirtiendo la letra y el espíritu de la ley, ni las sentencias del TC.