A la tercera tampoco va la vencida. Descartadas las posibilidades de investir a Puigdemont por prófugo y a Sànchez por preso, Torrent dio en cavilar y propuso a otro candidato improbable: Jordi Turull. Tenía este hombre la limitación de su futuro penal y la ventaja de encontrarse en libertad provisional, lo que le permitía sobre el papel ser candidato e intentar la investidura mientras el horizonte penal no se le cerrara ante las narices.
Hete aquí que el juez Pablo Llarena, que se ha tomado a pecho defender en nombre del Supremo el Estado de derecho dio en citar a los 28 investigados para notificarles el auto de procesamiento, entre ellos y señaladamente a Jordi Turull. Torrent se sintió retado por el juez instructor y se propuso burlar al Tribunal Supremo, para lo que hizo una ronda de conversaciones (telefónicas) urgente desde las nueve menos veinte de la noche del miércoles y en apenas media hora, convocando la sesión de investidura para ayer.
¿Qué podía salir mal? Pues casi todo, naturalmente. En el mejor de los casos para la causa golpista, que pudieran alcanzar los 68 votos que conforman la mayoría absoluta, Turull no podría ser presidente a la hora de comparecer ante Llarena. El Rey no firmaría su nombramiento, que no podría aparecer en el BOE, ni podría tomar posesión del cargo.
Pero es que, además no tiene los 68 votos, después de que la CUP anunciara antes del pleno que no piensa apoyarlo. La decisión de Puigdemont y Comín de no renunciar a sus escaños deja la coalición JxCat-ERC en 64, por lo cual, aunque a la hora de cerrar esta columna no se haya producido aún la votación y a reserva de que la CUP cambie de opinión o de que Catalunya en Comú decida prestar a Turull los escaños que necesita, que todo podría ser, el tercer candidato tampoco podrá ser investido hoy.
Luego está su comparecencia de hoy ante el TS y la decisión que tome Llarena de sentarlo en el banquillo y enviarlo a la cárcel por rebelión. El art. 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que: «Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delitos cometidos por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión».
Esto es lo que hay y lo que dio de sí el pleno exprés convocado por Torrent, una iniciativa descabellada, pero que no carece de cierta coherencia interna. En el reiterado intento de los golpistas catalanes de secuestrar la soberanía nacional (artículo 1. 2 de la Constitución) les faltaba por ensayar esta modalidad de golpe: el secuestro exprés. El candidato hizo un discurso plúmbeo, más triste que un Dies Irae, aunque tenía una virtud: demostró tener más miedo a su comparecencia en el Supremo que a la CUP.
Todo está en manos de Llarena. Si lo enchiquera se acabó el plan C. Si no, podría ser investido el sábado por mayoría simple, aunque parece una hipótesis altamente improbable.